El regreso del Estado al control del sector energético
El 18 de marzo de 2025, en el 87 aniversario de la expropiación petrolera, la presidenta Claudia Sheinbaum promulgó un conjunto de leyes energéticas que marcan un viraje en la política nacional. Estas reformas buscan devolver al Estado el control sobre la producción de petróleo y electricidad, fortaleciendo a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como las principales empresas energéticas del país.
Estas medidas representan un golpe a las políticas neoliberales de los últimos 30 años, especialmente a la reforma energética de 2013, que permitió la entrada masiva de empresas privadas en el sector.
Las leyes que transforman el sector energético
Las reformas incluyen la creación y modificación de varias leyes clave:
Nuevas leyes promulgadas
- Ley de la Empresa Pública del Estado de la CFE
- Ley de la Empresa Pública del Estado de Pemex
- Ley del Sector Eléctrico
- Ley del Sector Hidrocarburos
- Ley de Planeación y Transición Energética
- Ley de Biocombustibles
- Ley de Geotermia
- Ley de la Comisión Nacional de Energía
Reformas clave en otras leyes
- Ley de Ingresos del Sector Hidrocarburos
- Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Con estas modificaciones, el gobierno busca consolidar la soberanía energética, reduciendo la participación privada en el sector y dando prioridad al interés público sobre el mercado.
Justicia energética: Energía accesible para todos
Uno de los conceptos novedosos en estas reformas es la “justicia energética”. Bajo este principio, se pretende garantizar el acceso equitativo a la energía para toda la población, priorizando a las comunidades más vulnerables.
Esto significa que el Estado tendrá la responsabilidad de asegurar que la energía llegue a los sectores menos favorecidos, reduciendo desigualdades y evitando que el costo de los servicios básicos esté sujeto a las fluctuaciones del mercado.
Impacto en Pemex y CFE: Integración y fortalecimiento
La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, explicó que las reformas permitirán la “integración vertical y horizontal” de Pemex y CFE. Esto implica que ambas empresas dejarán de operar como conjuntos de subsidiarias con autonomía de gestión, eliminando estructuras que, según el gobierno, dificultaban su eficiencia.
Ahora, Pemex y CFE funcionarán como entidades unificadas, bajo un modelo de empresa estatal con control centralizado, lo que permitirá una toma de decisiones más ágil y alineada con los intereses del país.
Beneficios y desafíos de la nueva política energética
Beneficios esperados
- Reducción de tarifas: Con el control estatal, se espera una regulación más estricta de los costos energéticos.
- Mayor inversión en energías limpias: La reforma plantea incentivos para el desarrollo de fuentes renovables.
- Soberanía energética: Menor dependencia de capital y tecnología extranjera.
Posibles desafíos
- Falta de inversión privada: La salida de empresas extranjeras podría afectar el financiamiento del sector.
- Eficiencia operativa: La eliminación de subsidiarias podría generar burocracia en la gestión.
- Riesgo de corrupción: Con una mayor centralización, existe la preocupación de que haya menos transparencia.
Un cambio estructural con efectos a largo plazo
Las nuevas reformas energéticas impulsadas por Claudia Sheinbaum redefinen el papel del Estado en la gestión de los recursos energéticos. Si bien la intención es garantizar el acceso justo y soberano a la energía, el éxito de esta política dependerá de su implementación efectiva y de su capacidad para adaptarse a un entorno global competitivo.
Lo que es seguro es que esta decisión marcará el futuro del sector energético en México, con repercusiones en la economía, el medio ambiente y el bienestar de millones de ciudadanos.
