El partido Morena atraviesa un fuerte conflicto interno en Campeche después de que diez de los dieciséis legisladores locales rompieran con la Gobernadora Layda Sansores, a quien señalaron por presunta persecución política. La disputa se originó por el rechazo de los diputados a una iniciativa de Ley de Ingresos 2026 que buscaba contratar una deuda pública estatal por mil millones de pesos. Este quiebre se oficializó el 3 de febrero.
La tensión escaló la semana previa cuando elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) cercaron el recinto legislativo, supuestamente para ejecutar una orden de aprehensión contra al menos dos diputados, incluido el líder parlamentario José Antonio Jiménez. Este cerco fue el detonante de la denuncia pública de persecución y la respuesta legislativa para proteger a los disidentes.
El rechazo a la iniciativa de deuda y el origen del conflicto
La controversia con la mandataria estatal inició en diciembre pasado, cuando el Congreso recibió la propuesta de iniciativa de Ley de Ingresos 2026. Esta propuesta planteaba la contratación de deuda pública por mil millones de pesos, una cifra que los legisladores disidentes de Morena consideraron excesiva.
El líder parlamentario José Antonio Jiménez anunció que el grupo analizaría la propuesta con detenimiento y buscaría alternativas claras para evitar endeudar al estado. Esta posición de autonomía marcó la división, ya que Sansores impulsaba la aprobación de dicha iniciativa.
Acusación de persecución y la respuesta legislativa
Durante la instalación del pleno para iniciar el periodo ordinario de sesiones de la 65 legislatura de la entidad, el Diputado José Antonio Jiménez denunció ser blanco de persecución política. Expuso que la “dignidad no se negocia ni se administra, incluso cuando hacerlo cuesta y duele”, y enfatizó que la “transformación no puede construirse con imposiciones y persecuciones”.
El grupo de legisladores que rompió con la Gobernadora actuó rápidamente para protegerse. Restauraron el fuero constitucional, mismo que había sido abrogado en 2016. La finalidad de esta medida fue evitar ser detenidos de manera arbitraria tras la presión ejercida por el Poder Ejecutivo.
El contraste de versiones: Gobierno de Campeche versus diputados
La administración estatal, dirigida por Layda Sansores, negó de forma categórica las acusaciones de represión y persecución política. En respuesta, el Gobierno de Campeche precisó que los hechos en el palacio legislativo eran un conflicto político interno, no una intervención del Poder Ejecutivo local.
Versión del Gobierno de Campeche:
- No existen órdenes de aprehensión ni carpetas de investigación abiertas contra el presidente del Congreso ni los legisladores señalados.
- El único antecedente legal corresponde a una denuncia de carácter familiar contra un Diputado, sin relación alguna con el proceso legislativo.
- La división interna de Morena fue originada por el coordinador de los morenistas (José Antonio Jiménez), a quien se acusó de excluir deliberadamente a legisladores que apoyaban la iniciativa de la mandataria para contraer la deuda. El gobierno afirmó que estas decisiones “profundizaron la división interna y explican la falta de respaldo a la propuesta de mesa directiva”.
Aclaración de la Fiscalía General del Estado (FGE):
La FGE, por su parte, aclaró el 1 de febrero de 2026 que la presencia de personal ministerial en las inmediaciones del palacio legislativo no tenía relación con órdenes de aprehensión. La presencia obedeció a “recorridos de vigilancia preventiva”, catalogados como parte de una actividad rutinaria.
La reconfiguración de la mesa directiva
Una consecuencia directa de este rompimiento interno fue la reconfiguración de las alianzas en el Congreso para la elección de la Mesa Directiva. Diputados de Morena que se mantuvieron cercanos a Sansores se aliaron con fuerzas de oposición para nombrar a un nuevo líder.
Esta alianza incluyó legisladores de Movimiento Ciudadano (MC), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN). El resultado fue la elección del emecista Paul Arce Ontiveros como presidente de la Mesa Directiva, una decisión que se tomó sin la aprobación del disidente Jiménez Rodríguez.
El debate sobre el fuero constitucional
A pesar de que los diputados restauraron el fuero para protegerse de detenciones arbitrarias, la Gobernadora Layda Sansores utilizó sus redes sociales para manifestar su postura sobre el tema.
En un mensaje del 3 de febrero de 2026, Sansores señaló que la eliminación del fuero es una “exigencia ciudadana”, que incluso estaba siendo propuesta en la nueva Reforma Electoral por la Presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria sostuvo que desde Campeche se respaldaba dicha eliminación y que ya basta del abuso que muchos políticos hacen de esta figura, la cual, a su juicio, los mantiene distantes del sentimiento popular.
La complejidad de la situación radica en que los legisladores, en un acto de defensa política, revirtieron una medida progresista de austeridad (eliminación del fuero), mientras el ejecutivo negaba la persecución, atribuyendo la crisis a un conflicto interno de liderazgo y exclusión.
