Tras casi tres años de lucha, la justicia poblana ha dictado una sentencia histórica. Un tribunal halló culpable a Javier López Zavala, excandidato a gobernador de Puebla y expareja de la víctima, por el feminicidio de Cecilia Monzón. Este fallo, resultado de un largo y complejo juicio oral, se erige como un parteaguas contra la impunidad política en México.
El fallo condenatorio contra el excandidato a gobernador
El Tribunal de Enjuiciamiento de Puebla determinó que el expolítico del PRI, Javier López Zavala, es culpable del feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón. La resolución judicial se emitió luego de tres años del asesinato de Monzón y tras ocho meses del inicio del juicio oral.
El fallo condenatorio es también para los dos autores materiales, identificados como:
- Jair N (o Jair ‘N’), quien es sobrino de López Zavala.
- Silvestre N (o Silvestre ‘N’), quienes fueron los sicarios que le arrebataron la vida a la activista.
La sentencia, dictada a finales de 2025, llega después de una prolongada batalla legal marcada por la presión social de grupos feministas y activistas por los derechos humanos. El proceso contó con más de ocho meses y 80 audiencias ante el juez, las cuales estuvieron marcadas por aplazamientos, recursos y el uso de múltiples tácticas dilatorias por parte de la defensa.
El entramado del crimen y las motivaciones del autor intelectual
Cecilia Monzón, quien era madre del hijo de López Zavala y su expareja, fue asesinada el 21 de mayo del 2022 en San Pedro Cholula, en el estado de Puebla. El ataque fue perpetrado por dos sujetos que viajaban en una motocicleta y dispararon contra la abogada cuando ella se encontraba en su camioneta.
El tribunal poblano consideró acreditado que Javier López Zavala, quien fue candidato a la gubernatura de Puebla en 2010, fue el autor intelectual del feminicidio y quien ordenó el ataque armado. La Fiscalía del Estado demostró a través de pruebas, como las llamadas entre los culpables y varios testimonios, que el atentado fue planeado por el excandidato como represalia.
La motivación explícita fue la existencia de demandas de pensión alimentaria y violencia familiar que Monzón había interpuesto contra él.
La lucha por la justicia y el impacto de la “ley Monzón”
La familia de Cecilia Monzón ha estado luchando por justicia durante casi tres años y ha expresado su esperanza de que se aplique la pena máxima por el delito de feminicidio. Específicamente, la familia ha solicitado al tribunal la condena máxima de 60 años de prisión, como lo marca el Código Penal.
Al frente de la estrategia legal se mantuvo Helena Monzón, hermana de la activista, quien se ha mantenido firme en la búsqueda de condenas severas para los asesinos.
El feminicidio de la abogada ha generado una profunda conmoción en México, exponiendo la desprotección de las mujeres que denuncian violencia de género, incluso cuando se trata de figuras públicas. Colectivos feministas señalaron que el caso expone que la violencia de género institucional es latente en un país donde los imputados hacen uso de múltiples tácticas de dilación para evadir la ley.
Violencia previa y un precedente legislativo
Durante el juicio, los jueces han señalado que existen elementos suficientes para tipificar el asesinato como un feminicidio. Entre esos elementos se encuentran:
- La relación de la víctima con el agresor.
- Las amenazas previas documentadas.
- El contexto de desigualdad de poder entre ambos.
El tribunal destacó la importancia de las denuncias previas que Cecilia Monzón realizó un año antes de morir y que por aquel entonces no recibieron protección por parte de las autoridades. Este caso se ha convertido en un ejemplo más de la revictimización que viven las víctimas y sus familias en México.
Como antecedente penal, el pasado mes de noviembre el Tribunal de Enjuiciamiento había ratificado la condena de seis años de prisión contra López Zavala por violencia familiar (por segunda vez). La defensa del excandidato interpuso un amparo contra esta decisión que aún no ha sido resuelto.
Más allá de la condena, Helena Monzón impulsó junto a legisladoras de todos los partidos una ley que retira la patria potestad a los feminicidas, bajo la premisa de que un violentador nunca puede ser un buen padre. La ley ha sido bautizada en todo el país como “Ley Monzón”.
La conclusión de los jueces ha sido recibida por organizaciones de la sociedad civil como un punto de inflexión contra la impunidad en Puebla y un parteaguas en el acceso de las mujeres a la justicia. El caso Monzón marca un antes y un después en la lucha contra los feminicidios.
La sentencia podría superar varias décadas en prisión, marcando un precedente de justicia para miles de mujeres en el país que continúan esperando protección y reparación del daño ante el sistema. Ahora, la mirada se centra en la cuantía de la pena: ¿serán suficientes las décadas en prisión para resarcir la violencia institucional que permitió el asesinato de Cecilia Monzón?
