La ex presidenta de facto boliviana, Jeanine Áñez, obtuvo este viernes una orden de libertad inmediata en el caso de genocidio, según informó RT. Sin embargo, su salida de prisión no se concretará debido a una condena previa de 10 años. Áñez permanece recluida desde marzo de 2021 por múltiples acusaciones tras los sucesos de 2019.
Un tribunal de Sacaba, Bolivia, dictó este viernes la libertad inmediata para Jeanine Áñez en la causa que la investigaba por los delitos de genocidio y genocidio en grado de tentativa, por los cuales la Fiscalía solicitaba 30 años de prisión. La medida fue informada por el medio RT.
No obstante, la orden judicial incluye una salvedad crucial: la libertad se cumplirá “siempre que no estuviese detenida por otra causa la acusada”. Esto significa que Áñez continuará en prisión, ya que en junio de 2022 fue sentenciada a 10 años por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, dictada por el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz.
Áñez fue detenida en marzo de 2021 en la ciudad de Trinidad y posteriormente trasladada a la prisión de Miraflores, en La Paz. Desde entonces, ha enfrentado diversas acusaciones, incluyendo terrorismo, sedición y conspiración, además de genocidio, por los acontecimientos ocurridos a finales de 2019.
Procesos por golpe de Estado y represión de protestas
Áñez, quien asumió el poder de forma “ilegítima” tras el derrocamiento del expresidente Evo Morales, ha estado bajo la lupa de la justicia por los sucesos entre septiembre y diciembre de 2019. Uno de los casos más relevantes es el denominado Caso Senkata, que investiga la brutal represión de protestas antigubernamentales.
Las manifestaciones tuvieron lugar en varias localidades bolivianas, incluyendo Senkata, Huayllani (La Paz), Sacaba (Cochabamba) y Betanzos (Potosí). La represión por parte de las fuerzas del orden dejó un saldo trágico de 36 personas fallecidas y más de 800 heridas. Asimismo, se documentaron detenciones arbitrarias, torturas y restricciones a la libertad de expresión y reunión, según detallaron investigaciones de la Defensoría y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Áñez había llegado a la presidencia en noviembre de 2019, después de que Evo Morales renunciara al cargo debido a la presión del Ejército. Se autoproclamó presidenta interina “ilegítimamente”, ocupando un vacío de poder tras la dimisión de todos los funcionarios del Movimiento al Socialismo (MAS) que la antecedían en la línea de sucesión presidencial.
A pesar de haber prometido convocar a nuevas elecciones, Áñez sorprendió al anunciar su propia candidatura presidencial. Sin embargo, en medio de una fuerte caída de su popularidad, retiró su nominación en septiembre de 2020.
La compleja situación legal de Jeanine Áñez subraya las profundas divisiones políticas y los desafíos judiciales que persisten en Bolivia, manteniendo abierta la interrogante sobre el futuro de su encarcelamiento y las consecuencias de los eventos de 2019.
