La iniciativa de Reforma Electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum se perfila hacia su aprobación en la Cámara de Diputados, según la firme convicción del coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, quien anticipa un respaldo mayoritario a pesar de las resistencias iniciales. La propuesta, lejos de debilitar instituciones, busca fortalecer la democracia mediante la legitimidad popular y una rigurosa austeridad.
Los pilares de la confianza de Mier en la reforma
El legislador poblano fundamenta su optimismo en tres elementos cruciales que, a su juicio, confieren a esta reforma un carácter “irreversible”. Se observa un respaldo popular contundente, donde Mier sostiene la existencia de un mandato ciudadano explícito para reducir el costo de la política en México. Los datos de encuestas recientes confirman una aceptación superior al 70% para la propuesta de elegir a consejeros y magistrados electorales mediante voto directo.
La consistencia con la política de austeridad es otro factor determinante. Al proyectar un ahorro superior a los 20,000 millones de pesos, se estima que la oposición enfrentará un costo político considerable si vota en contra de un recorte a los “privilegios” de la burocracia electoral.
Finalmente, la capacidad de negociación del oficialismo se presenta como un activo. Aunque se reconoce la necesidad de una mayoría calificada (dos terceras partes) para las modificaciones constitucionales, Morena ha manifestado su apertura a construir consensos técnicos, particularmente en la redacción concerniente a la eliminación de las diputaciones plurinominales.
La estrategia dual: Plan A constitucional y Plan B legislativo
Ignacio Mier ha delineado con claridad la estrategia del oficialismo, indicando que el proceso no se detendrá incluso si la reforma constitucional encuentra un bloqueo. El Plan A, de carácter constitucional, constituye la prioridad actual. Este busca una reconfiguración estructural del Instituto Nacional Electoral (INE) para transformarlo en el Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC), además de proponer una reducción del Congreso y una modificación en el método de elección de las autoridades electorales.
Si no se logran las dos terceras partes requeridas para las reformas constitucionales, se activaría el Plan B. Este consiste en un paquete de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), en el cual ya se trabaja. Dicho plan solo requeriría mayoría simple para su aprobación y se enfocaría en la compactación administrativa y el recorte presupuestal operativo del sistema electoral.
El desafío de los aliados: PT y PVEM ante las plurinominales
Un aspecto que Mier optó por no profundizar, pero que representa un obstáculo significativo en San Lázaro, es la postura del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Ambas fuerzas políticas han expresado recelo ante la eliminación de las diputaciones plurinominales, dado que esta medida podría mermar considerablemente su fuerza parlamentaria. No obstante, Mier confía en que la “unidad del movimiento” prevalecerá y que se establecerán mecanismos para que la coalición Sigamos Haciendo Historia mantenga su representatividad.
La ruta legislativa: Próximos pasos en San Lázaro
El calendario legislativo para la iniciativa de Reforma Electoral se ha establecido con acciones concretas en los próximos días:
- 5 de marzo: La Mesa Directiva turnará la iniciativa a las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación.
- 9 de marzo: Se iniciará formalmente el cabildeo con las bancadas de oposición, incluyendo al Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC).
- 11 de marzo: Se llevará a cabo la primera reunión de trabajo para definir el calendario de los foros de Parlamento Abierto.
La postura de Mier subraya la trascendencia de la propuesta: “No estamos ante una ocurrencia, sino ante una necesidad de Estado. La Cámara de Diputados tiene la oportunidad histórica de devolverle al pueblo el control sobre sus árbitros electorales”, afirmó el 4 de marzo de 2026.
