El horror en la sierra de Concordia, Sinaloa, se confirmó con la identificación de José Ángel Hernández Vélez, de 37 años, uno de los 10 trabajadores de la minera Vizsla Silver Corp secuestrados el 23 de enero. Hernández Vélez, originario de Zacatecas, fue encontrado en una fosa clandestina en la comunidad El Verde. Las diligencias forenses realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) también permitieron la identificación de otros dos mineros: José Manuel Castañeda Hernández e Ignacio Aurelio Salazar, todos víctimas de un grupo armado en una zona de disputa territorial.
El rapto masivo de estos ingenieros y trabajadores, que se dirigían a la mina de oro y plata Pánuco, puso en evidencia un nivel de violencia inédito, desencadenando el despliegue de más de 1,000 efectivos de seguridad en la región. Este suceso, ligado a pistoleros del Cártel de Sinaloa, ha reavivado el temor entre las comunidades locales, forzadas a revivir los episodios de desplazamiento que datan de 2017 y 2021, según relatos de los propios vecinos.
Las identidades de los ingenieros y los detalles forenses
La FGR confirmó que uno de los cadáveres recuperados de la fosa clandestina en el municipio de Concordia corresponde a José Ángel Hernández Vélez. La noticia inicial fue difundida por el colectivo de buscadores “Sabuesos Guerreras” después de que familiares en el predio de El Verde lograran identificarlo por sus características fisiológicas aun reconocibles, a pesar de que el cuerpo presentaba signos de descomposición.
La fosa, resguardada por la Guardia Nacional, fue ubicada entre las comunidades rurales de El Verde y Zamora, en la sierra de Concordia. Las autoridades forenses comenzaron los peritajes el jueves 6 de febrero y lograron rescatar un total de diez cuerpos de esa sepultura encubierta, ubicada a 85 kilómetros de Mazatlán y 285 kilómetros de Culiacán.
Además de Hernández Vélez, las diligencias permitieron la identificación de:
- José Manuel Castañeda Hernández: De 43 años, originario de Guerrero. Fue reconocido gracias a los residuos de tatuajes de una iguana que tenía en sus brazos.
- Ignacio Aurelio Salazar: No se especifican detalles sobre su origen o edad, pero fue confirmado como la tercera víctima identificada entre los cuerpos hallados.
El colectivo “Sabuesos Guerreras” realizó un llamado enérgico a la FGR, a la Comisión Nacional de Búsqueda y al gobierno del estado de Sinaloa para que “cumplan con el deber de informar de manera digna y constante sobre el hallazgo de fosas clandestinas”.
José Ángel Hernández Vélez: la trayectoria de un ingeniero minero
José Ángel Hernández Vélez, ingeniero industrial de 37 años y originario de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas, había cursado sus estudios en el Instituto Tecnológico Regional de Zacatecas.
Su trayectoria laboral se repartió entre dos importantes empresas canadienses:
- Capstone Cooper (Cozamin): Trabajó para esta empresa minera durante siete años, según la fuente 2, o más de cinco años, según la fuente 1.
- Vizsla Silver Corp: Se trasladó a Sinaloa hace once meses para emplearse con esta compañía por una mejor oferta salarial, de acuerdo con el testimonio de su esposa, Paula Delgado. La fuente 2, sin embargo, menciona que tenía 11 años de laborar para Vizsla Silver.
Capstone Copper Cozamin, donde José Ángel fue empleado por largo tiempo, sí reaccionó a su muerte. La compañía difundió una esquela en redes sociales lamentando “profundamente el fallecimiento de nuestro querido amigo minero” y uniéndose “con sincero pesar al dolor que embarga a su familia”. En contraste, Vizsla Silver Corp, también de capital canadiense, no había emitido un comunicado hasta la tarde del domingo sobre la localización sin vida de Hernández Vélez. Vizsla Silver Corp se encuentra en “fase de desarrollo” y realiza trabajos de exploración y prospección minera en cuatro polígonos del sur de Sinaloa, en los alrededores de Concordia: Pánuco, La Garra, San Enrique y Santa Fe.
El contexto de terror y la lista de desaparecidos
Los mineros secuestrados el 23 de enero se dirigían a su trabajo en la mina Vizla Silver Corp, ubicada a unos 15 kilómetros del campamento donde vivían. El rapto, perpetrado por un grupo delincuencial identificado como pistoleros del Cártel de Sinaloa, ocurrió en una zona boscosa de las montañas del noroeste de México.
Además de los tres mineros ya identificados (José Ángel Hernández Vélez, José Manuel Castañeda Hernández e Ignacio Aurelio Salazar), los otros trabajadores privados de su libertad son:
- Francisco Antonio Esparza
- Ignacio Aurelio Salazar Flores
- Pablo Osorio Sánchez
- José Antonio Jiménez Nevárez
- Saúl Alberto Ochoa Pérez
- Antonio de la O
- Javier Vargas
- Javier A. Valdez
La dimensión del secuestro, que involucró a 10 trabajadores de una empresa internacional, ha detonado un “escándalo a nivel internacional”. El crimen es visto como el más reciente episodio de la violencia en el estado tras el estallido de la guerra intestina del poderoso Cártel de Sinaloa en 2024.
La respuesta gubernamental ha sido el despliegue de más de 1,000 efectivos de seguridad, el mayor visto para una búsqueda de desaparecidos en Sinaloa. La FGR ha informado que esta fuerza realiza cateos y labores de campo para hallar a todos los secuestrados.
La comunidad vive con miedo y la amenaza de desplazamiento
Los habitantes de la región, como Roque Vargas de Chirimoyos, un pequeño pueblo a unos 28 kilómetros del sitio de la mina, han sido testigos y víctimas de la escalada de terror.
Vargas comentó que la región ha vivido “muchos levantones (secuestros)” en meses recientes, pero fue la privación de la libertad de los mineros lo que “ha ocasionado un escándalo a nivel internacional porque era una empresa extranjera”.
Los vecinos, dueños de pequeñas huertas, están sumamente preocupados, ya que en el pasado fueron forzados a huir de sus hogares debido a pleitos internos del cártel en 2017 y 2021. La preocupación no solo proviene del crimen organizado. Vargas también relata cómo los criminales los acusaron de ser aliados de facciones contrarias para amenazarlos y forzarlos a desplazarse.
En un testimonio que revela la desconfianza hacia las autoridades, Vargas asegura: “Tenemos miedo que el gobierno nos vaya a venir a tratar mal para sacar que nosotros sepamos dónde están los mineros. Nosotros no tenemos absolutamente ninguna liga, convenio, compromiso, ni trato con ninguna de las dos facciones de crimen”.
La localización de los cuerpos en la fosa clandestina no solo confirma la brutalidad del rapto, sino que subraya la fragilidad de la vida en las zonas mineras de México, donde la disputa territorial entre facciones criminales amenaza la operación de las empresas extranjeras y, más gravemente, la existencia misma de las comunidades locales. ¿Hasta qué punto la presencia de mineras internacionales puede mitigar o exacerbar esta violencia inherente al control territorial? Es una pregunta que los habitantes de Concordia siguen pagando con su seguridad.
