El violento tiroteo registrado el miércoles 26 de noviembre en Washington D.C., catalogado como un “ataque terrorista”, conmocionó a Estados Unidos. Las autoridades federales confirmaron el jueves 27 de noviembre la identidad de los dos miembros de la Guardia Nacional heridos. Este ataque cerca de la Casa Blanca ha desatado una intensa respuesta legal que contempla incluso la aplicación de la pena de muerte.
La identidad de los soldados y el contexto del ataque
El jueves 27 de noviembre de 2025, el país conoció las identidades de los dos miembros de la Guardia Nacional heridos durante el tiroteo registrado el día anterior en Washington D.C. Las autoridades confirmaron que se trata de Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolfe, de 24.
Ambos soldados, pertenecientes a la Guardia Nacional de West Virginia, fueron baleados en la cercanía de la Casa Blanca, específicamente en una estación del metro situada a unos 500 metros del edificio presidencial. En el momento del incidente, ambos soldados se encontraban armados.
La fiscal de Washington D.C., Jeanine Pirro, detalló que los jóvenes se encontraban destacados en la capital como parte de una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump, cuyo objetivo es reforzar la seguridad y mejorar las condiciones en la ciudad.
El estado de salud de los dos agentes permanece en condición crítica. La gravedad del incidente fue subrayada por la dramática declaración del padre de Sarah Beckstrom, quien, según reportes, indicó que no espera que su hija sobreviva: “Ella tiene una herida mortal. No va a haber una recuperación.”
El perfil del agresor y la ruta del terror
El presunto agresor fue identificado como Rahmanullah Lakanwal, un hombre afgano de 29 años. La fiscal Pirro detalló que Lakanwal utilizó un revólver Smith & Wesson calibre .357 durante la agresión que ha sido catalogada por las autoridades federales como un “ataque terrorista”.
Según la información revelada, Lakanwal residía en Bellingham, Washington, junto a su esposa y sus cinco hijos. El atacante habría conducido desde ese estado hasta la capital para perpetrar el ataque.
La narrativa del asalto detalla una violencia extrema:
- El sospechoso abrió fuego contra uno de los guardias.
- Lo derribó.
- Luego le disparó nuevamente mientras la víctima estaba en el suelo.
Agentes que se encontraban en las inmediaciones respondieron de inmediato, logrando “neutralizar la amenaza”, según informó la fiscal. Lakanwal fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo custodia.
Vínculos con la CIA y el programa “Operation Allies Welcome”
La investigación sobre el atacante reveló antecedentes complejos. Las autoridades confirmaron que Rahmanullah Lakanwal trabajó en Afganistán para una unidad militar apoyada por la CIA.
Adicionalmente, se precisó que Lakanwal llegó a Estados Unidos en 2021 mediante el programa Operation Allies Welcome, una iniciativa destinada a reubicar a ciudadanos afganos tras la retirada militar estadounidense.
El director del FBI, Kash Patel, señaló que ya fueron entrevistados todos los integrantes del hogar del sospechoso en Bellingham y que las autoridades continúan recopilando testimonios de quienes presenciaron el tiroteo.
La contundente respuesta legal y la controversia política
El incidente generó una fuerte reacción en el ámbito político y legal. Jeanine Pirro, la fiscal del distrito, fue enfática al calificar la gravedad del suceso:
> “This was not just an attack, it was a direct challenge to law and order in our nation’s capital.”
El acusado, Rahmanullah Lakanwal, enfrentará cargos por agresión con intención de matar mientras portaba un arma de fuego, delito que podría implicar una condena de hasta 15 años de prisión. Además, se le sumó otra acusación por posesión de arma durante la comisión de un crimen violento.
Las sentencias finales dependerán del estado de salud de los soldados, dada su condición crítica. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, elevó el tono de la respuesta legal al afirmar que, si alguno de los guardias fallece, buscará aplicar la pena de muerte contra el sospechoso.
Este violento asalto a personal de seguridad, en el corazón político de Washington D.C., no solo pone a prueba la solidez del sistema de seguridad reforzado por la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, sino que también reabre el debate sobre la rigurosidad de los procesos de investigación y selección de quienes ingresaron al país bajo el programa Operation Allies Welcome. La sombra de la pena de muerte pende ahora sobre el caso, marcando la seriedad con la que Estados Unidos responde a este desafío directo a su ley y orden.
