La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU DH) hizo un enérgico llamado a los Estados para que sus acciones contra el narcotráfico se adhieran estrictamente al derecho internacional, especialmente en el uso de la fuerza letal. Esta declaración surge tras el ataque de Estados Unidos a un barco en el sur del Caribe, cerca de las costas de Venezuela.
La fuerza letal, solo como último recurso
Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, declaró este viernes, 5 de septiembre de 2025, desde Ginebra, que “las personas no deberían ser asesinadas por usar, traficar o vender drogas”. Subrayó que es esencial que “las respuestas de los Estados al tráfico ilícito de drogas respeten el derecho internacional de los derechos humanos”.
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El comunicado emitido por la oficina de la ONU DH enfatiza que el uso intencional de la fuerza letal por parte de los Estados, al combatir el tráfico ilícito, “solo es permisible como medida de último recurso, cuando existe una amenaza inminente para la vida”. La portavoz añadió que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben respetar los principios básicos sobre el uso de la fuerza establecidos en el derecho internacional, reiterando que la fuerza letal solo se justifica ante una amenaza inminente para la vida.
Transparencia en investigaciones, un imperativo
Shamdasani aseveró que “toda pérdida de vidas en el contexto de una operación de aplicación de la ley debe ser investigada de manera independiente, rápida y transparente”. Esta exigencia refuerza la necesidad de rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos incluso en operaciones de alta complejidad como la lucha contra el narcotráfico.
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La postura de la ONU DH resalta la importancia de mantener la proporcionalidad y la legalidad en todas las acciones estatales, sin importar la gravedad del delito que se busca combatir. Este llamado insta a una profunda reflexión sobre las estrategias actuales en la guerra contra las drogas y sus implicaciones para los derechos fundamentales.
