La tranquilidad de un viaje familiar se transformó en horror el 6 de mayo en Badiraguato. En lugar de una balacera fortuita, una denuncia apunta a una ejecución extrajudicial.
La versión oficial: fuego cruzado tras emboscada
Según los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando un convoy militar fue emboscado en la carretera federal 24, a la altura de La Cieneguilla, entre los poblados de La Lapara y Los Naranjos. El objetivo del convoy era llegar a La Lapara, donde había sido reportado el hallazgo de tres cuerpos junto a un Jeep.
En este trayecto, civiles armados habrían atacado a los militares. En medio del tiroteo, una familia que viajaba hacia La Juanilla quedó atrapada. Las balas alcanzaron a dos niñas, quienes murieron en el lugar.
Una denuncia que cambia la narrativa
El hecho tomó otro rumbo cuando Víctor Alonso Medina, supuesto familiar de las víctimas, acusó a los militares de haber disparado deliberadamente. “Ellos se toparon con los militares, no le hicieron la parada, no dijeron una palabra, simplemente le soltaron plomo”, denunció en un video compartido en redes sociales.
Testimonio con raíces en la comunidad
Medina, conocido por liderar un grupo musical regional, afirmó que no se trató de un error trágico. Insistió en que los soldados abrieron fuego sin previo aviso, contradiciendo la versión de fuego cruzado.
Antecedentes oscuros: 2008, un eco del pasado
“En el 2008 ya había pasado, los militares también acribillaron a unas personas inocentes que iban en una Hummer. Fue muy famoso ese caso”, recordó Medina. Para él, este patrón revela un problema estructural: la militarización mal dirigida en zonas rurales.
Lesionados y traslado urgente
Junto a las niñas, otras tres personas resultaron heridas: Gael “N” (12 años), Anabel “N” (40) y Saúl “N” (45). Fueron llevados al Hospital Regional del ISSSTE en Culiacán. Hasta el momento, no se ha emitido un parte médico oficial sobre su estado.
La intervención federal
Debido a que se trató de un enfrentamiento contra fuerzas federales, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso. Sin embargo, la credibilidad institucional está en juego: las contradicciones entre versiones y la gravedad de las acusaciones apuntan a la necesidad de una investigación independiente.
El dilema de la justicia militar
Casos como este ponen en tela de juicio la actuación de las fuerzas armadas en contextos civiles. La Suprema Corte ha reiterado que la jurisdicción castrense no debe prevalecer en delitos contra civiles. Sin embargo, la opacidad sigue marcando estos procesos.
Más allá del horror: consecuencias sociales
Los ecos de este crimen resuenan en Badiraguato, tierra estigmatizada por el narcotráfico y la violencia. Pero también revelan una verdad dolorosa: la infancia rural está atrapada entre balas y abandono institucional.
Cada niña asesinada, cada testimonio silenciado, cada familia destrozada revela el costo humano de una estrategia de seguridad que sigue sin respuestas.
¿Hasta cuándo seguirán cayendo inocentes en una guerra ajena? Lo ocurrido en Badiraguato no puede quedar sepultado en el olvido ni disfrazado de “daño colateral”. ¿Tendremos el valor de exigir verdad y justicia?.
