Una disputa sin precedentes ha escalado en México, enfrentando a Grupo Salinas, uno de los conglomerados más influyentes, y a las autoridades hacendarias del Estado mexicano. Este conflicto fiscal, que se extiende por 16 años y supera los 74 mil millones de pesos, revela dos narrativas opuestas sobre la interpretación de obligaciones tributarias y el uso del sistema judicial.
El origen de un conflicto fiscal millonario
La magnitud y complejidad de la disputa actual no residen en prácticas de evasión fiscal contemporáneas, sino en un desacuerdo sobre la interpretación y el cumplimiento de obligaciones derivadas de un régimen tributario ya extinto: la consolidación fiscal. La controversia se centra en ejercicios fiscales pasados, principalmente entre 2008 y 2013.
La consolidación fiscal: una raíz histórica
El régimen de consolidación fiscal, vigente hasta 2013, fue diseñado para grandes grupos corporativos y ofrecía dos beneficios clave que hoy son el núcleo de la disputa. Primero, permitía a las empresas de un mismo conglomerado sumar las ganancias y las pérdidas de sus diversas subsidiarias para determinar un único resultado fiscal neto. Segundo, y de manera crucial, permitía el diferimiento (no la cancelación o condonación) del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
La lógica del gobierno es que, con la derogación de este régimen en 2013, los impuestos cuyo pago había sido aplazado se volvieron inmediatamente exigibles. El conflicto se desató cuando Grupo Salinas impugnó la validez y el cálculo de estos pagos ahora requeridos por la autoridad fiscal. La naturaleza de la disputa es, por tanto, una de interpretación histórica, no de delincuencia fiscal en el presente. La narrativa pública que a menudo simplifica el caso a “una empresa que no paga impuestos” oculta la realidad de una batalla legal altamente técnica sobre las reglas que gobiernan un complejo régimen fiscal ya desaparecido y el cálculo subsecuente de las obligaciones que de él emanan. Esta distinción es crítica para cualquier análisis de riesgo, ya que sitúa el problema en el campo de la controversia legal sobre eventos pasados, más que en un incumplimiento operativo actual.
La escalada de la disputa: 74 mil millones en juego
El conflicto comenzó formalmente con las auditorías realizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a cuatro empresas del grupo para los ejercicios fiscales comprendidos entre 2008 y 2018. Los litigios más antiguos y de mayor cuantía, algunos de los cuales se encuentran ahora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se originaron en el ejercicio fiscal de 2008, marcando el inicio de una saga judicial que ya dura 16 años.
Es fundamental señalar que el crecimiento del monto en disputa, desde una cifra original de 38 mil millones de pesos hasta los más de 74 mil millones de pesos actuales, no se debe a nuevas omisiones fiscales. Esta escalada es el resultado directo de la “actualización por la inflación y por los recargos” acumulados durante los largos años de litigio. Este hecho es utilizado por ambas partes: el gobierno lo presenta como prueba del costo del prolongado incumplimiento, mientras que Grupo Salinas lo califica como una inflación artificial de la deuda, parte de la supuesta “extorsión fiscal”.
La postura del gobierno: un reclamo de 74 mil millones de pesos
La postura del gobierno mexicano, articulada públicamente por la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y el SAT, se fundamenta en dos pilares: la cuantificación detallada de la deuda y la acusación de un “modus operandi” diseñado para abusar del sistema judicial.
Composición de la deuda: la batalla en los tribunales
El monto total en litigio, superior a los 74 mil millones de pesos, se distribuye en 32 juicios distintos que se ventilan en todas las instancias del Poder Judicial. Esta dispersión estratégica de los casos es, según la autoridad, parte de la táctica dilatoria del conglomerado. La distribución de la deuda, según datos de junio de 2025, es la siguiente:
| Instancia Judicial | Número de Juicios | Monto en Disputa (Aproximado) |
| Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) | 3 | > 26 mil millones de pesos |
| Tribunales Colegiados de Circuito | 5 | > 20 mil millones de pesos |
| Tribunal Federal de Justicia Administrativa | 11 | 8 mil millones de pesos |
| Otras Instancias (SAT) | 13 | 20 mil millones de pesos |
| Total | 32 | > 74 mil millones de pesos |
La tabla evidencia que el epicentro de la batalla legal se encuentra en la SCJN, donde se concentra más de un tercio del monto total. Las decisiones que emanen de esta máxima instancia no solo tendrán un impacto financiero directo, sino que sentarán precedentes vinculantes para los casos restantes en instancias inferiores.
