El agua en México, esencial para la vida y la producción, se ha convertido en un campo de batalla legal plagado de corrupción y acaparamiento. La iniciativa para modificar la Ley General del Agua busca terminar con el desorden, pero el debate en la Cámara de Diputados revela fisuras profundas sobre quién debe controlar el recurso vital en el contexto de la urgente reforma hídrica México.
El objetivo: administrar el agua con justicia y transparencia
El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, ha sido la voz principal detrás de las propuestas legislativas. El objetivo central de las iniciativas de la Ley General de Aguas y las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales es, según el legislador, “garantizar que el agua en México se administre con justicia, transparencia y visión de futuro”.
Ramírez Cuéllar fue enfático al señalar la urgencia de su aprobación: “Es indispensable aprobar ambas iniciativas para poner un alto definitivo al desorden, la corrupción y el tráfico de concesiones de agua.”
La situación actual, marcada por la falta de una regulación adecuada, ha provocado una anarquía donde:
- Pequeños y medianos productores son víctimas de verdaderos delincuentes del agua.
- Existe incertidumbre jurídica en la transferencia de derechos.
Las modificaciones clave: certidumbre para el campo y registro público
El dictamen, surgido a partir de diálogos sostenidos con productores, especialistas y académicos, incorpora modificaciones significativas destinadas a brindar certidumbre y combatir la discrecionalidad.
Ramírez Cuéllar destacó varios avances, subrayando que por primera vez se establece un mecanismo claro para la venta de terrenos con concesiones de uso agropecuario, sin incertidumbre jurídica.Cambios que reordenan la administración del recurso:
- Emisión de nuevos títulos: La autoridad del agua podrá emitir nuevos títulos manteniendo volumen, uso y vigencia, lo que brinda certidumbre tanto a productores como a adquirientes.
- Uso agropecuario: Se reconoce que la producción primaria no constituye un cambio de uso, reduciendo problemas burocráticos y evitando cargas administrativas que dificultaban la vida productiva en el campo.
- Registro Nacional de Aguas: Este registro será público, con información clara y accesible, fortaleciendo la rendición de cuentas. Esto permite que la ciudadanía conozca quién usa el agua, en qué volúmenes y bajo qué condiciones.
El legislador de Morena también puntualizó que la claridad del registro permitirá mayor precisión en los criterios para la reasignación de volúmenes provenientes de vencimientos, cesiones o extinciones de concesiones.
Más allá de lo administrativo: combate a delitos hídricos y daño ambiental
El dictamen no solo se enfoca en la eficiencia burocrática, sino que introduce mecanismos para sancionar a quienes abusen del recurso. En este sentido, se incorporan obligaciones de reparación y compensación por daños ambientales.
Esto significa que quienes afecten ecosistemas deberán asumir consecuencias concretas, y no solo administrativas. Además, se introduce un elemento fundamental en el combate a los delitos hídricos:
- Se introduce el dolo como elemento básico para sancionar.
- Se modifica la proporcionalidad de las penas para combatir el robo de agua.
Otro paso correcto para democratizar la toma de decisiones es la creación de un Comité del Fondo de Reservas, que estará integrado por varias secretarías.
Las controversias pendientes: privatización y el factor indígena
A pesar de los avances reconocidos, el vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar reconoció que aún existen temas pendientes y áreas de oportunidad que deben ser atendidas con responsabilidad.
Una de las áreas más sensibles es la posible incorporación de los sistemas comunitarios como sujetos de asignación, valorando su inclusión en los Consejos de Cuenta, incorporando incluso una representación indígena. El legislador fue categórico:
> “Dejar fuera a comunidades indígenas y sistemas comunitarios es un retroceso. La gobernanza del agua solo funciona cuando quienes viven en los territorios están presentes en la toma de decisiones.”
El otro punto de fricción fundamental es la privatización. Ramírez Cuéllar señaló que es imperativo regular o incluso prohibir la posibilidad de concesionar a privados la operación, cobro y administración del agua potable y saneamiento. Esta postura se basa en una serie de casos documentados:
- La experiencia en Puebla, Aguakan, Saltillo, Realito o Atotonilco demuestra que la privatización genera tarifas altas, mala calidad del servicio y contratos prácticamente blindados frente al incumplimiento.
Tarifas justas y fin del acaparamiento
Finalmente, el legislador agregó dos aspectos cruciales que deben establecerse para asegurar un manejo responsable del recurso:
- Medidores y acaparamiento: Es fundamental la obligación de instalar medidores y eliminar las prórrogas de concesiones sin uso, un mecanismo que históricamente alimentó el acaparamiento.
- Tarifas socioeconómicas: Debe establecerse una regla clara para definir tarifas domésticas basadas en criterios socioeconómicos, pues no pueden tratarse igual zonas de alta marginación que zonas de alto ingreso.
Alfonso Ramírez Cuéllar reiteró que México necesita una reforma hídrica moderna, transparente y sostenible. “El dictamen contiene avances valiosos, pero también áreas de oportunidad que debemos atender con responsabilidad. El agua no puede ser administrada desde la discrecionalidad ni bajo criterios que permitan abusos”, concluyó, defendiendo la ruta de garantizar el derecho humano al agua, proteger los ecosistemas y asegurar un manejo responsable del recurso para las próximas generaciones.
