Grupo Salinas cerró sus controversias fiscales de más de 20 años con el Gobierno de México el 29 de enero de 2026, aceptando pagar un monto total de 32,132.9 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT). El conglomerado, que preside Ricardo Salinas Pliego, informó que la decisión se tomó para “dar vuelta a la página” y poner fin a lo que califican como una “persecución sistemática”, a pesar de mantenerse en desacuerdo con la legitimidad de las exigencias. Este pago, que según el grupo “trasciende los límites de los acuerdos originalmente pactados en 2024”, liquidará por completo las deudas exigidas en este largo litigio.
El SAT precisó que el pago de este adeudo histórico no se realizó en una sola exhibición. El grupo empresarial ya ingresó a la Tesorería de la Federación un primer abono de 10,400 millones 630 mil 537 pesos, y el saldo restante será cubierto en 18 pagos subsecuentes.
El acuerdo de pago con el SAT: cifras exactas y plazos
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó el 29 de enero de 2026 que el grupo empresarial cumplirá con las resoluciones judiciales pagando un monto total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos. Es importante señalar que, si bien el SAT se refirió al deudor simplemente como “un grupo empresarial”, Grupo Salinas confirmó públicamente que se trataba de ellos, declarando: “A partir de ahora, no debemos nada al gobierno”.
La aplicación del Código Fiscal y el descuento del 37.2%
El monto final acordado por 32,132.9 millones de pesos representa una reducción significativa respecto a la cifra que originalmente debía liquidarse. En noviembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había resuelto que las empresas de Salinas Pliego debían pagar un adeudo de 51 mil millones de pesos.
El acuerdo de pago implica que Grupo Salinas abonará 37.2 por ciento menos que los 51 mil millones de pesos que tenían como fecha límite de pago el viernes previo a la negociación. Este diferencial se explica, según el SAT, porque el monto final resulta de aplicar los beneficios y descuentos a los que “todo contribuyente tiene derecho, de acuerdo con la ley” y a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación. Este margen de negociación fiscal es el que, según la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el equipo del corporativo había estado buscando hasta los últimos momentos.
El mensaje de Grupo Salinas: pago sin convicción
La postura oficial de Grupo Salinas es de cumplimiento forzado, más que de aceptación de la justicia de la deuda. En un comunicado emitido a través de sus redes sociales, la empresa fue categórica al indicar que el pago no se realiza por convencimiento.
“Deberemos pagar aún más. No por convicción, ni porque aceptemos que sea lo justo, sino porque buscamos dar vuelta a esta página y poner fin a esta sistemática campaña en nuestra contra”, se lee en la misiva del conglomerado.
Fin a la persecución sistemática
La administración del corporativo, que en el pasado ya había acusado persecución política y se había movido entre “piruetas judiciales”, insiste en que el objetivo de liquidar el adeudo es concentrarse en la creación de valor para México y las más de 200 mil familias que dependen de su grupo empresarial.
Grupo Salinas aprovechó el anuncio para recordar que, durante los últimos 20 años de operaciones, sus empresas han pagado más de 300 mil millones de pesos en obligaciones fiscales, un dato que utilizan para sostener que “nadie puede decir que no cumplimos”.
Contexto político y la crítica al modelo fiscal
La conclusión de este litigio se produce en un contexto de alta tensión mediática. El propio Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, ha mantenido una posición pública crítica hacia el sistema recaudatorio mexicano. Anteriormente, el empresario ha solicitado transparentar con exactitud los impuestos que se descuentan a los trabajadores y ha rechazado cualquier vínculo con partidos políticos, pese a que encuestas como la de Gobernarte de enero de 2026 lo posicionaron como el favorito para abanderar al PAN en 2030, incluso por encima de figuras de carrera como Ricardo Anaya y Lilly Téllez.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había reportado que, hasta los últimos momentos antes del acuerdo, el corporativo seguía estirando la negociación para lograr pagar la cifra mínima posible. Finalmente, el abono se realizó casi una semana después de la fecha límite establecida por las resoluciones judiciales.
El saldo de este largo pulso deja una pregunta clave: ¿El uso de beneficios legales para reducir deudas fiscales multimillonarias resuelve el problema estructural o simplemente marca una tregua costosa entre el fisco y los grandes corporativos?
