La Fiscalía General de la República (FGR) enfrenta un escándalo monumental. Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que la propia Fiscalía desembolsó más de 300 millones de pesos a una empresa de seguridad, Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA), que ahora figura en expedientes penales por tráfico de armas y huachicol fiscal, exponiendo graves contradicciones institucionales.
La FGR: Cliente millonario de una red criminal
Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V. (SEICSA) recibió al menos 30 contratos por más de 300 millones de pesos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) para el resguardo de sus instalaciones en todo el país. Esta información fue obtenida por MCCI a través de un análisis de los datos disponibles en el portal de ComprasMx (antes Compranet) y la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Los contratos se asignaron entre los años 2020 y 2022 para:
- Otorgar servicios de seguridad y vigilancia en diversas sedes de la Fiscalía General de la República.
- Cubrir unidades administrativas y delegaciones de la FGR en distintos estados del país.
Tan solo en 2021, la FGR otorgó un contrato por 181 millones de pesos a SEICSA.
La paradoja central radica en que SEICSA es una de las cinco empresas de seguridad que la propia FGR acusa de participar en una red de tráfico de armas y huachicol (combustible robado), ligada a Raúl Rocha Cantú, dueño del concurso Miss Universo.
El mecanismo criminal: Licencias para traficar
De acuerdo con el expediente de la causa penal al que MCCI tuvo acceso, la organización criminal distribuía armamento a grupos delictivos.
El modus operandi consistía en:
- Utilizar empresas de seguridad privada (como SEICSA) para adquirir y rematricular armamento.
- Las armas eran entregadas a los grupos criminales, pero mantenían una licencia de portación a nombre de las compañías de seguridad.
- Este esquema impedía que los portadores del armamento fueran detenidos en flagrancia.
La red de contratos que cruza el gobierno federal
La Fiscalía General de la República no fue la única dependencia federal que contrató a SEICSA. La compañía acumula decenas de contratos entre 2018 y 2024 con instituciones clave del Gobierno federal, lo que demuestra la amplia penetración de esta red en la estructura pública.
Entre las dependencias que contrataron a SEICSA se encuentran:
- Comisión Federal de Electricidad (CFE)
- Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)
- Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
- Servicio de Administración Tributaria (SAT)
- Banjercito
- Banco del Bienestar
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
- Caminos y Puentes Federales (Capufe)
- Lotería Nacional
- También se documentaron contratos con el Instituto Nacional de Migración (INM) para la vigilancia de estaciones migratorias.
El SAT y la vigilancia del huachicol fiscal
MCCI constató que el SAT asignó contratos a SEICSA para custodiar puntos fronterizos que han sido foco de contrabando de combustible, un esquema conocido como huachicol fiscal. Estos puntos incluyeron las aduanas de Tijuana, en Baja California, y Nogales y Guaymas, en Sonora, aduanas que se han mantenido conflictivas.
Los vínculos de Segalmex y el círculo de Bartlett en la CFE
El operador clave de la red criminal y representante legal de SEICSA, Jorge Enrique Alberts Ponce, es señalado directamente en las investigaciones de la FGR como uno de los líderes de la organización, encargado de coordinar la rematriculación y distribución de armas a grupos criminales.
Alberts Ponce no solo está ligado a SEICSA; sus actividades se extienden al megafraude de Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana) a través de otra empresa de su propiedad llamada Acurgen S.A. de C.V. Esta última compañía ya había sido identificada previamente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por haber participado en desvíos de la llamada Estafa Maestra.
Lluvia de contratos en la CFE
Durante la gestión de Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), SEICSA, aún administrada por Jorge Enrique Alberts Ponce, experimentó una bonanza de contratos. La empresa obtuvo hasta 264 millones de pesos para proveer servicios de vigilancia y seguridad en inmuebles de CFE Distribución en el Valle de México.
Los vínculos de Alberts Ponce con el círculo cercano de Bartlett son directos, según la investigación:
- Acurgen S.A. de C.V. (empresa de Alberts Ponce) reporta como su domicilio el número 350 de la calle de Séneca en la colonia Polanco.
- Este inmueble es propiedad del hijo de Julia Abdalá Lemus, empresaria y pareja de Manuel Bartlett, quien tiene el usufructo del domicilio.
- Alberts Ponce declaró este domicilio de Séneca 350 en un contrato suscrito con Segalmex, donde fungió como representante de Acurgen S.A. de C.V.
El domicilio de Séneca 350 es también compartido por Servicios Profesionales de Seguridad Privada (SERPROSEP), otra compañía de seguridad. El director general de SERPROSEP, Christian Pablo Varela Escobedo, también es mencionado en el expediente de la causa penal 495/2025 contra la red de Rocha Cantú como representante legal de Servicios Terrestres de Seguridad Privada (SETER), otra de las empresas usadas para traficar armas.
Otras empresas implicadas y sus ganancias
La red criminal de Raúl Rocha Cantú involucraba a más compañías que también lograron obtener contratos con el Gobierno federal:
- Servicios Integrales Valbon, S.A. de C.V.: Acumula al menos 12 contratos que suman casi 57 millones de pesos entre 2021 y 2024 con dependencias como Capufe, IMSS, ISSSTE, Fonatur, Lotería Nacional y la Sociedad Hipotecaria Federal.
- Servicios Terrestres de Seguridad Privada, S.A. de C.V. (SETER): Obtuvo al menos tres contratos con Liconsa en 2019 y 2020, por cerca de 5 millones de pesos.
El hecho de que la Fiscalía General de la República y múltiples dependencias federales hayan inyectado cientos de millones de pesos a compañías que, según la propia autoridad, eran utilizadas como fachada para el tráfico de armas, huachicol y desfalcos como el de Segalmex, revela una profunda crisis de control interno y colusión institucional. La pregunta obligada para el círculo rojo es: ¿Cómo pudo una red criminal operar por años, no solo impune, sino financiada por las instituciones que debían vigilarla?
