La desinversión de Iberdrola en el sector energético mexicano, valorada en casi 11,000 millones de dólares, marca un éxodo estratégico calculado. Este proceso redefine la relación de la compañía con uno de sus mercados históricamente más importantes, siendo un punto de inflexión para el panorama energético de México. No es una retirada precipitada, sino un pivote estratégico ejecutado en dos fases.
El pivote estratégico de Iberdrola en méxico: una desinversión calculada
La salida de Iberdrola de su base de activos de generación operativa en México culmina con la desinversión de la totalidad de su cartera de generación física por un valor combinado que se aproxima a los 11,000 millones de dólares. Este movimiento, caracterizado como una “salida total”, es impreciso. Iberdrola está llevando a cabo una profunda transformación de su modelo de negocio en el país. Se desprende de la propiedad de activos físicos, pero conserva una presencia comercial significativa.
La nueva estructura se centra en el suministro de energía a clientes privados industriales y comerciales a través de contratos de compraventa de energía (PPAs) y en el desarrollo de una considerable cartera de proyectos de energía renovable de 6,000 MW, destinada a abastecer a este segmento del mercado.
El desmoronamiento de un mercado clave: contexto y catalizadores
La decisión de Iberdrola de liquidar su vasta cartera de activos de generación en México no fue un evento aislado. Fue la culminación de un período de creciente tensión política y erosión de la certidumbre regulatoria. Durante más de una década, México había sido el segundo mercado internacional más importante para la compañía, solo por detrás de España. Esto subraya la gravedad del cambio en las condiciones que precipitaron su salida.
Una historia de tensión
La relación entre Iberdrola y el gobierno mexicano comenzó a deteriorarse significativamente con el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018. El nuevo gobierno articuló una política energética nacionalista que buscaba revertir las reformas de apertura de mercado de 2013 y restaurar la posición dominante de las empresas estatales, principalmente la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el sector eléctrico.
Como el mayor generador privado de electricidad del país, Iberdrola se convirtió en el principal objetivo de la retórica política del gobierno. La administración calificó repetidamente los contratos de la empresa, especialmente los de Productor Independiente de Energía (PIE), como “leoninos”. También acusó a la compañía de ejercer una influencia indebida sobre la política energética de administraciones anteriores.
Esta narrativa de confrontación transformó lo que inicialmente eran “discrepancias” en una hostilidad abierta, creando un ambiente de negocios insostenible. El diálogo y la “buena voluntad” que finalmente llevaron al acuerdo de venta surgieron solo después de que una prolongada campaña de presión gubernamental hiciera que la posición de Iberdrola como operador de activos a largo plazo fuera inviable. La venta, por lo tanto, no puede entenderse como una decisión estratégica proactiva en un mercado neutral, sino como una capitulación negociada frente a una presión estatal sostenida.
Inestabilidad regulatoria y jurídica
La retórica política fue acompañada de acciones regulatorias y legislativas concretas que crearon un entorno de profunda incertidumbre. El gobierno impulsó cambios en la Ley de la Industria Eléctrica para modificar las reglas de despacho, priorizando la generación de la CFE sobre la de productores privados, incluidas las energías renovables más baratas. Además, Iberdrola enfrentó obstáculos administrativos directos, como la no renovación de permisos de generación, la imposición de multas y la desconexión de plantas de la red.
Este conjunto de acciones fue percibido por la compañía y por los observadores del mercado como un cambio fundamental en las “reglas del juego”. La estabilidad jurídica y fiscal, pilar fundamental para las inversiones de capital a largo plazo que caracterizan al sector energético, se vio gravemente comprometida. La preocupación por la falta de seguridad jurídica se citó explícitamente como la razón principal para la venta final de sus activos restantes en 2025. Esto indica una pérdida total de confianza en el marco de Inversión del país para la propiedad de activos de generación.
