El estudio independiente encargado por Greenpeace revela que la totalidad de los 17 puntos de agua analizados en Yucatán presentan niveles críticos de contaminación orgánica, vinculando la presencia de bacterias fecales con la expansión de granjas porcinas y vertidos residuales.
La red de acuíferos de Yucatán enfrenta una crisis de insalubridad debido a la presencia masiva de coliformes en el agua destinada al consumo humano.
El análisis microbiológico realizado en 17 ubicaciones cercanas a Mérida, incluyendo cenotes, pozos domésticos y fuentes comunitarias, exhibe una degradación preocupante de los recursos hídricos. Los resultados técnicos demuestran que las bacterias coliformes totales alcanzaron el límite máximo detectable en 16 de las 17 muestras recolectadas durante el mes de agosto. Por otro lado, la presencia de coliformes fecales alcanzó dicho tope en 13 de los sitios examinados, lo que confirma la magnitud de la afectación en una región carente de ríos superficiales.
La geología porosa de la península facilita la filtración acelerada de contaminantes hacia las reservas subterráneas.
Debido a la ausencia de corrientes superficiales, el agua dulce de Yucatán depende exclusivamente de su acuífero subterráneo, el cual se ve comprometido por un lecho rocoso calcáreo que permite el flujo directo de desechos. El informe destaca que el 30% de los residentes locales consume agua extraída directamente de pozos y sumideros, exponiéndose a riesgos sanitarios derivados de esta polución. Aunque el origen preciso de los desechos, si humano o animal, permanece bajo investigación técnica, la coincidencia espacial con las operaciones industriales porcinas genera una señal de alerta sobre la gestión de residuos en el territorio.
El marco regulatorio ambiental muestra deficiencias operativas frente al crecimiento de la industria porcina en áreas protegidas.
Las cifras sobre la actividad ganadera industrial en la zona exponen una falta de control gubernamental significativa. Según datos citados por Greenpeace correspondientes a un reporte de 2020, solo 22 de las 257 granjas porcinas identificadas contaban con un estudio de impacto ambiental formal. Asimismo, la organización detectó que 43 de estas unidades de producción operan dentro de los perímetros de áreas naturales protegidas. Un informe de la ONU, divulgado en julio, eleva la estimación a más de 500 granjas operando en el estado con un censo superior a los 50,000 animales.
La confrontación entre la preservación del legado hídrico maya y el desarrollo industrial sectorial escala en el debate público.
Marcos Orellana, ex relator especial de la ONU, sostiene que los desechos químicos y orgánicos de estas operaciones industriales penetran el acuífero con una velocidad que afecta directamente las actividades básicas de las comunidades indígenas. Mientras que Greenpeace exige una moratoria inmediata sobre nuevas explotaciones y expansiones, actores como Antonio Zumarraga, vicepresidente del Observatorio Científico Ciudadano del Agua de Yucatán, cuestionan la responsabilidad exclusiva del sector. Zumarraga argumenta que la industria ha realizado inversiones en tratamiento de aguas y traslada la responsabilidad de la inacción a las autoridades gubernamentales por la falta de voluntad política para gestionar el problema.