Reconocimiento legal de identidad de género en México: avances, rezagos y el camino pendiente

Reconocimiento legal de identidad de género en México: avances clave, retos vigentes y el impacto en personas trans y no binarias.

AL MOMENTO

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El dilema de ser reconocido: un avance legal con deudas sociales

A los 16 años, Mariana viajó con su madre desde Sonora a la Ciudad de México para hacer un trámite que en su estado natal era imposible: cambiar su acta de nacimiento para que coincidiera con su identidad de género. No fue una decisión menor. Requirieron recursos, tiempo y valor para enfrentarse a una burocracia que a menudo no entiende lo urgente. Hoy, casos como el suyo ilustran tanto los logros como las carencias del reconocimiento legal de identidad de género en México.

Un panorama en movimiento: 20 estados con reformas legales

Avances normativos dispares

Hasta marzo de 2025, 20 de los 32 estados mexicanos habían legislado para permitir el reconocimiento legal de identidad de género, aunque la cobertura para menores de edad sigue siendo limitada. La Ciudad de México fue pionera en 2014, y otros estados como Coahuila y Colima se sumaron rápidamente. Sin embargo, el reconocimiento pleno para infancias y adolescencias trans sigue siendo una deuda pendiente en la mayoría de estas entidades.

La influencia de la Suprema Corte

Decisiones clave de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han acelerado el proceso. En 2023, el máximo tribunal declaró inconstitucional excluir a personas menores de edad de estos derechos. Esta resolución presionó a congresos estatales como los de Baja California y Baja California Sur para reformar sus códigos civiles e incluir a niñas, niños y adolescentes.

Estados modelo: donde la ley reconoce a todas las identidades

Baja California y Baja California Sur

Estos estados han sido vanguardia legislativa. En 2024, ambos aprobaron reformas que no solo permiten el cambio legal de identidad a menores de edad, sino también reconocen a personas no binarias. “Un paso crucial hacia una sociedad inclusiva”, según Human Rights Watch.

Oaxaca: de la exclusión al acceso universal

En 2023, tras un fallo de la SCJN, Oaxaca anuló el límite de edad para acceder al cambio de identidad. Hoy, niños y niñas de cualquier edad pueden solicitar el trámite, un precedente inédito en el país.

Morelos y CDMX: políticas de acceso para adolescentes

Morelos fue de los primeros en permitir el trámite a partir de los 12 años mediante decreto gubernamental. En la Ciudad de México, desde 2021, adolescentes pueden acceder al cambio sin necesidad de judicializar el proceso.

Zonas grises: estados que avanzan, pero no lo suficiente

Estado de México y Jalisco

Ambas entidades tienen reformas parciales. La SCJN ya ordenó que se incluya a menores, pero los congresos estatales no han acatado completamente las sentencias. En Jalisco, en marzo de 2025, el Congreso votó en contra de una iniciativa que habría garantizado el derecho para niños trans.

Puebla: entre reformas y omisiones

A pesar de tener reformas vigentes desde 2021, en Puebla el acceso sigue restringido a personas mayores de edad, lo cual contraviene los fallos constitucionales. La legislatura ha evitado modificar la ley conforme a las exigencias judiciales.

Rezagos persistentes: entidades sin marco legal claro

Los estados rezagados

Aunque no se han detallado los 12 estados que aún no legislan, HRW señala que en al menos dos de ellos existen mecanismos administrativos que permiten el trámite sin reforma legal. Sin embargo, esto genera incertidumbre jurídica y desigualdad en el ejercicio de derechos.

Federalismo y derechos humanos

El régimen federal mexicano permite que cada estado defina sus leyes civiles. Esto ha provocado un avance asimétrico en el país. Mientras algunas entidades reconocen derechos plenos, otras los restringen o los ignoran, creando una suerte de “lotería geográfica” para las personas trans.

Más allá de los papeles: impacto en la vida cotidiana

Discriminación estructural y violencia

Tener documentos que reflejen la identidad autopercibida reduce significativamente los riesgos de discriminación, sobre todo en salud, educación y empleo. No obstante, muchas personas trans siguen enfrentando violencia institucional, incluso cuando ya cuentan con documentación legal.

Brechas para personas no binarias

Aunque algunos estados han avanzado en el reconocimiento de identidades no binarias, el resto del país mantiene una visión binaria del género en sus registros civiles. Esto invisibiliza a una parte creciente de la población, que no se identifica como hombre ni mujer.

Infancias trans: entre el estigma y la esperanza

Los menores trans enfrentan doble discriminación: por su edad y por su identidad. Acceder a un acta de nacimiento que refleje su género puede significar la diferencia entre una infancia segura o una marcada por la exclusión. Organizaciones como la Red de Familias Trans apuntan que la salud mental mejora significativamente cuando se respeta su identidad desde temprana edad.

Lo que falta: retos estructurales y políticos

Falta de armonización legal

El hecho de que cada entidad legisle por separado dificulta la generación de políticas públicas integrales. Un reto clave es crear un marco federal base que establezca estándares mínimos para el reconocimiento de identidad de género en todo el país.

Capacitar a las autoridades

Funcionarios del registro civil, personal médico, docentes y servidores públicos carecen muchas veces de formación en derechos humanos y diversidad sexual. Esto retrasa y entorpece el acceso efectivo al derecho, incluso en estados con leyes progresistas.

Financiamiento y voluntad política

Reformar leyes es solo el primer paso. Hace falta presupuesto, campañas de difusión y voluntad política para garantizar que las reformas se traduzcan en práctica. Sin eso, los derechos quedan en el papel.

El reconocimiento legal es solo el comienzo

Lograr el reconocimiento legal de la identidad de género en México ha sido un triunfo de la sociedad civil y de personas trans que han luchado por años. Sin embargo, el camino está lejos de completarse. La desigualdad entre estados, la exclusión de infancias y la falta de políticas nacionales impiden que este derecho sea universal.La pregunta clave no es solo “¿Cuántos estados han legislado?”, sino “¿Cuántas personas viven su identidad con dignidad, sin miedo y con derechos plenos?

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