El ‘modus operandi’ de litigio: una acusación gubernamental
El argumento central de la PFF es que Grupo Salinas emplea una estrategia legal deliberada cuyo objetivo no es ganar los juicios por mérito, sino prolongarlos indefinidamente para evitar el pago. Las autoridades han delineado las tácticas específicas que, según afirman, constituyen este “modus operandi”:
- Impugnación sistemática: Se acusa al grupo de interponer “absolutamente todos los recursos judiciales necesarios, uno tras otro, ante todas las instancias posibles”. La cronología de los casos principales respalda esta afirmación: el litigio del ejercicio fiscal 2008 se ha extendido por 16 años a través de 22 juicios y recursos distintos; el de 2010 ha sido retrasado 14 años con 10 juicios; y el de 2013 se ha prolongado 11 años mediante 29 juicios y recursos diversos.
- Uso de recusaciones e impedimentos: Una táctica recurrente es la presentación de recusaciones contra jueces, magistrados y ministros, alegando que tienen intereses personales y carecen de objetividad para resolver los casos. Estas recusaciones se presentan incluso después de que han sido desestimadas por los tribunales. En un solo juicio de amparo, por ejemplo, se interpusieron siete recusaciones.
- Abuso de la facultad de atracción: El gobierno afirma que el grupo solicita de manera indebida que la SCJN ejerza su “facultad de atracción” para tomar casos de tribunales inferiores. Si bien es un recurso legal válido, la PFF sostiene que se utiliza estratégicamente para suspender las resoluciones inminentes y alargar aún más los procesos.
La PFF concluye que estas acciones constituyen un “abuso del sistema judicial” y que la empresa continúa litigando aun cuando “saben que no tienen la razón”, dado que existen criterios ya establecidos por la propia SCJN que, según la autoridad, validan plenamente la legalidad de los cobros fiscales.
El conflicto fiscal en la arena política y pública
Las administraciones de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum han optado por litigar este caso no solo en los tribunales, sino también en la arena pública, utilizando la conferencia de prensa presidencial matutina, conocida como “la mañanera”, como principal plataforma.
La narrativa oficial enmarca la disputa como un emblema de la lucha contra los privilegios de las élites y la corrupción endémica en el Poder Judicial. Se ha acusado públicamente a Grupo Salinas de utilizar “vínculos corruptos con jueces, con magistrados, con ministros” para eludir sus responsabilidades fiscales. Este discurso presenta los 74 mil millones de pesos no como una deuda corporativa, sino como recursos que pertenecen “al pueblo de México”.
De manera significativa, el gobierno ha transformado esta disputa fiscal en un instrumento político para impulsar su agenda de reforma judicial. La lógica es clara: el gobierno presenta consistentemente el caso de Grupo Salinas como el ejemplo paradigmático de cómo las élites manipulan un sistema judicial corrupto para su beneficio. La presidenta Sheinbaum ha vinculado explícitamente las críticas del empresario a la reforma judicial con su renuencia a pagar impuestos, sugiriendo que la oposición a dicha reforma busca preservar un sistema que permite la evasión. Al hacer esto, el gobierno crea una poderosa narrativa pública que justifica la necesidad de una reestructuración profunda del Poder Judicial. El adeudo de 74 mil millones de pesos se convierte así en el símbolo tangible del costo que la presunta corrupción judicial tiene para la sociedad. En consecuencia, el conflicto fiscal ha sido estratégicamente elevado a la categoría de prueba principal de la necesidad de la reforma, ejerciendo una presión política inmensa sobre el actual Poder Judicial para que falle a favor del gobierno y demuestre así su integridad.
La contranarrativa de grupo Salinas: extorsión y persecución
Frente a la ofensiva del gobierno, Grupo Salinas ha construido una sólida y combativa contranarrativa. Se presenta no como un deudor, sino como un contribuyente cumplido que se defiende de un aparato estatal abusivo y con motivaciones políticas.
