Tras una larga batalla legal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha fijado la fecha para el cobro del adeudo fiscal del Grupo Salinas, un monto que asciende a 51 mil millones de pesos. Este proceso legal, defendido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como un estricto cumplimiento de la ley, desvela las claves del adeudo fiscal Grupo Salinas y el destino social que se dará a estos cruciales recursos.
El cronograma: un pago millonario en enero de 2026
El director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, detalló en la conferencia de prensa de Palacio Nacional el cronograma para este proceso. En enero del año próximo (2026), Grupo Salinas deberá pagar al erario 51 mil millones de pesos.
Martínez Dagnino precisó que el corporativo tiene derecho a “ajustes” (descuentos) una vez que manifieste su intención de saldar el adeudo fiscal. Estos ajustes están permitidos por la ley.
El director del SAT puntualizó que, conforme a la legislación vigente:
- El ajuste podrá ser hasta de 39 por ciento.
- Se requerirá el pago por 51 mil millones de pesos conforme al Código Fiscal de la Federación.
- Una vez que surta efectos la notificación del requerimiento, se inicia el plazo para el pago voluntario.
- Si no pagan, la presidenta Sheinbaum Pardo indicó que “ya viene otro proceso, que ya sería tema posterior”.
El origen del adeudo y la resolución de la SCJN
El caso del adeudo del Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, se inició porque la autoridad fiscal determinó que el corporativo tenía saldos pendientes correspondientes a los ejercicios fiscales de seis años, que abarcan de 2008 a 2013.
La fiscalización determinó que los reportes de pérdidas emitidos por las empresas del grupo resultaron improcedentes. Este hecho provocó una cadena impugnativa que concluyó con la decisión definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La SCJN resolvió que los amparos interpuestos “no son procedentes”, lo que dejó fijas las resoluciones de los tribunales y obliga al SAT a proceder al cobro.
El monto final es de 51 mil millones de pesos porque “la ley también dice que se va actualizando”, según lo establecido por las resoluciones de los tribunales.
Sheinbaum: de la ley fiscal al destino social de los recursos
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que el asunto es un procedimiento legal y no tiene tintes personales o políticos. “Es la ley, es la ley”, afirmó.
Sheinbaum Pardo destacó que los recursos que se obtengan se destinarán a incrementar los alcances de los programas sociales, como las becas. Mencionó que, por ejemplo, la pensión Mujeres Bienestar cuenta con un presupuesto de 59 mil millones de pesos para el próximo año. “La verdad, ojalá paguen”, expresó la presidenta.
La mandataria insistió en que su gobierno tiene que cumplir la ley y que el derecho de las empresas a solicitar “descuentos, vamos a decirlo así, de acuerdo y de conformidad con el Código Fiscal”, está vigente.
El fin de las condonaciones discrecionales
La presidenta señaló que el país ha incrementado la recaudación en años recientes debido a que ya no existen las condonaciones discrecionales que anteriormente se autorizaban, práctica que asoció con la corrupción.
Adjudicó el resultado positivo en el renglón de la recaudación a tres factores clave:
- La medida impulsada por el expresidente López Obrador, que elevó a nivel constitucional la prohibición de condonar de manera discrecional.
- La falta de corrupción en la gestión actual: “no hay corrupción”.
- El destino transparente de los recursos, evitando la práctica oscura de apoyar “solo a los de arriba, como ocurrió en la época del Fobaproa”.
Como ejemplo de la aplicación de estos recursos, destacó la Refinería Olmeca (Dos Bocas) que, a pesar de las críticas, “está produciendo 300 mil barriles diarios de gasolina y diésel que antes se importaban”.
Ante la insistencia de periodistas sobre el derecho a obtener rebajas, especialmente cuando el propietario del Grupo Salinas ha criticado a su gobierno, la presidenta reiteró la aplicación de la ley. “De lo demás ya no voy a opinar; la verdad, no creo que valga la pena”, zanjó.
La aplicación estricta de la ley fiscal en un caso de tan alto perfil y contra uno de los empresarios más influyentes del país no solo redefine la relación entre el poder económico y el Estado, sino que también establece un precedente sobre la imparcialidad de la autoridad tributaria. ¿Será este un hito irreversible en el fin de las condonaciones discrecionales en México?
