El frente internacional entre México y la compañía Calizas Industriales del Carmen (Calica) ha tomado un giro definitivo. Un Tribunal Colegiado ha emitido una orden que obliga a la filial de Vulcan a ingresar a la zona explotada en Playa del Carmen. Esta resolución judicial confirma el grave daño ambiental Calica infringió al operar fuera de la ley.
Orden judicial y las obligaciones de Calica
Un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ha emitido una resolución contundente contra Calizas Industriales del Carmen (Calica). La sentencia ordena que la empresa solo podrá ingresar a la zona explotada en Playa del Carmen con un propósito específico y delimitado: remediar, compensar y restaurar el territorio afectado.
Según información proporcionada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) este jueves, todas las acciones de la compañía deben realizarse bajo la estricta supervisión de la autoridad ambiental mexicana.
La dependencia detalló las acciones de restauración obligatorias, que deben apegarse a lo determinado en la autorización ambiental original otorgada en el año 2000. Dicha restauración debe incluir:
- Elaborar un programa desde el inicio del proyecto.
- Restaurar corredores de fauna silvestre.
- Reforestar la zona afectada.
- Elaborar un cronograma detallado para la ejecución de las obras.
La evidencia de la explotación excesiva
El juicio de nulidad, cuyo contenido fue compartido por la Semarnat, reveló una serie de irregularidades graves que sustentan la orden de restauración. El documento lee que hay “pruebas periciales” irrefutables que confirman que Calica explotó el doble de lo autorizado en sus concesiones.
Además de exceder los límites de explotación, el tribunal halló que la empresa operó de manera irregular en cuanto a la obtención de permisos. Específicamente, se comprobó que Calica:
- No obtuvo todas las concesiones de agua que debía obtener.
- Jamás solicitó un permiso forestal.
El doble juego internacional: Demanda versus contrademanda
A pesar de las faltas documentadas y la orden judicial en México, la Semarnat añadió que la compañía mantiene activa una demanda internacional. Esta acción es vista por las autoridades como una estrategia en la que la empresa acusa al país precisamente de las faltas que la propia compañía cometió.
Sobre este frente internacional, el Gobierno de México solicitó una contrademanda internacionalmente a la empresa Vulcan, de la que Calica es filial.
La postura del Ejecutivo
La secretaria de Medio Ambiente dio a conocer que la dependencia está actuando conforme a una instrucción presidencial directa. Dicha instrucción establece la obligación de “participar en el diálogo con la empresa en el que se priorice la conservación del ecosistema y la protección de los recursos naturales de las y los mexicanos”.
La orden del Tribunal Colegiado no solo sienta un precedente legal en la protección ambiental, sino que también pone al descubierto las tácticas litigiosas de grandes corporaciones internacionales. Mientras Vulcan y su filial Calica mantienen viva una demanda de compensación, el sistema judicial mexicano ha evidenciado que su daño ambiental fue un acto deliberado y desproporcionado, un desafío directo a la soberanía ecológica del país.