El argumento del ‘doble cobro’: la defensa jurídica
El pilar de la defensa legal de Grupo Salinas es la afirmación de que el SAT intenta, de manera ilegal, cobrar dos veces por una misma operación. El grupo ha proporcionado un ejemplo concreto para ilustrar su argumento, centrado en operaciones realizadas entre 2008 y 2012:
- Inicialmente, las empresas del grupo dedujeron, en estricto cumplimiento de la ley vigente en ese momento, pérdidas fiscales derivadas de operaciones con acciones.
- En una primera fase de auditorías, el SAT decidió “arbitrariamente” no reconocer dichas pérdidas y, en consecuencia, emitió créditos fiscales para cobrar los supuestos impuestos omitidos por esa falta de reconocimiento.
- Posteriormente, en revisiones subsecuentes, la autoridad fiscal cambió de criterio y decidió sí reconocer las mismas pérdidas fiscales. Sin embargo, según Grupo Salinas, el SAT aplicó entonces de manera “ilegal y retroactiva” un cambio en la ley para exigir el pago de impuestos diferidos sobre esas mismas operaciones que ahora sí reconocía.
El conglomerado argumenta que esta actuación contradictoria del SAT crea una situación de doble tributación sobre una misma base, lo cual es ilegal. Afirman haber impugnado estos actos “con argumentos sólidos y pruebas documentales” y denuncian que esta maniobra generó, en un caso, un crédito fiscal indebido de 8,600 millones de pesos. Acusan a la autoridad de “manipular la interpretación de la ley” y violar principios fundamentales del derecho fiscal.
Denuncias de violaciones al debido proceso y presión política
Grupo Salinas sostiene que es víctima de una campaña coordinada de “acoso sistemático y presión política” que equivale a una “venganza y persecución política”. Sus denuncias sobre abuso de poder son específicas:
- Divulgación ilegal de información: Acusan al gobierno de exhibir ilegalmente información confidencial de sus litigios en foros públicos como “la mañanera”, lo que viola el debido proceso, el secreto fiscal y la presunción de inocencia.
- Presión sobre el Poder Judicial: Denuncian una “presión sistemática a jueces, magistrados y ministros” por parte del Poder Ejecutivo para forzar fallos a su favor, socavando la independencia judicial. Sostienen que esta presión resulta en resoluciones sesgadas y con “consigna política”.
- Denegación de justicia: Afirman que se les ha negado el derecho a una “justicia pronta, completa e imparcial”. Argumentan que las demoras, causadas por la propia presión del ejecutivo, han inflado artificialmente los montos de los créditos fiscales con recargos y multas.
- Condena pública anticipada: El gobierno, aseguran, ha condenado públicamente a sus empresas antes de que exista un fallo judicial firme, en un claro juicio mediático.
La contraofensiva de relaciones públicas
Para contrarrestar la narrativa de “evasor fiscal”, Grupo Salinas ha lanzado una agresiva campaña de relaciones públicas. Constantemente resalta sus contribuciones tributarias, afirmando haber pagado más de 250 mil millones de pesos (equivalentes a 13,400 millones de dólares) en impuestos desde 2005 hasta la fecha. Para dar una dimensión a esta cifra, la comparan con el costo de construir tres veces el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
El grupo califica las acciones del gobierno como “extorsión fiscal”. Afirman que otras grandes corporaciones como Walmart, FEMSA y América Móvil cedieron a presiones similares, pero que Grupo Salinas “no cederá ante extorsiones” y no aceptará descuentos, comprometiéndose a pagar únicamente lo que sea “correcto” y no el “doble o triple” que pretende la administración.
Además, en una maniobra para capturar la simpatía pública, posicionan el conflicto como una “cortina de humo” o un “distractor” para desviar la atención de los verdaderos problemas del país, como la corrupción, la violencia y la escasez de medicamentos. Esta estrategia busca arrebatar la superioridad moral al gobierno, pintándolo como vengativo e incompetente.
Se observa una dinámica de acción-reacción que ha creado un ciclo vicioso de escalada retórica. Cuando el gobierno lanza una acusación de alto perfil en “la mañanera”, como la revelación de la cifra de 74 mil millones de pesos, Grupo Salinas responde casi de inmediato con una campaña coordinada en sus propias plataformas, incluyendo su sitio web “Conoce la Verdad”, las redes sociales de Ricardo Salinas Pliego y los noticieros de TV Azteca. La respuesta del grupo no se limita a refutar la acusación, sino que amplía el ataque, acusando al gobierno de “extorsión” y “persecución”. Este público desafío provoca una nueva respuesta del gobierno, que utiliza la resistencia de la empresa como más evidencia de su arrogancia y de la necesidad de la reforma judicial. Este bucle de retroalimentación transforma la disputa legal en una guerra mediática y política, haciendo que una solución negociada y discreta sea cada vez más improbable mientras ambas partes perciban un beneficio en la confrontación pública.
