La Responsabilidad Estatal en la Búsqueda de Personas Desaparecidas
México enfrenta una crisis humanitaria con más de 110,000 personas desaparecidas. La Secretaría de Gobernación ha reconocido la búsqueda como una obligación estatal, subrayando el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) como eje central de su estrategia.
Fundamentos Jurídicos de la Obligación Estatal
Marco Nacional
- Ley General en Materia de Desaparición Forzada (2017): Base legal de la CNB.
- Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO): Control oficial de casos.
- Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH): Apoyo en identificación forense.
Marco Internacional
- Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada.
- Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB)
Creada en 2017, la CNB coordina esfuerzos nacionales para localizar desaparecidos. Gestiona el RNPDNO, impulsa el Programa Nacional de Búsqueda y trabaja con fiscales y organismos de derechos humanos.
Iniciativas de Fortalecimiento
- Adquisición de tecnología avanzada: Drones, láseres, detectores de metales.
- Reformas legislativas: CURP como identificador único, bases de datos forenses.
- Mayor coordinación con fiscalías y comisiones locales.
El Caso Ayotzinapa: Un Paradigma del Compromiso Estatal
El caso de los 43 normalistas ha sido prioritario, con investigación, búsquedas en campo y coordinación interinstitucional.
Desafíos y Críticas a la CNB
- Falta de coordinación entre gobiernos locales y federales.
- Recursos insuficientes para tecnología y personal.
- Peligro en búsquedas debido a violencia criminal.
- Deficiencia en bases de datos y falta de interconexión.
Estadísticas y Tendencias
| Fecha | Total de Desaparecidos | Datos Claves |
| Enero 2025 | 121,582 | 72,000 cuerpos sin identificar |
| Marzo 2025 | 124,637 | Mayor incidencia en Jalisco, Edo. de México, Tamaulipas |
Perspectivas y Recomendaciones
- Mejor coordinación entre niveles de gobierno.
- Aumento de recursos para búsqueda e identificación.
- Tecnologías avanzadas para localización.
- Mayor transparencia en resultados.
- Protección a familias de víctimas y colectivos de búsqueda.
El Estado mexicano ha avanzado en la búsqueda de desaparecidos, pero aún enfrenta retos críticos. Se requiere un compromiso continuo para garantizar justicia y rendición de cuentas.