Este enfoque gubernamental puede interpretarse como la creación de un “manual de estrategia” para el nacionalismo de recursos del siglo XXI. En lugar de una expropiación directa, que acarrearía consecuencias legales y diplomáticas severas, la estrategia consistió en generar suficiente incertidumbre regulatoria y presión política para obligar a un actor privado a vender sus activos a una entidad respaldada por el estado a un precio negociado. Este método logra el objetivo político de transferir el control de activos estratégicos al estado, manteniendo al mismo tiempo una apariencia de legalidad de mercado, lo que establece un precedente preocupante y una nueva forma de riesgo político para los inversores internacionales.
El imperativo estratégico de desinvertir
Frente a un entorno operativo cada vez más hostil y el riesgo inminente de que sus activos se convirtieran en “activos varados” (stranded assets) con una rentabilidad decreciente o nula, la decisión de Iberdrola de desinvertir fue una respuesta estratégica racional y necesaria para proteger el valor para sus accionistas.
Esta desinversión se alinea perfectamente con el plan estratégico global de la compañía para el período 2023-2025. Dicho plan enfatiza una estricta disciplina de rotación de capital, desinvirtiendo en jurisdicciones de mayor riesgo para reasignar esos fondos a mercados con marcos regulatorios estables, predecibles y con altas calificaciones crediticias (grado ‘A’). La venta de los activos mexicanos permitió a Iberdrola no solo eliminar una fuente significativa de riesgo político, sino también financiar y acelerar su crecimiento en mercados prioritarios como Estados Unidos y el Reino Unido, donde las políticas gubernamentales, como la Ley de Reducción de la Inflación en EE. UU. y los planes de transición energética en Europa, ofrecen oportunidades de crecimiento más seguras y atractivas. Así, México, que alguna vez fue un pilar de la estrategia internacional de Iberdrola, dejó de encajar en el perfil de riesgo y rentabilidad de la compañía.
Una retirada en dos fases: deconstruyendo la desinversión
La salida de Iberdrola de la propiedad de activos de generación en México se estructuró en dos transacciones principales. Esta estrategia secuencial le permitió gestionar el riesgo político y maximizar el valor recuperado. La primera fase se centró en la venta de sus activos térmicos más grandes y políticamente sensibles, mientras que la segunda se diseñó para liquidar su cartera restante de activos renovables y de alta eficiencia.
Fase I: la venta de activos térmicos centrales por 6,200 millones de dólares (cerrada en febrero de 2024)
Esta primera y monumental transacción representó el núcleo de la desinversión de Iberdrola.
Descripción general de la transacción: La operación, cerrada formalmente el 26 de febrero de 2024, implicó la venta de un paquete de 13 centrales de generación de energía con una capacidad instalada total de 8,539 MW. El precio de venta acordado fue de aproximadamente 6,200 millones de dólares. Estos activos eran financieramente significativos, ya que representaban el 55% del beneficio bruto de explotación (EBITDA) de Iberdrola en México.
Perfil de los activos: El portafolio vendido estaba compuesto casi en su totalidad por activos térmicos. Incluía 12 centrales de ciclo combinado de gas (CCGT) que sumaban 8,436 MW y un parque eólico, La Venta III, con 103 MW de capacidad. Un aspecto crucial de estos activos es que el 87% de su capacidad operaba bajo el régimen de Productor Independiente de Energía (PIE), un modelo contractual a largo plazo en el que la CFE era el único comprador de la energía generada. Estos contratos PIE fueron precisamente el foco de las críticas más intensas por parte de la administración de López Obrador, lo que convertía a estos activos en los más vulnerables políticamente. La decisión de vender este bloque específico en primer lugar puede interpretarse como una maniobra estratégica para desactivar la principal fuente de conflicto con el gobierno, monetizando los activos con mayor riesgo de sufrir acciones regulatorias adversas.
