El decreto del Gobierno Petro que fijó un aumento del 23% al salario mínimo vital para 2026 ha sacudido el panorama económico de Colombia. Mientras el Ejecutivo busca proteger el poder adquisitivo frente al costo de vida, la medida automática impactará drásticamente tarifas esenciales y genera una ola de rechazo entre gremios y analistas por su posible efecto inflacionario.
Las alertas económicas en Colombia por el incremento del salario
En una alocución presidencial, el jefe de Estado informó un aumento del 23% en el salario mínimo vital, que ascenderá a 2 millones de pesos, incluido el auxilio de transporte. De esta manera, el salario mínimo que regirá en 2026 será de $1’750.095, mientras que el auxilio de transporte fue fijado en $249.095.
El incremento total del 23% elevó el salario mínimo desde $1.423.500 hasta los $2.000.000 (cifra que incluye el auxilio de transporte). Esta subida, sin precedentes recientes, ha generado preocupación inmediata en el círculo rojo, incluyendo a gremios y analistas que manifiestan su rechazo. Fenalco, por ejemplo, tildó el aumento como irresponsable.
La preocupación por la inflación y la informalidad
Economistas advierten que el aumento podría tener impactos negativos sobre la inflación, la informalidad y el costo de vida en alza en el país.
Según Jorge Restrepo, profesor de economía de la Universidad Javeriana, un incremento tan elevado no es sostenible: “Un aumento muy por encima de la inflación es un empujón que no es duradero porque se transmite en más inflación (…) con un efecto macroeconómico que desestabilizaría la economía colombiana”.
- Proyección de inflación: En Colombia se estima una inflación en torno al 4% para el año entrante (2026), según el Banco de la República.
- Informalidad laboral: Cerca del 50% de los trabajadores colombianos, que en su mayoría tienen empleos informales, no llegan a ganar un salario mínimo, según cifras del Dane.
El golpe al bolsillo: tarifas y servicios que se dispararán en 2026
El incremento del 23% representará una subida automática en costos y tarifas de varios servicios que aún están indexados al salario mínimo en el país. El efecto del aumento, que se sentirá en 2026, obliga a la ciudadanía a “alistar el bolsillo”.
El ajuste se aplicará directamente a los siguientes rubros:
- Aportes a seguridad social (salud y pensión).
- Cuotas moderadoras de las EPS.
- Multas de tránsito y otras sanciones como tasas judiciales.
- El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).
- El precio de viviendas de Interés Social (VIS) y de Interés Prioritario (VIP).
- Tarifas de parqueaderos.
- Servicios de notariado y registro.
- Contratos fijados en salarios mínimos.
- Transporte público.
- Pago de administración de edificios y conjuntos residenciales.
- Aportes al Sena.
- Matrículas de colegios y universidades.
Colombia a la cabeza de Suramérica: un panorama de contrastes regionales
El aumento del salario mínimo en Colombia para 2025 (sic) se da en un escenario regional marcado por contrastes entre inflación, poder adquisitivo y ajustes salariales. Colombia, con su 23%, encabeza la lista de aumentos junto a Venezuela, que implementó un aumento porcentual similar.
El abismo entre el salario y el costo de vida en países vecinos
La comparación regional evidencia que ningún país de América Latina enfrenta una dinámica homogénea en inflación ni en capacidad real de compra. El ajuste colombiano intenta evitar la pérdida persistente del poder adquisitivo vista en otras naciones:
- Venezuela: Lidera el aumento porcentual del salario mínimo integral con 23,8%. No obstante, su ingreso mensual apenas alcanza los 160 dólares y convive con una inflación estimada del 483%, lo que reduce significativamente el impacto real.
- Bolivia: Aplicó un aumento del 20% en un contexto inflacionario del 19,6%. Su salario mínimo es de 474 dólares.
- Argentina: Registra uno de los salarios mínimos más bajos de la región medido en dólares, con 230 dólares mensuales, tras un aumento del 12,49% frente a una inflación del 31,4%.
Estabilidad y ajustes moderados en el sur del continente
En contraste con las economías de alta inflación, los países con control de precios implementaron aumentos más moderados y medidos:
- Uruguay: Posee el salario mínimo más alto de Suramérica en dólares (648 dólares). Realizó dos incrementos que suman 7,54%, con una inflación controlada del 4,1%.
- Chile: Decretó un aumento del 5,19% en un entorno inflacionario del 3,4%. Su salario es de 590 dólares.
- Brasil: Ajustó un 6,79% frente a una inflación del 4,46%. Su salario es de 295 dólares mensuales.
- Ecuador: Aplicó el incremento más bajo de la región, del 2,6%, con una inflación del 1,05%. Su salario es de 470 dólares.
- Perú: Su salario mínimo, de 335 dólares, permaneció congelado desde 2022, pero registró un ajuste del 10,2% con una inflación baja del 1,37%, lo que se tradujo en una mejora real del ingreso.
- Paraguay: Estableció un aumento del 3,6% que entrará en vigor el 1 de julio de 2026, en línea con una inflación del 4,1%. Su salario es de 428 dólares.
Mientras el Gobierno Petro defiende la medida como un escudo contra la carestía, el riesgo de que el 23% se transfiera rápidamente a la canasta básica y a la pérdida de empleos formales pende sobre la economía. ¿Logrará Colombia sostener un salario tan elevado sin desestabilizar la inflación estimada por el Banco de la República o esta decisión profundizará la brecha entre el sector formal y el 50% de trabajadores informales?