El campo de batalla judicial: fallos y la suprema corte
Más allá de las narrativas contrapuestas, el conflicto se dirime en los tribunales. El análisis de las resoluciones judiciales recientes y el papel central de la Suprema Corte son cruciales para evaluar la trayectoria probable del caso.
Derrotas para grupo Salinas en tribunales inferiores
Durante 2025, una serie de sentencias emitidas por Tribunales Colegiados de Circuito ha resultado abrumadoramente desfavorable para el conglomerado, estableciendo un patrón claro.
| Empresa | Tribunal Emisor | Fecha de Fallo (2025) | Ejercicio Fiscal | Monto (Aprox.) | Asunto Central | Estado Actual |
| Grupo Elektra | 10º TCC en Materia Administrativa | 19 de junio | 2012 | 2 mil mdp | Omisión de ISR | Apelado ante SCJN |
| Grupo Elektra | 2º TCC en Materia Administrativa | 24 de junio | 2010 | 2 mil mdp | Omisión de ISR | Apelado ante SCJN |
| TV Azteca | 13º TCC en Materia Administrativa | 8 de julio | 2009 | 3,527 mdp | Omisión de ISR | Apelado ante SCJN |
En estos casos, un elemento recurrente ha sido el rechazo por parte de los tribunales a los intentos de última hora de Grupo Salinas para recusar a los magistrados, calificando estas acciones como meras “tácticas dilatorias”. En respuesta, Grupo Salinas ha condenado sistemáticamente estos fallos como “ilegales” y políticamente motivados, acusando a los magistrados de estar “sometidos a una agenda e intereses políticos” y ha anunciado su intención de llevar todos estos casos ante la SCJN.
La suprema corte de justicia de la nación como árbitro final
La SCJN se erige como el campo de batalla definitivo, no solo porque tiene ante sí casos que suman más de 26 mil millones de pesos, sino porque sus decisiones sentarán jurisprudencia obligatoria sobre la interpretación de las reglas de consolidación fiscal y la legalidad de los actos del SAT.
La situación se complica por dos factores externos de enorme peso. Primero, la inminente reforma judicial impulsada por el gobierno, que contempla reemplazar a los actuales ministros por jueces electos por voto popular a partir de septiembre. Esto crea una ventana de tiempo cargada de presión: el gobierno empuja para que la corte actual resuelva, mientras que la estrategia dilatoria de Grupo Salinas podría interpretarse como un intento de llegar a un nuevo tribunal, cuya composición y criterio son una incógnita.
Segundo, el caso ya ha generado fricciones públicas dentro de la Corte. La ministra Lenia Batres ha acusado a sus pares de confabular con la empresa, mientras que Grupo Salinas ha recusado a varios ministros por considerarlos parciales.
Este patrón de derrotas consistentes en las instancias inferiores crea un escenario de “todo o nada” en la Suprema Corte. La sólida línea jurisprudencial que se está construyendo en los tribunales colegiados en contra de los argumentos de la empresa significa que, para prevalecer, la SCJN tendría que revocar un cuerpo de decisiones judiciales cada vez más consistente. Esto representa un desafío legal considerable. Por lo tanto, la batalla en la SCJN no es simplemente una apelación más; es la última defensa legal de la compañía. Este contexto transforma las deliberaciones de la Corte en un crisol donde los argumentos jurídicos son inseparables de la intensa presión política del Ejecutivo y la sombra de la reforma judicial. El veredicto final será inevitablemente interpretado no solo como una resolución legal, sino como una declaración política sobre la independencia o la sumisión del máximo tribunal del país.
Análisis y las implicaciones estratégicas del conflicto
El análisis integral de las narrativas, los datos y los procedimientos judiciales permite extraer conclusiones sobre la naturaleza del conflicto y sus posibles repercusiones para los actores involucrados y para el entorno de negocios en México.
