El hallazgo de una fosa clandestina en el poblado El Verde, en Concordia, Sinaloa, ha marcado un giro sombrío en la búsqueda de los 10 trabajadores mineros desaparecidos desde el 23 de enero. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que uno de los cuerpos localizados presenta características coincidentes con uno de los ausentes, lo que obliga a las autoridades a iniciar un proceso de análisis de ADN crítico.
Este evento no solo pone en relieve la vulnerabilidad del personal que labora para compañías como la minera canadiense Vizsla Silver y CICAR S.A. de C.V., sino que también expone la brutal escalada de violencia en el sur de Sinaloa, vinculada a las disputas internas del Cártel de Sinaloa que iniciaron desde septiembre de 2024.
La cronología de una desaparición masiva
Los hechos ocurrieron tras la salida de 10 ingenieros y personal técnico de un campamento ubicado en el fraccionamiento La Clementina. Estos trabajadores, empleados de la minera Vizsla Silver y de la empresa CICAR S.A. de C.V., fueron privados de su libertad el pasado 23 de enero.
La desaparición de estos trabajadores del sector minero se considera una muestra de la violencia que permea la región. Entre las víctimas figura Pablo Osorio Sánchez, un joven ingeniero civil de CICAR S.A. de C.V., cuya desaparición se dio mientras mantenía una conversación telefónica con su novia.
Identidades de los diez trabajadores buscados
La dimensión de esta tragedia se centra en diez nombres clave que han sido buscados intensamente. La FGR y las fiscalías locales manejan la siguiente lista de personas desaparecidas:
- José Ángel Hernández Vélez
- Francisco Antonio Esparza Yáñez
- José Manuel Castañeda Hernández
- Saúl Alberto Ochoa Pérez (La fuente 2 lo registra como Saúl Hernández Ochoa Pérez)
- Antonio de la O Valdez
- Ignacio Aurelio Salazar Flores
- José Antonio Jiménez Nevárez
- Javier Emilio Valdez Valenzuela
- Javier Guillermo Vargas Valle (La fuente 2 lo registra como Javier Guillermo Vargas Valles)
- Miguel Tapia Rayón
José Ángel Hernández Vélez tiene un contexto personal particular. Su esposa, Paula Delgado, relató que él es originario del municipio Cañitas de Felipe Pescador, aunque radicaba en la ciudad de Zacatecas, donde había estudiado ingeniería industrial en el Instituto Tecnológico Regional. Hernández Vélez tenía 11 meses de haberse trasladado a la mina de Concordia por una oferta de trabajo que buscaba mejorar sus ingresos, tras haber laborado siete años en la mina Capstone Cooper.
Hallazgo, cotejo y el operativo federal
La localización de la fosa clandestina se llevó a cabo la mañana del 5 de febrero en el poblado El Verde. El sitio requirió un despliegue masivo y coordinado de fuerzas de seguridad federales. En la zona fueron desplegados elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), lo que permitió intensificar las diligencias. Desde las primeras horas del 6 de febrero se observó el ingreso al sitio de una camioneta del Servicio Médico Forense (Semefo), así como de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Fiscalía Estatal.
La FGR detalló lo siguiente sobre los trabajos forenses y el operativo:
- Se encontraron cuerpos y restos humanos en la fosa clandestina.
- Uno de los cadáveres cuenta con características similares a una de las personas desaparecidas.
- Se están realizando trabajos periciales y de análisis de ADN para confirmar la identidad de los restos humanos.
- El 1º de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) trasladó a Concordia a mil 190 elementos, incluyendo 290 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, para apoyar las acciones contra los grupos delictivos que operan en la región.
Como resultado de los operativos de búsqueda, y con el apoyo de la Policía Estatal, se logró la detención de cuatro presuntos responsables, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente. Además, se obtuvieron datos relevantes en coordinación con áreas de inteligencia de la Defensa. Durante las labores de campo en Concordia, se localizaron 10 narcocampamentos, junto con municiones, equipo táctico y hasta un artefacto explosivo. La fosa clandestina continuará siendo procesada para localizar más indicios.
La desesperación de las familias y el llamado a la autoridad
Ante el anuncio del hallazgo, familiares de personas víctimas de desaparición forzada en Mazatlán e integrantes del colectivo Por las Voces Sin Justicia A.C. pidieron claridad y transparencia, pues señalaron que la incertidumbre genera revictimización.
El colectivo solicitó públicamente a la fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo y a las autoridades que:
- Informen el número exacto de cuerpos o restos localizados.
- Detallen el estado en que fueron encontrados.
- Expliquen las acciones forenses y de identificación que se están realizando.
- Establezcan mecanismos de comunicación directa con las familias de personas desaparecidas.
Paula Delgado, esposa de José Ángel Hernández Vélez, llevó la petición a un nivel superior, clamando ayuda directa a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Delgado solicitó el respaldo de la autoridad federal para aumentar el número de agentes que buscan a sus seres queridos.
La esposa de Hernández Vélez denunció en entrevista con La Jornada que el fiscal de Zacatecas, Cristian Camacho, estaba mintiendo al asegurar a medios locales que se había entrevistado con las familias de los dos zacatecanos desaparecidos, calificando la aseveración como “falsa”. Urgió a la mandataria que se entregue información sobre los avances de las investigaciones a las familias de los 10 mineros desaparecidos, señalando: “que se nos tome en cuenta, también somos humanos, que estamos muy desesperados”.
La conexión confirmada entre los restos humanos hallados en El Verde y la crisis de los 10 trabajadores desaparecidos subraya un patrón alarmante: la violencia del crimen organizado no respeta el perfil de las víctimas ni la presencia de grandes compañías internacionales. Este despliegue de fuerza federal y la respuesta desesperada de las familias no solo buscan una identificación, sino que exigen una respuesta del Estado ante la violencia que se nutre de la disputa interna del Cártel de Sinaloa. ¿Hasta qué punto es sostenible la minería y cualquier actividad económica en regiones donde el control fáctico lo ejercen grupos armados?