La estructura del comprador y el rol de la CFE: La adquisición no fue realizada directamente por la CFE. En su lugar, se utilizó una estructura financiera compleja: los activos fueron adquiridos por un fideicomiso de propósito especial gestionado por el administrador de activos privado Mexico Infrastructure Partners (MIP). Este fideicomiso fue financiado mediante una aportación de capital de 2,400 millones de dólares del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), un fondo gubernamental, y un paquete de deuda de 4,200 millones de dólares sindicado por bancos comerciales y de desarrollo. Esta estructura permitió al gobierno mexicano facilitar la compra sin registrar la deuda directamente en el balance público. Sin embargo, un elemento clave del acuerdo fue que la CFE fue designada como la operadora de las plantas, a pesar de que la propiedad legal recae en el fideicomiso de MIP.Condiciones antimonopolio de la COFECE: Esta dualidad propietario-operador generó inmediatamente preocupaciones sobre la competencia en el mercado. En respuesta, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) autorizó la transacción, pero impuso un conjunto de condiciones estrictas, con una vigencia de 10 años, diseñadas para garantizar la independencia operativa de las plantas respecto a la CFE y prevenir prácticas anticompetitivas. Las condiciones más relevantes incluyen:
- La obligación de que Fonadin reduzca su participación en la inversión a un máximo del 51% en un plazo de 24 meses.
- El nombramiento de un administrador profesional independiente para tomar todas las decisiones relativas a la operación de las plantas en el mercado.
- El establecimiento de controles y mecanismos de gobierno corporativo que obliguen a los directivos de las plantas a actuar con independencia y sin conflictos de interés. Por ejemplo, se prohíbe que los directivos ocupen cargos en empresas competidoras o que hayan sido servidores públicos en los últimos cuatro años.
Estas condiciones crean un modelo de gobernanza híbrido, novedoso y no probado. En él, una empresa estatal (CFE) actúa como operadora bajo la supervisión de un administrador teóricamente independiente, que a su vez responde a un fideicomiso (MIP) financiado mayoritariamente por el estado (Fonadin). La viabilidad a largo plazo de este complejo acuerdo dependerá de la capacidad de la COFECE para hacer cumplir estas condiciones y de la voluntad real de la CFE para ceder el control estratégico y operativo, lo que introduce una nueva dimensión de riesgo regulatorio y de gobernanza en el sector.
Fase II: la desinversión final de los activos de generación restantes (planeada para 2025)
Tras la venta de su cartera térmica principal, Iberdrola procedió a organizar la liquidación de todos sus activos de generación restantes, marcando el fin de su era como propietario de centrales eléctricas en México.
Descripción general de la transacción: En julio de 2025, se informó que Iberdrola había contratado al banco de inversión Barclays para gestionar la venta de sus 15 plantas de generación restantes. Esta operación representa el paso final en la estrategia de desinversión de activos físicos de la compañía en el país.
Perfil y valoración de los activos: Este segundo portafolio es cualitativamente diferente al primero. Suma aproximadamente 2,600 MW de capacidad instalada y está compuesto principalmente por activos de energía renovable y de alta eficiencia, incluyendo 6 parques eólicos, 3 parques fotovoltaicos y 6 centrales de cogeneración y ciclo combinado. Estos activos, considerados las “joyas de la corona” renovables de Iberdrola en México, están valorados en aproximadamente 4,000 millones de euros (unos 4,700 millones de dólares) y, según se informa, generan un EBITDA anual superior a los 400 millones de euros.
Proceso y justificación: A diferencia de la primera fase, que fue una negociación directa con una entidad respaldada por el estado, esta segunda fase se está llevando a cabo como un proceso de mercado más convencional, gestionado por un banco de inversión internacional. La razón declarada por Iberdrola para esta venta final es la persistente “preocupación por la estabilidad jurídica y fiscal del país”. Esta justificación subraya que, incluso después de resolver el principal conflicto político con la venta de los activos PIE, la compañía ya no considera que México ofrezca la certidumbre necesaria para mantener inversiones de capital a largo plazo en el sector de la generación.
