La controversia sobre la presidencia del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam escaló tras el respaldo público a Rubén Presuel, cuya continuidad como suplente es defendida bajo argumentos de legalidad interna frente a los intentos de remoción.
Discrepancias sobre la titularidad del consejo asesor
La legitimidad de Rubén Presuel como presidente del consejo se sostiene en su designación previa como suplente, la cual requiere respeto ante los procedimientos internos establecidos.
Ignacio Cáceres Correa, expresidente ejidal de San Ángel y Chiquilá, intervino en el conflicto administrativo que atraviesa el Consejo Asesor de Yum Balam en Quintana Roo. La permanencia de Rubén Presuel en el organismo generó tensiones debido a cuestionamientos vinculados al programa de manejo vigente. Un intento previo de destituir al funcionario durante una sesión resultó fallido, derivando en el compromiso de solicitar un dictamen jurídico formal a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Trayectoria y fundamento del nombramiento
La designación de Presuel como suplente fue validada por el entonces presidente ejidal de Holbox, Manuel Eloy González, en el marco de sus labores como participante independiente.
El ingreso de Rubén Presuel al consejo ocurrió bajo el estatus de participante independiente, ganando peso en el organismo debido a su activismo en causas regionales. Esta posición le permitió ser nombrado suplente por Manuel Eloy González, decisión que fue comunicada y aceptada por los integrantes durante sesiones de trabajo previas. El exdirigente ejidal de San Ángel enfatizó que el cargo de Presuel no debe ser desconocido de manera unilateral, subrayando que, bajo su interpretación legal, el designado ostenta la presidencia del consejo hasta que se concrete una nueva elección formal.
Exigencia de procedimientos institucionales
La resolución del mando en el consejo asesor demanda una reunión formal que garantice el apego a la normativa interna del Área de Protección de Flora y Fauna.
La postura de Cáceres Correa rechaza cualquier mecanismo de sucesión automática en favor de terceros. El análisis de la situación apunta hacia la necesidad de evitar acciones discrecionales fuera de los canales institucionales. La resolución definitiva del conflicto administrativo permanece sujeta al veredicto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, institución que debe clarificar la ruta jurídica para definir la estructura de mando del consejo asesor tras los intentos fallidos de modificar la jerarquía actual.