El Gobierno del Estado con apoyo de la UIMQROO logró la traducción de las leyes y el Código Penal para fortalecer los derechos de los pueblos originarios
-La traducción de estos ordenamientos jurídicos representa un avance significativo en la promoción de la igualdad y la preservación de la lengua Maya
Chetumal.- Como parte de su política pública orientada a garantizar el acceso pleno a la justicia y el respeto a los derechos humanos de los pueblos originarios, el Gobierno de Quintana Roo a través de la Secretaría de Gobierno, recibió la traducción a lengua Maya de tres instrumentos normativos fundamentales.
Cristina Torres, secretaria de Gobierno, explicó que en el marco del convenio de colaboración celebrado con instituciones educativas de nivel superior como la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO) se logró obtener este instrumento jurídico a la lengua Maya, el cual garantiza los derechos de las personas de los pueblos originarios.
La secretaria de Gobierno recibió de manos del rector de la UIMQROO, William Briceño Guzmán, la traducción de la Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Quintana Roo, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Quintana Roo y el Código Penal del Estado de Quintana Roo.
Detalló que la traducción de estos ordenamientos jurídicos representa un avance significativo en la promoción de la igualdad, la preservación de la lengua Maya y el fortalecimiento del acceso a la información legal, al permitir que las personas mayahablantes comprendan de manera clara sus derechos y obligaciones.
Estas acciones forman parte del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo que impulsa la gobernadora Mara Lezama, el cual prioriza la justicia social, el respeto a la diversidad cultural y el reconocimiento pleno de los pueblos originarios, con visión humanista e incluyente, puntualizó la Gobernadora.
Con este esfuerzo interinstitucional, el Gobierno de Quintana Roo refrenda su compromiso de construir un estado más justo e incluyente, donde el acceso a la justicia, la protección de los derechos humanos y la preservación de las lenguas originarias sean pilares del bienestar compartido y del desarrollo con rostro humano.