A continuación, se presentan tablas que resumen y detallan las dos fases de la desinversión.
| Fase | Fecha de Cierre | Activos Vendidos (Número y Tipo) | Capacidad Total (MW) | Comprador | Valor de la Transacción (USD) |
| Fase I | Feb-2024 | 13 plantas (12 CCGT, 1 Eólica) | 8,539 | Fideicomiso gestionado por MIP con respaldo de Fonadin | ~$6,200 millones |
| Fase II | Planeada 2025 | 15 plantas (6 Eólicas, 3 Solares, 6 Cogeneración/CCGT) | ~2,600 | Por determinar | ~$4,700 millones (Estimado) |
| Total | – | 28 plantas | ~11,139 | – | ~$10,900 millones |
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| Nombre de la Planta | Tipo | Capacidad Instalada (MW) | Régimen Operativo |
| Monterrey I y II | CCGT | 449 | PIE |
| Altamira III y IV | CCGT | 1,096 | PIE |
| Altamira V | CCGT | 1,155 | PIE |
| Escobedo | CCGT | 878 | PIE |
| La Laguna | CCGT | 537 | PIE |
| Tamazunchale I | CCGT | 1,179 | PIE |
| Baja California | CCGT | 324 | PIE |
| Topolobampo II | CCGT | 917 | PIE |
| Topolobampo III | CCGT | 766 | PIE |
| La Venta III | Eólica | 103 | PIE |
| Monterrey III y IV | CCGT | 477 | Privado |
| Tamazunchale II | CCGT | 514 | Privado |
| Enertek | CCGT | 144 | Privado |
| Total | – | 8,539 | – |
| Tipo de Planta | Número de Plantas | Capacidad Total (MW) |
| Parques Eólicos | 6 | No especificado |
| Parques Solares | 3 | No especificado |
| Cogeneración / CCGT | 6 | No especificado |
| Total | 15 | ~2,600 |
Anatomía financiera del éxodo
La desinversión de Iberdrola en México no solo es un movimiento estratégico de gran envergadura, sino también una operación financiera masiva con profundas implicaciones para el balance y la asignación de capital de la compañía a nivel global. El análisis de los números revela que la salida, aunque forzada por circunstancias políticas, se ejecutó a valoraciones favorables y se convirtió en un catalizador financiero para la aceleración de la estrategia global de la empresa.
Valoración total y capital recuperado
La liquidación completa de la cartera de generación de Iberdrola en México representa una de las mayores rotaciones de activos en la historia de la compañía. La suma de las dos fases de la desinversión arroja una cifra total de aproximadamente 10,900 millones de dólares en ingresos brutos en efectivo: 6,200 millones de dólares por la fase I y un valor estimado de 4,700 millones de dólares para la fase II.
La primera transacción por sí sola tuvo un impacto extraordinario en los resultados financieros de Iberdrola, generando una plusvalía que contribuyó con 1,165 millones de euros al beneficio neto de la compañía en el primer trimestre de 2024. Esto demuestra que la venta se realizó a un precio que superaba significativamente el valor contable de los activos. Analistas externos consideraron que la valoración de la transacción de la fase I, que implicaba un múltiplo EV/EBITDA de aproximadamente 11 veces para 2023, estaba en línea con valoraciones justas de mercado, disipando la idea de que se tratara de una venta a precios de liquidación.
Desconsolidación de la contribución del EBITDA mexicano
La venta de estos activos implica la eliminación de una fuente de ingresos significativa y recurrente de los resultados consolidados de Iberdrola.
- Impacto de la fase I: Los activos vendidos en la primera fase representaban el 55% del EBITDA de Iberdrola en México. En una presentación a inversores de 2023, la propia compañía estimó que la contribución anual de estos activos específicos al EBITDA sería de 550 millones de dólares, con un impacto en el beneficio neto de 90 millones de dólares.
- Impacto de la fase II: Los 15 activos restantes que se venderán en la segunda fase generan, según se informa, un EBITDA anual superior a los 400 millones de euros.
