La comparecencia histórica de Rodrigo Duterte ante la CPI
El 14 de marzo de 2025, Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas, hizo su primera comparecencia ante la Corte Penal Internacional (CPI). Se presentó por videoconferencia desde el centro de detención de la CPI en La Haya, un hecho histórico que marca un punto de inflexión en la rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad.
Durante la audiencia, Duterte confirmó su identidad y fecha de nacimiento, pero su semblante reflejaba fatiga y su voz sonaba apagada. La jueza presidenta permitió su participación remota debido a su reciente “largo viaje”, lo que sugiere que su salud podría ser un factor relevante en el proceso judicial.
Acusaciones y contexto de la detención
La guerra contra las drogas y sus consecuencias
Duterte enfrenta cargos de crímenes de lesa humanidad derivados de su política de guerra contra las drogas, que entre 2011 y 2019 resultó en miles de muertes. Según cifras oficiales, más de 6,000 personas murieron en operativos policiales, pero organizaciones de derechos humanos estiman que la cifra real supera las 30,000 víctimas, incluyendo ejecuciones extrajudiciales.
El expresidente ha defendido su política con el argumento de que era necesaria para erradicar el narcotráfico en Filipinas. Sin embargo, la CPI considera que los asesinatos masivos, en su mayoría sin debido proceso, constituyen crímenes de lesa humanidad.
La orden de arresto y su controversia
La CPI emitió una orden de arresto contra Duterte en 2024, pero su traslado a La Haya ha sido objeto de polémica. Su abogado, Salvador Medialdea, ha denunciado que su cliente fue “secuestrado de su país” y calificó el proceso como una “entrega extrajudicial”.
Además, Medialdea señaló que Duterte fue ingresado en un hospital tras su llegada a los Países Bajos y solo pudo reunirse brevemente con su defensa antes de la audiencia, lo que limita su capacidad de preparación legal.
Implicaciones políticas y reacciones
La posición del gobierno filipino
El gobierno de Filipinas, liderado por el actual presidente Ferdinand Marcos Jr., ha mantenido una postura ambigua respecto al caso. Aunque el país se retiró de la CPI en 2019 bajo la administración de Duterte, la Corte ha reafirmado su jurisdicción sobre crímenes cometidos mientras Filipinas era miembro.
Por su parte, Sara Duterte, hija del acusado y actual vicepresidenta, ha calificado la detención de su padre como “opresión y persecución”. Su declaración ha avivado las tensiones en el país, donde sectores oficialistas exigen su liberación.
Reacciones internacionales y derechos humanos
Diversas organizaciones internacionales han celebrado la comparecencia de Duterte ante la CPI como un avance en la lucha contra la impunidad. Human Rights Watch y Amnistía Internacional han insistido en que el proceso judicial debe garantizar justicia para las víctimas.
Sin embargo, algunos países críticos de la CPI han cuestionado la legitimidad del tribunal y consideran que la detención de exmandatarios podría sentar un precedente político peligroso.
Lo que sigue: próxima audiencia y posibles escenarios
La audiencia inicial del 14 de marzo no abordó los detalles del caso ni la estrategia de defensa. La jueza presidenta informó a Duterte sobre sus derechos y le notificó la fecha de la audiencia de confirmación de cargos, programada para el 23 de septiembre de 2025.
En esa audiencia se determinará si existen pruebas suficientes para llevar el caso a juicio. Las posibles resoluciones incluyen:
- Confirmación de cargos y apertura de juicio: Si la fiscalía presenta evidencias sólidas, Duterte podría enfrentar un proceso judicial prolongado con penas severas en caso de condena.
- Desestimación de cargos: En un escenario improbable, si se considera que la evidencia es insuficiente, el caso podría cerrarse.
- Negociación o acuerdo legal: Algunas cortes internacionales han permitido acuerdos que conllevan beneficios a cambio de una declaración de culpabilidad parcial.
Conclusión: Un juicio con impacto global
La comparecencia de Rodrigo Duterte ante la CPI es un hecho histórico con profundas implicaciones políticas y legales. No solo podría marcar un precedente para otros líderes acusados de crímenes de lesa humanidad, sino que también influirá en el panorama político de Filipinas.
A medida que avanza el proceso, la comunidad internacional y la sociedad filipina siguen atentas a un caso que podría redefinir el concepto de justicia en el siglo XXI.