Evaluación de los argumentos legales: un panorama incierto
Desde una perspectiva jurídica, el argumento del “doble cobro” de Grupo Salinas es técnicamente complejo y, en teoría, plausible. Sin embargo, su rechazo sistemático y unánime por parte de múltiples tribunales administrativos especializados sugiere que enfrenta obstáculos legales significativos para ser validado. La posición del gobierno, que sostiene que los impuestos diferidos bajo el régimen de consolidación son adeudados y que sus cálculos y procedimientos son legales, ha sido, hasta ahora, consistentemente respaldada por las instancias judiciales que han emitido fallos. Basado en la trayectoria actual de las sentencias, las probabilidades legales parecen favorecer a la autoridad fiscal, si bien el resultado final depende de las decisiones de una SCJN que opera bajo una presión política extraordinaria.
Guerra en tres frentes: legal, político y mediático
Este caso ha dejado de ser una simple disputa tributaria para convertirse en un conflicto librado simultáneamente en tres frentes interconectados:
- Frente legal: Una guerra de desgaste en la que Grupo Salinas utiliza cada herramienta judicial a su disposición para prolongar el proceso, mientras el SAT defiende la legalidad de sus actos.
- Frente político: El gobierno utiliza el caso para apuntalar su narrativa anticorrupción y justificar la reforma judicial. Por su parte, Ricardo Salinas Pliego se proyecta como una figura política de corte libertario que resiste a un Estado que considera autoritario.
- Frente mediático: Ambas partes emplean sus potentes aparatos de comunicación —la “mañanera” presidencial contra el conglomerado mediático de TV Azteca y las redes sociales— para moldear la opinión pública y presionar a los demás actores, en especial al Poder Judicial.
Riesgos y escenarios potenciales para ambas partes
Para Grupo Salinas:
- Riesgo financiero: Una obligación potencial de 74 mil millones de pesos, más los recargos que continúan acumulándose, representa un riesgo material para la salud financiera del conglomerado.
- Riesgo reputacional: Ser etiquetado públicamente como el mayor deudor fiscal del país y como un manipulador del sistema de justicia conlleva un daño reputacional significativo.
- Riesgo legal: Una derrota definitiva en la SCJN agotaría los recursos legales ordinarios y activaría la obligación de pago inmediato.
Para el Gobierno Mexicano:
- Riesgo político: Una derrota en la SCJN socavaría su narrativa anticorrupción y sería celebrada por la oposición como una victoria de la “élite” que el gobierno dice combatir.
- Riesgo fiscal: La incapacidad de cobrar este monto representaría un golpe a las finanzas públicas y sentaría un precedente negativo para el cobro a otros grandes contribuyentes.
Escenarios Futuros:
- Resolución decisiva de la SCJN: La Corte emite fallos definitivos en los casos más importantes, obligando a una de las partes a ceder y estableciendo un claro ganador.
- Litigio prolongado: Los casos continúan dilatándose, especialmente con la transición a una nueva Corte, lo que extendería la incertidumbre por más tiempo.
- Acuerdo negociado: Aunque improbable dada la animosidad pública, sigue siendo una posibilidad si la presión financiera o política sobre una de las partes se vuelve insostenible.
Este caso funciona como una prueba de estrés crítica para el estado de derecho en México. Los inversores internacionales y los analistas de riesgo buscan predictibilidad, imparcialidad y estabilidad en los sistemas legales y fiscales de un país. La situación actual presenta un escenario en el que el Poder Ejecutivo presiona abierta y sistemáticamente al Poder Judicial en un caso específico de alto valor, mientras que un poderoso actor económico es acusado de utilizar sus vastos recursos para subvertir ese mismo proceso judicial. El resultado, por lo tanto, será interpretado como una señal definitiva. Un fallo que sea percibido como basado en el mérito legal, independientemente de quién resulte ganador, fortalecería la confianza. Por el contrario, un fallo que se perciba como una capitulación a la presión política del gobierno o a la influencia corporativa del demandado dañaría gravemente la confianza de los inversores. En consecuencia, las implicaciones de esta disputa van mucho más allá de los 74 mil millones de pesos; se ha convertido en un barómetro de la salud de las instituciones democráticas mexicanas y de la previsibilidad de su clima de inversión. La comunidad internacional observa atentamente para ver si el Poder Judicial de México puede navegar esta tormenta perfecta de complejidad legal, poder político e influencia corporativa.
