La presidenta Claudia Sheinbaum oficializó la creación de un grupo de trabajo interinstitucional encargado de redactar un decreto para obligar a las plataformas digitales a detectar, reportar y eliminar contenidos que inciten directamente a la violencia tras el ataque en Torreón.
Mandato para la regulación de plataformas digitales
El gobierno mexicano desarrolla un marco normativo para forzar a las redes sociales a erradicar contenidos que promuevan la violencia física directa tras el incidente en el ejido La Unión.
El despliegue de esta política surge como respuesta al ataque perpetrado por un par de hermanos en la Escuela Secundaria Número 13, situada en el ejido La Unión de Torreón, Coahuila. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó que el decreto busca establecer la obligatoriedad para que las empresas tecnológicas gestionen la detección y remoción oportuna de publicaciones con potencial violento. La estrategia prioriza la intervención técnica sin vulnerar el derecho a la libre expresión, estableciendo una distinción operativa clara entre consultas digitales y la ejecución de una amenaza concreta.
La labor de inteligencia se enfoca en diferenciar entre una expresión aislada y el riesgo real de comisión de un delito. Según la administración federal, la vigilancia se intensificará tras confirmarse que, en al menos dos o tres casos de naturaleza similar al ataque en Torreón, los responsables mantuvieron comunicación previa a través de plataformas digitales.
Estructura operativa del grupo de trabajo
El comité regulador integra a especialistas académicos y dependencias clave para diseñar una norma técnica que impida la difusión de contenido violento sin incurrir en prácticas de censura.
El equipo encargado de redactar el decreto vinculante está constituido por la Consejería Jurídica, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Educación Pública, la Agencia de Transformación Digital y el Centro Nacional de Inteligencia. Esta estructura cuenta con el respaldo técnico de expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. La meta gubernamental es definir con precisión técnica qué tipo de contenidos serán objeto de restricción para evitar afectaciones a las libertades civiles mientras se neutraliza la apología de la violencia.
Actualidad de la agenda presidencial
La administración federal mantiene la supervisión de procesos judiciales en el caso Ayotzinapa y atiende crisis sanitarias en instituciones de salud pública en Jalisco.
En el plano administrativo reciente, la presidenta Sheinbaum desestimó las acusaciones sobre una supuesta fabricación de una nueva verdad histórica respecto a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Asimismo, el Ejecutivo federal abordó el siniestro ocurrido en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco, donde se registró el deceso de tres neonatos. Esta situación derivó en el despliegue del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, para la supervisión directa del caso. El Ejecutivo también condenó los daños materiales causados a la escultura del exmandatario Felipe Calderón por integrantes del extinto organismo Luz y Fuerza del Centro.