- El negocio remanente: Tras la venta de la fase I, Iberdrola proyectó que su negocio restante en México (principalmente comercialización a privados) contribuiría con aproximadamente 400 millones de dólares al EBITDA en 2023. Esta cifra sirve como línea de base para evaluar el rendimiento de la “nueva Iberdrola México”.
Además de los beneficios en efectivo, la desinversión tuvo un efecto positivo en la solidez financiera de la compañía. La reducción de activos y la entrada de efectivo mejoraron el ratio de deuda neta/EBITDA en 0.20x, fortaleciendo el balance de la empresa.Tabla 4: impacto financiero de la desinversión mexicana en Iberdrola
| Métrica | Activos Desinvertidos – Fase I | Activos Desinvertidos – Fase II (Est.) | Total Desinvertido | Negocio Remanente (Est. 2023) |
| Contribución Anual EBITDA (USD) | ~$550 millones | ~$430 millones (€400M) | ~$980 millones | ~$400 millones |
| Contribución Anual Beneficio Neto (USD) | ~$90 millones | No especificado | >$90 millones | No especificado |
| Valor de la Transacción (USD) | ~$6,200 millones | ~$4,700 millones | ~$10,900 millones | N/A |
| Capacidad Instalada (MW) | 8,539 | ~2,600 | ~11,139 | N/A |
Reasignación estratégica de capital: el pivote hacia EE. UU. y el reino unido
La desinversión en México no puede entenderse de forma aislada; es la otra cara de una agresiva estrategia de reinversión en mercados considerados más estables y estratégicos. Los fondos liberados de México están siendo redirigidos para financiar un plan de crecimiento sin precedentes en Estados Unidos y el Reino Unido.
Estados unidos (a través de avangrid)
Iberdrola ha consolidado su control total sobre su filial estadounidense Avangrid, sacándola de la bolsa para agilizar las inversiones. Avangrid está ejecutando un plan de inversión de 20,000 millones de dólares en infraestructura de redes eléctricas y está a la vanguardia de la energía eólica marina en el país, con proyectos emblemáticos como Vineyard Wind 1, una instalación de 806 MW con una inversión de 4,000 millones de dólares. Estados Unidos se ha convertido en el principal destino de las inversiones del grupo.
Reino unido (a través de scottishpower)
Tras la adquisición del distribuidor Electricity North West (ENW), el Reino Unido se ha convertido en el principal mercado de Iberdrola por valor de activos de red, superando a EE. UU. La compañía ha anunciado planes para duplicar su inversión en el país hasta alcanzar los 24,000 millones de libras esterlinas entre 2024 y 2028. Estas inversiones se centran en la modernización de la red y en megaproyectos de energía eólica marina como el East Anglia Hub, un complejo de 2,900 MW con una inversión de 10,000 millones de libras esterlinas.
De esta manera, la salida forzada de México se convirtió, paradójicamente, en un catalizador financiero que permitió a Iberdrola acelerar su plan estratégico global. La masiva inyección de efectivo, obtenida a valoraciones justas, no solo fortaleció el balance de la empresa, sino que también le proporcionó la munición financiera para ejecutar su pivote hacia redes reguladas y energías renovables a gran escala en mercados con mayor seguridad jurídica. En una consecuencia no intencionada, la política energética de México terminó subsidiando indirectamente la transición energética y la modernización de la red en Estados Unidos y el Reino Unido, lo que representa un significativo coste de oportunidad para el propio desarrollo energético de México.
La “nueva iberdrola méxico”: definiendo la presencia residual
Contrariamente a la narrativa de una “salida total”, Iberdrola no está abandonando México por completo. En su lugar, está ejecutando una reconfiguración estratégica de su presencia, pasando de ser un propietario de activos de generación a gran escala a un modelo de negocio más ligero en capital, enfocado en servicios de alto valor y desarrollo de proyectos.
