En el ojo del huracán tras las recientes detenciones ocurridas durante la manifestación de la Generación Z, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó las acusaciones. Rechazó categóricamente cualquier intento de represión o persecución política en México, enfatizando que la acción legal debe basarse exclusivamente en la evidencia presentada por las autoridades competentes.
La postura del ejecutivo federal ante las protestas
La titular del Ejecutivo Federal fijó su posición en la conferencia de prensa ofrecida desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, en respuesta directa a los cuestionamientos sobre las detenciones y si los arrestados eran parte o no del denominado “bloque negro”.
La presidenta Sheinbaum Pardo fue enfática al señalar que ni la persecución política ni la represión tienen cabida en su administración. Subrayó que, si bien se debe garantizar la protesta, la violencia es inaceptable y debe ser investigada bajo el marco de la ley.
> “No hay, eso sí se puede decir claramente, no hay ni persecución política, ni represión. Si hubo una mala actuación de policías, pues tiene que ser sancionada, pero no es un asunto ni de represión, ni de persecución política, porque nosotros no estamos de acuerdo con eso”, afirmó.
No obstante, la mandataria reconoció que existió un grupo altamente violento, cuya actuación requiere una investigación a fondo para determinar quiénes son los responsables.
El llamado a la Fiscalía y la prueba de los delitos
Ante la pregunta específica de si los detenidos no pertenecían al “famoso bloque negro”, la presidenta delegó la responsabilidad informativa y legal a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía de la Ciudad).
Sheinbaum Pardo aclaró que la acción judicial debe ser absolutamente transparente y apegada a la evidencia:
- Si existe un detenido, la Fiscalía de la Ciudad tiene que haber pruebas que respalden el presunto delito.
- El delito que se impute debe corresponder de manera estricta a las pruebas que se tengan.
- La propia Fiscalía debe determinar si la naturaleza del delito requiere la prisión preventiva oficiosa o no.
Asimismo, la titular del Ejecutivo Federal recalcó que, si se comprueban excesos por parte de los elementos de seguridad durante la jornada, se deben aplicar las sanciones correspondientes a los responsables.
La investigación obligatoria del “bloque negro”
Un punto central en la declaración de la presidenta fue la necesidad de investigar el origen y las operaciones del denominado “bloque negro” que protagonizó actos violentos el pasado 15 de noviembre y también durante “el sábado”.
La presidenta refirió que este grupo violento es un fenómeno que se ha presentado en manifestaciones desde que ella fungió como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Explicó que se trata de grupos que se cubren la cara, se ponen de negro y generan actos violentos, incluso utilizando artefactos muy peligrosos.
Sheinbaum Pardo recordó que en su gestión anterior se realizaron las investigaciones pertinentes y se llamó a declarar, enfatizando que “todo tiene que ser en el marco de la ley”.
Respecto a los eventos recientes, subrayó la gravedad de los ataques:
- Es importante investigar quiénes y cómo generaron estos actos de violencia.
- Los golpes que hicieron a la Policía de la Ciudad de México en algunos casos fueron de gravedad.
- La actuación de este grupo representa la comisión de un delito, más allá de considerarse simplemente una protesta social.
Finalmente, hizo un llamado directo a la Fiscalía de la Ciudad de México y al propio Gabinete de Seguridad, asegurando que este último brindará apoyo a la Fiscalía si es necesario para completar las investigaciones sobre cómo y por qué actúan estos grupos que sistemáticamente han generado violencia en la capital.
La verdad en la política, como señala la filosofía periodística, nunca es absoluta. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo niega la persecución política, pero el llamado a investigar la actuación y el origen de los grupos encapuchados deja abierta la pregunta sobre si el Estado está dispuesto a ir más allá del control de daños en las protestas para desmantelar estructuras que, según la evidencia citada, han actuado con violencia grave en el territorio federal.
