El círculo rojo vuelve a centrarse en el poder corporativo: la detención de Manfred Mauricio Quintanilla por ICE en Estados Unidos, dueño de Transportistas Unidos Mexicanos (TUM), expone un patrón de impunidad. Con más de 60 procesos judiciales abiertos, sus empresas continúan facturando contratos multimillonarios con dependencias mexicanas.
El empresario en custodia de ICE
El domingo 7 de diciembre de 2025, se reportó que el empresario mexicano Manfred Mauricio Quintanilla Hernández, propietario de TUM Transportistas Unidos Mexicanos, fue detenido en territorio estadounidense.
Actualmente, Quintanilla permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el centro de detención de Adelanto, California.
Según el Sistema de Localización de Detenidos en Línea, el empresario, identificado con el Número de Registro de Extranjero 246058749, fue arrestado hace más de una semana y su situación jurídica en Estados Unidos está pendiente de definirse.
La detención de Quintanilla ocurre en un momento en que las autoridades estadounidenses mantienen un fuerte escrutinio sobre perfiles corporativos mexicanos involucrados en presuntas actividades ilícitas. Figuras como Víctor Manuel Álvarez Puga o Raúl Beyruti han intensificado la atención internacional sobre empresarios con operaciones transfronterizas.
Un historial de impunidad judicial
El caso del dueño de Grupo TUM se alinea con un historial judicial que ha crecido significativamente en los últimos años, acumulando más de 60 procesos federales y locales.
Este volumen de litigios incluye:
- Amparos.
- Juicios penales.
- Litigios mercantiles.
- Controversias administrativas.
A pesar de este cúmulo de procesos, que fue informado por Proceso el 25 de noviembre, su expansión en sectores estratégicos no se había detenido.
Tan solo entre 2024 y 2025, el empresario promovió decenas de recursos en materias penal, civil y administrativa. Entre ellos destacan más de 50 juicios federales solo en la Ciudad de México y diversas impugnaciones contra determinaciones emitidas por la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros.
Un ejemplo de estos procedimientos es el amparo indirecto 681/2025, donde Quintanilla acusó a un agente del Ministerio Público capitalino de negarle copias certificadas de una carpeta de investigación.
A los procesos federales se suman 11 juicios civiles y mercantiles en tribunales locales con empresas como:
- Tip de México.
- CSI Leasing.
- Importaciones Marktorne.
También existen demandas con particulares, entre ellos el notario Amando Mastachi Aguario.
La red de aeronaves y adeudos
La actividad litigiosa de Manfred Mauricio Quintanilla no es reciente, pues el expediente más antiguo identificado se remonta a 2016, cuando promovió un amparo contra la Cámara de Senadores por un asunto relacionado con MCS Aerocarga de México.
MCS Aerocarga de México, una empresa vinculada a Grupo TUM, ha sido señalada por presuntas irregularidades en el registro de aeronaves. Versiones periodísticas apuntan a que esta empresa posee una flotilla de al menos 12 aviones, de los cuales ocho carecen de un registro de propiedad claro tanto ante autoridades mexicanas como ante la FAA estadounidense.
Al cúmulo de procesos judiciales se le añaden:
- Un supuesto adeudo fiscal en Estados Unidos a través de la filial EVM USA LLC.
- La existencia de órdenes de aprehensión relacionadas con acusaciones por posible administración fraudulenta.
Antes de su detención, diversas fuentes ubicaban de manera recurrente a Quintanilla en Los Ángeles, Las Vegas y Miami, si bien ninguna autoridad había confirmado su estatus legal o migratorio.
Contratos millonarios bajo escrutinio
Uno de los puntos de mayor controversia alrededor de la actividad empresarial de Quintanilla es su sostenida expansión en sectores estratégicos mediante contratos públicos, los cuales permanecen vigentes y sin revisión aparente, pese a la magnitud de los señalamientos.
En el año 2024, el Servicio Postal Mexicano adjudicó a TUM Transportistas Unidos Mexicanos División Norte y a TUM Logística un contrato por hasta mil 718 millones de pesos. Este acuerdo permite a las compañías operar rutas postales troncales y primarias hasta el año 2027. Dicha adjudicación se dio luego de un proceso en el que ambas compañías fueron las únicas participantes.
Este contrato se suma al acuerdo plurianual por mil 010 millones de pesos que la misma dependencia le había otorgado en 2020 y que estuvo vigente hasta noviembre de 2023.
La sombra de la triangulación energética
En el ámbito energético, las sospechas se han concentrado en la participación de EVM Energía del Valle de México como proveedora del Sistema de Aguas de la Ciudad de México entre 2020 y 2023.
Aunque los contratos, que superan los 400 millones de pesos, fueron firmados con la razón social CFE Calificados, diversas investigaciones documentaron que la proveedora real habría sido EVM Energy.
Este mecanismo operaba sobre una acotación contractual que hacía referencia a una central eléctrica ubicada en Axapusco, Estado de México, vinculada a la familia del empresario. La omisión de esta vinculación en los documentos oficiales sostiene la hipótesis de un esquema de triangulación.
Los señalamientos también apuntan a supuestos vínculos financieros con directivos de CI Banco, así como a movimientos que podrían ser de interés para organismos como la FinCEN. Aunque estas versiones no han sido confirmadas por autoridades mexicanas o estadounidenses, forman parte de un entorno de sospechas que acompaña al empresario desde hace varios años.
La detención de Manfred Mauricio Quintanilla en Estados Unidos, bajo custodia de ICE y a la espera de una definición migratoria, pone en evidencia el profundo desfase entre la acción judicial internacional y la laxitud del sistema de contratación pública en México. ¿Cuánto tiempo más podrán mantenerse vigentes estos contratos millonarios mientras el dueño de las empresas enfrenta la justicia en el extranjero y acumula decenas de procesos en casa?