Un cambio de propietario de activos a proveedor de servicios
El núcleo de la transformación de Iberdrola en México es un cambio fundamental en su modelo de negocio. La compañía está pasando de un modelo intensivo en capital, que requería la propiedad y operación de grandes centrales eléctricas, a un rol más ágil como proveedor de soluciones energéticas y desarrollador de proyectos para el sector privado. Este nuevo enfoque reduce drásticamente su exposición al riesgo político y regulatorio asociado a la propiedad de infraestructura crítica que compite directamente con la CFE.
Negocio comercial retenido
Un componente clave de la “nueva Iberdrola México” es la retención explícita de “toda su actividad con clientes privados”. Este segmento de negocio se centra en el suministro de energía a grandes consumidores industriales y comerciales a través de Contratos de Compraventa de Energía (PPAs) a largo plazo. Este es un mercado que sigue siendo viable y que se ha convertido en el foco principal de la estrategia de la compañía en el país.
La fortaleza de este modelo de negocio se evidencia en la firma de nuevos PPAs incluso durante el proceso de desinversión. Acuerdos recientes para suministrar energía limpia a las plantas de fabricación de gigantes industriales como Honda y Alstom demuestran que existe una demanda robusta y creciente de energía fiable y sostenible por parte del sector privado, especialmente en el contexto del “nearshoring”. Este nuevo modelo de negocio es inherentemente menos arriesgado y potencialmente de mayor margen. Al centrarse en clientes privados con necesidades específicas de energía limpia (a menudo impulsadas por sus propias metas corporativas de ESG), Iberdrola se posiciona en un nicho de mercado premium, alejado de la confrontación política directa con el estado.
La cartera de desarrollo renovable de 6,000 MW
El elemento más significativo de la presencia futura de Iberdrola en México es su cartera de proyectos de energía renovable, que asciende a 6,000 MW. Iberdrola tiene la intención de desarrollar estos proyectos eólicos y solares para suministrar energía a su base de clientes privados, reafirmando su compromiso con la transición energética del país, aunque desde un rol de desarrollador y proveedor en lugar de propietario de una flota heredada.
La obtención reciente de un permiso de generación para el parque eólico Santiago, de 105 MW, es una prueba tangible de que la compañía sigue activa en el desarrollo de nuevos proyectos. Este modelo de “desarrollar para suministrar” permite a Iberdrola capitalizar su experiencia en energías renovables sin incurrir en el mismo nivel de riesgo político que conllevaba la propiedad de grandes centrales de ciclo combinado.
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Este nuevo enfoque de Iberdrola podría servir de modelo para la futura inversión privada en el sector energético mexicano. El mensaje implícito para otros actores internacionales es que el modelo de competencia directa a gran escala con la CFE en el mercado mayorista ha dejado de ser viable. El camino a seguir para la inversión privada parece residir en nichos especializados: servir a clientes industriales, desarrollar proyectos renovables bajo esquemas de contrato a largo plazo, o proporcionar servicios energéticos avanzados como las soluciones de autoconsumo “Smart Solar”. El mercado está evolucionando de uno de amplia participación a uno de asociaciones especializadas y contratos de servicios de menor riesgo.
Ramificaciones del mercado y perspectivas futuras
La desinversión de Iberdrola, el mayor actor privado del sector eléctrico mexicano durante dos décadas, no es un simple evento corporativo; es un acontecimiento sísmico que reconfigura el mercado, envía potentes señales a los inversores globales y pone a la transición energética de México en una encrucijada.
Consolidación del control estatal y competencia del mercado
El resultado más inmediato y buscado por el gobierno mexicano es la consolidación del control estatal sobre la generación de electricidad. Con la adquisición de los 8,539 MW de Iberdrola, la capacidad de generación de la CFE (incluyendo los PIEs ahora bajo su control operativo) saltará de aproximadamente un 39% a más del 55% del total nacional. Esto cumple un objetivo político central de la administración, pero plantea serias dudas sobre la eficiencia y la competencia en el mercado.
