Rosmely Cel Pérez, aspirante a la dirigencia del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (Suchaa), fue eliminada del padrón oficial de socios, lo cual impide su participación en el proceso electoral interno y vulnera sus derechos políticos sindicales.
El quiebre del proceso democrático interno
La eliminación de la aspirante del padrón sindical busca neutralizar su participación en la elección de la nueva dirigencia y evitar la fiscalización de irregularidades.
La exclusión de Rosmely Cel Pérez del registro oficial de agremiados del Suchaa en Chetumal representa una restricción directa a sus derechos de votar y ser votada. Esta acción, denunciada por la afectada como un acto de violencia de género y obstrucción política, ocurre en un contexto donde el gremio acumula 83 años de historia sin que ninguna mujer haya encabezado la organización, a pesar de que el sector femenino representa 1,041 socias, equivalentes al 41% de la base total. Cel Pérez ha manifestado que su intención de contender responde a la necesidad de implementar mecanismos de apoyo inexistentes y detener las irregularidades administrativas que han marcado la gestión del sindicato.
Anomalías en la gestión y el padrón de socios
La actual dirigencia del Suchaa opera en condiciones de irregularidad desde 2023, tras el vencimiento de su periodo oficial y el rechazo de su reelección por autoridades laborales.
El conflicto interno se agudiza debido a la falta de actualización del padrón de socios y de los estatutos sindicales conforme a la Ley Federal del Trabajo. Manuel Negrete Gómez, socio activo, confirmó que además de Cel Pérez, otros agremiados como Benjamín Canul Carrillo y Marcial Rojas Coral fueron eliminados del registro. Este padrón, utilizado de manera discrecional en 2023 durante el intento de reelección del actual dirigente, fue invalidado previamente por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral debido a irregularidades en las boletas electorales. Actualmente, la dirigencia suma 2 años y 9 meses en un estatus de ilegalidad, manteniendo una gestión sin rendición de cuentas sobre el patrimonio sindical.
Ruta jurídica contra la exclusión sindical
Los afectados integran una estrategia legal robusta que contempla amparos, denuncias penales por fraude electoral y recursos ante instancias de derechos humanos y defensa laboral.
Ante la imposibilidad de participar por la vía convencional, los socios excluidos han anunciado la preparación de recursos ante diversas autoridades para restituir sus derechos políticos y sindicales. La estrategia incluye la interposición de amparos y denuncias ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, además de proceder contra los responsables por discriminación y violencia política en razón de género. La legitimación de una nueva elección exige obligatoriamente la recolección de firmas para solicitar una Asamblea de Elecciones ante el Centro Federal de Conciliación, proceso que el grupo de Cel Pérez mantiene activo a pesar de las barreras administrativas impuestas. Ante la incertidumbre sobre otros socios afectados, se ha habilitado la línea 9831169322 para verificar el estatus en la lista oficial de agremiados.