El Evento Nexus
El tejido de la Cuarta Transformación, al entrar en su “Segundo Piso”, ha revelado una peligrosa porosidad dimensional. El Evento Nexus no es el contrato en sí —ese fantasma de $346 millones de pesos con Grupo Minsa—, sino la confirmación de su cancelación. La hemeroteca nos enseña que, en política, la cancelación es solo la autopsia de la intención.
La Presidenta Sheinbaum activó el protocolo de negación semántica: si el contrato no se ejecutó, no hay desembolso, ergo, “no hay conflicto de interés”. Esta es la justificación oficial: un error administrativo subsanado antes de que el agujero negro de la corrupción se formara por completo. La narrativa dominante es que Altagracia Gómez Sierra, la “súper asesora” honorífica y dueña del segundo gigante harinero del mundo, es una figura tan indispensable para el “Plan México” —el nearshoring, la Prosperidad Compartida— que su vínculo con el presupuesto federal es una lamentable, pero inevitable, anomalía logística.
El conflicto es sistémico, no transaccional. La verdadera ganancia de Minsa no estaba en la maquila cancelada, sino en el acceso al panel de control de la política alimentaria. El gobierno, al defender la necesidad de Minsa y Maseca para el Abasto Rural, convierte al duopolio en un servicio esencial, consolidando el beneficio estructural: aranceles que deprimen el precio del maíz al productor, y acuerdos de precios que canalizan la demanda subvencionada hacia su harina. La asesora honorífica no cobra un sueldo, pero su empresa factura un volumen de influencia incalculable.
El Eco del Pasado
La hemeroteca, esa cruel villana, no olvida la génesis de esta línea temporal.
En una línea temporal lejana, aquella de la confrontación discursiva pura, la Cuarta Transformación se fundó sobre un mantra inquebrantable: la separación absoluta entre el poder económico y el poder político. La hemeroteca está saturada de discursos contra el “tráfico de influencias,” la “mafia del poder” y, crucialmente, contra el favoritismo hacia los oligopolios que se beneficiaban de contratos masivos con el Estado.
El observador recuerda vívidamente las condenas morales hacia los funcionarios que se sentaban en mesas de decisión para regular industrias donde sus familias o sus empresas tenían intereses directos. Ese principio —el de que el interés público no puede ser simultáneamente el interés privado— era el código fuente de la épica anticorrupción.
Si uno viajara al pasado y le mostrara al ideólogo de la 4T un encabezado de 2025: “Dueña de Grupo Minsa, asesora presidencial en política económica, gana un contrato inédito de 346 millones con Diconsa”, la reacción habría sido una purga fulminante. El argumento de que el cargo es “honorífico” habría sido ridiculizado como un sofisma neoliberal, una astuta estratagema para colocar a los intereses privados en el corazón mismo del Estado. El enemigo, decían, era la hipocresía que permitía a los mismos de siempre diseñar las reglas para beneficiarse.
La Divergencia (El “What If”)
Imaginemos que el multiverso se rompe y la Presidenta Sheinbaum obedece a la versión rigurosa de su hemeroteca.
En esta realidad alterna, la doctrina de la separación de poderes tiene una fuerza gravitacional absoluta. Altagracia Gómez Sierra, al ser propietaria de un conglomerado regulado y contratado por el Estado, se habría autoexcluido del Consejo Asesor Presidencial, o simplemente no habría sido invitada. El cargo de asesora honorífica habría sido ocupado por un experto económico sin participación directa en el sector alimentario ni conflictos de interés patentes.
¿Consecuencias? El contrato DICONSA/PSG/000761/2025 nunca se habría firmado. Los funcionarios de Diconsa, al no sentir la presión implícita de “quedar bien con la jefa”, habrían sido forzados a buscar una solución competitiva y diversa. Quizá habrían desintegrado el volumen de 60,000 toneladas en contratos más pequeños, empoderando a harineras regionales y cooperativas, o regresando al modelo tradicional de nixtamal de calidad, en lugar de maquilar para el oligopolio.
Lo más importante: el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla se habría reestructurado. En lugar de subsidiar indirectamente a Minsa y Maseca deprimiendo el precio del maíz (afectando a los agricultores), la política agroalimentaria habría invertido directamente en el productor primario, rompiendo la dependencia del maíz industrial. En esta línea temporal, los campesinos de Sinaloa y Jalisco no estarían bloqueando carreteras en diciembre de 2025; estarían recibiendo precios justos.
El Colapso
El multiverso ideal, donde la ética guía la política, es fugaz. La realidad actual es un colapso doloroso de la coherencia.
La cancelación del contrato de $346 millones fue un simple ajuste de ruta, un parche en la fisura temporal para evitar que el escándalo se llevara la agenda económica. Fue la admisión tácita de que el intento de beneficio existió y que la línea entre asesor y beneficiario es tan delgada como la declaración patrimonial de un cargo honorífico.
Lo que queda es la lección de la Realpolitik: el nuevo régimen no separó al poder económico del político; simplemente cambió de socios. La crítica histórica contra la fusión de intereses se ha desactivado por completo. La filosofía del Observador se confirma una vez más: el mayor enemigo del político actual no es la oposición, es el fantasma de su propia hemeroteca. Y en la 4T, el “conflicto de interés” ahora se llama “Prosperidad Compartida”.