Históricamente, los costes de generación de la CFE han sido más elevados que los de los productores privados. Datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) han mostrado que el coste por megavatio-hora de la CFE puede ser significativamente superior al de los productores independientes. La concentración del mercado en un actor estatal dominante podría reducir los incentivos para la eficiencia operativa y, a largo plazo, ejercer una presión al alza sobre las tarifas eléctricas para los consumidores finales, a menos que se mantengan subsidios gubernamentales.
La señal a la inversión extranjera
La salida de Iberdrola es un hito para la Inversión extranjera Directa (IED) en México. La venta de activos por casi 11,000 millones de dólares se registrará como una “desinversión” en las cuentas nacionales, lo que probablemente llevará a que el sector energético registre una salida neta de IED en 2024, un hecho sin precedentes en la historia reciente.
Más allá de la estadística, el evento envía una señal de advertencia a la comunidad inversora internacional sobre el nivel de riesgo político y la inestabilidad regulatoria en el país. Aunque la nueva administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha afirmado que habrá “espacio para la inversión privada”, también ha dejado claro que será bajo “nuevas reglas” y con el estado manteniendo al menos el 54% de la generación. Esta ambigüedad puede disuadir la entrada de capital a gran escala necesario para modernizar y expandir el sector.
Las nuevas reglas de compromiso
El futuro de la inversión privada en el sector energético mexicano se regirá por un nuevo paradigma. El Plan Nacional de Energía 2024-2030 establece un modelo en el que la participación privada es bienvenida, pero dentro de unos límites claros. El plan contempla la adición de entre 6,400 y 9,550 MW de capacidad de energía limpia privada para 2030.
Sin embargo, esta participación estará sujeta a nuevas y más estrictas regulaciones. Una de las más significativas es el requisito de que los nuevos proyectos de energías renovables intermitentes (solar y eólica) incluyan sistemas de almacenamiento en baterías capaces de respaldar al menos el 30% de su capacidad, lo que aumentará considerablemente el coste y la complejidad de los proyectos. Además, el gobierno está promoviendo activamente modelos de “productores mixtos”, en los que el estado (a través de la CFE) mantendría una participación mayoritaria en los proyectos, limitando la autonomía de los socios privados.
La transición energética de méxico en una encrucijada
La salida de un líder mundial en energías renovables como Iberdrola deja un vacío significativo en la capacidad de México para llevar a cabo su transición energética. Aunque la CFE tiene sus propios planes de expansión, incluyendo proyectos renovables emblemáticos como la central fotovoltaica de Puerto Peñasco, su capacidad para ejecutar proyectos a la velocidad y escala necesarias para satisfacer la creciente demanda de energía y cumplir con los compromisos climáticos del país es cuestionable.
El país se enfrenta a la paradoja de la soberanía: al lograr un mayor control estatal sobre el sector, podría estar socavando su propia seguridad energética a largo plazo. La combinación de la salida de un operador eficiente y el efecto disuasorio sobre nueva inversión privada podría ralentizar el despliegue de nueva capacidad de generación, justo cuando la demanda está aumentando debido al fenómeno del “nearshoring”. Esto podría reducir los márgenes de reserva del sistema eléctrico y aumentar el riesgo de déficits de energía y apagones.
Además, la nueva dinámica podría dar lugar a la aparición de un mercado energético de dos velocidades. Por un lado, un mercado regulado servido por la CFE para la población general, con precios influenciados por consideraciones políticas. Por otro, un mercado privado premium, atendido por actores como la “nueva Iberdrola México”, que ofrecerá energía limpia y fiable a un coste más elevado a las corporaciones multinacionales que la necesitan para cumplir con sus estándares globales de sostenibilidad. Esta bifurcación podría acentuar las desigualdades económicas, con grandes empresas asegurando un suministro de energía verde de alta calidad, mientras que la red más amplia se enfrenta a posibles desafíos de fiabilidad y coste. La capacidad de México para alcanzar sus metas de energía limpia (35% para 2025 y 45% para 2030) sin una participación privada robusta y a gran escala, como la que representaba Iberdrola, sigue siendo una de las mayores incógnitas para el futuro del sector.
