El Evento Nexus
El 6 de diciembre de 2025, la línea temporal mexicana sufrió una anomalía crítica en Coahuayana, Michoacán. Un Dispositivo Explosivo Improvisado (IED) motorizado, operado por coacción o fanatismo inédito en la región, redujo a escombros una estación de policía comunitaria y cinco existencias humanas. Para cualquier observador no condicionado, el evento fue un tratado sobre la coacción estatal: una violencia planificada, indiscriminada y diseñada para inocular el pánico masivo. Fue, por definición forense, terrorismo.
La justificación actual del Estado, sin embargo, es un ejercicio de alquimia semántica. El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, junto a la Presidenta Sheinbaum, activó un “cortafuegos lingüístico”. La narrativa oficial dictaminó que el incidente era una mera “disputa entre delincuentes organizada” por el control de rutas. Argumentan que, dado que el cártel opera por lucro y no por la demolición de la estructura ideológica occidental (un requisito que, irónicamente, no exige el Artículo 139 del Código Penal Federal), el acto queda degradado a “crimen común”.
Esta minimización no es ingenuidad; es un acto de soberanía defensiva. Es el coste que el gobierno está dispuesto a pagar para evitar la designación de los cárteles como FTO por parte de una Casa Blanca recalentada por la Doctrina Trump. En la lógica de 2025, es mejor normalizar el coche bomba doméstico que invocar la AUMF estadounidense. La verdad legal ha sido sacrificada en el altar de la supervivencia geopolítica.
El Eco del Pasado
El mayor enemigo del político actual no es la oposición, es su propia hemeroteca. Y la hemeroteca tiene la imagen vívida de Omar García Harfuch en junio de 2020.
En una línea temporal lejana, Harfuch, entonces Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, era el blanco de un atentado con fusiles Barret calibre .50. Sobrevivió para tuitear desde el hospital, nombrando al CJNG y calificando el ataque de “cobarde” y frontal a la “Nación”. Aunque por disciplina institucional evitó la palabra “terrorismo” en aquel momento, la descripción fáctica —el uso de armamento de guerra para atentar contra la autoridad y sembrar el pánico en la capital— era idéntica en finalidad al atentado de Michoacán.
La contradicción no es técnica, es actitudinal. El Harfuch de 2020, herido y confrontativo, exigía justicia contra la barbarie. El Harfuch de 2025, el estadista, se ha metamorfoseado en el burócrata frío que utiliza la ley no para nombrar la realidad, sino para ocultarla. Mira el cráter de Coahuayana y lo llama “delincuencia organizada”, a pesar de que la FGR, en un fugaz momento de coherencia, lo clasificó inicialmente como terrorismo. Es la prueba definitiva de que la ética narrativa depende de si se está en la mesa de cirugía o en el Palacio Nacional.
La Divergencia (El “What If”)
Imaginemos que el multiverso se rompe y el Harfuch de 2020 cumple con la verdad operativa y la FGR inicial. Imaginemos un 2025 donde el gobierno de Sheinbaum se apega al Art. 139 CPF, no por ideología, sino por método, efecto y finalidad.
En esta realidad alterna, el Estado Mexicano anuncia: “El atentado de Coahuayana es terrorismo bajo la ley federal, y aplicaremos todo el peso de la ley contra los autores con las penas máximas asociadas a este crimen. Las víctimas serán reconocidas como víctimas de terrorismo estatal”.
¿Las consecuencias? El escenario de intervención estadounidense no se evita con la negación, sino con la frontalidad. México podría haber declarado: “Sí, enfrentamos terrorismo endógeno, y nuestra soberanía será el muro. Si el Departamento de Estado de EE. UU. designa a los cárteles como FTO, lo hará basado en nuestra propia admisión legal, pero cualquier intento de operación unilateral de drones o incursiones terrestres será considerado una violación de nuestro territorio y un acto de agresión, no de cooperación”.
En esta línea temporal coherente, la barbarie no se normaliza. Los cárteles enfrentan penas más duras, la ciudadanía obtiene reconocimiento legal para su dolor, y México mantiene su dignidad, eligiendo enfrentar al Dragón del Norte con la verdad en lugar de esconderse detrás de una mentira burocrática insostenible.
El Colapso
Pero hemos regresado a la realidad donde la verdad es plastilina y la soberanía es un pretexto.
El “What If” nos muestra que era posible nombrar al terrorismo y defender al Estado. El colapso se da cuando vemos la realidad actual: el gobierno ha optado por un cálculo cínico. Ha decidido que la verdad legal es un lujo demasiado caro cuando se trata con Washington.
La diferencia fundamental entre el Harfuch de 2020 y el de 2025 no es la naturaleza de la violencia; es el cargo que ocupa. Cuando era víctima, nombraba al agresor. Ahora que es responsable de la estabilidad macroeconómica y geopolítica del país, su deber es despolitizar la carnicería.
Y así, entre escombros calcinados de Coahuayana y la amenaza de los misiles de la potencia del norte, México ha logrado lo impensable: ha abolido el terrorismo por decreto. Los coches bomba seguirán explotando, el terror seguirá esparciéndose, pero mientras el Artículo 139 sea maleable y la sombra de Trump se cierna sobre la frontera, todo será, simplemente, “delincuencia organizada.” Un consuelo frío para los muertos.
