El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles (20.08.2025) una nueva ronda de sanciones contra otros cuatro miembros de la Corte Penal Internacional (CPI). La medida se justifica por la participación de estos individuos en investigaciones de presuntos crímenes de guerra en regiones como Gaza y Afganistán. Esta acción refuerza la postura de la Administración de Donald Trump contra el organismo internacional.
Washington redobla la presión sobre la CPI
Esta reciente imposición de sanciones por parte de Estados Unidos sigue a dos rondas previas. En junio, la administración ya había sancionado a cuatro jueces de la Corte Penal Internacional, y en febrero, al fiscal Karim Khan. La decisión de este miércoles, anunciada por el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, subraya la firme oposición de Washington a las indagaciones de la CPI que involucran a ciudadanos o militares de Estados Unidos e Israel.
Nuevos objetivos de las sanciones
Las restricciones afectan específicamente a cuatro profesionales de la justicia internacional:
- Kimberly Prost, de Canadá.
- Nicolas Guillou, de Francia.
- Nazhat Shameem Khan, de Fiyi.
- Mame Mandiaye Niang, de Senegal.
Te puede interesar: Kremlin anticipa cumbre Trump-Putin de 6 a 7 horas en AlaskaSegún explicó Rubio en un comunicado, “estas personas son extranjeras que participaron directamente en los esfuerzos de la Corte Penal Internacional para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de ninguna de las dos naciones”.
Alcance y justificación de las medidas económicas
Las sanciones impuestas por Estados Unidos contemplan un bloqueo económico estricto. Esto incluye el bloqueo de todos los bienes que los individuos señalados puedan poseer en territorio estadounidense. Adicionalmente, se prohíbe cualquier tipo de transacción, incluyendo transferencias o recepción de fondos, entre los sancionados y los ciudadanos estadounidenses.
La jueza Kimberly Prost ha sido clave en procesos de la Corte relacionados con crímenes de guerra, algunos de los cuales investigan a las fuerzas estadounidenses y a la CIA por su intervención en conflictos globales como el de Afganistán. De manera similar, los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan y Mame Mandiaye Niang supervisan investigaciones sobre crímenes graves en Kabul, que incluyen a ciudadanos estadounidenses, y en Sudán. Por su parte, el juez francés Nicolas Guillou formó parte de la cámara que emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el exministro de defensa, Yoav Galant, entre otros funcionarios israelíes. Estas órdenes se emitieron por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.
La postura inquebrantable de Estados Unidos
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Marco Rubio reiteró la posición de Estados Unidos frente a la CPI. “EE.UU. ha sido claro y firme en su oposición a la politización, el abuso de poder, el desprecio a nuestra soberanía nacional y el exceso judicial ilegítimo de la CPI”, afirmó Rubio en su comunicado del miércoles. El funcionario calificó a la Corte como una “amenaza para la seguridad nacional” y la catalogó como un “instrumento de guerra legal (‘lawfare’) contra EE.UU. y nuestro cercano aliado Israel”.
La Corte Penal Internacional y sus límites de jurisdicción
La Corte Penal Internacional, establecida por el Estatuto de Roma, tiene como mandato principal juzgar a individuos acusados de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Sin embargo, su jurisdicción no es universal. Países clave como Estados Unidos, China, Rusia e Israel no son miembros de este organismo y, por lo tanto, no reconocen su autoridad legal.
