El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo administra el transporte público, mantiene congeladas las tarifas de taxis y despliega el sistema Mobi digital en Chetumal y Cancún.
El marco normativo y las atribuciones del instituto de movilidad estatal
El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo ejerce el control sobre taxis, autobuses, combis y plataformas digitales bajo los lineamientos de la Ley de Movilidad aprobada en mayo de 2018.
La estructura gubernamental responde a la dirección de Rafael Hernández Kotasek, quien opera como titular del organismo encargado de diseñar las políticas de desplazamiento y otorgar las concesiones correspondientes en todo el territorio estatal. La legislación vigente establece una jerarquía estricta en la utilización de las vías públicas, otorgando la máxima prioridad a los peatones y a las personas con discapacidad, seguidos por los ciclistas, los usuarios del transporte colectivo, el transporte de carga y, en el último peldaño, los vehículos particulares. Este ordenamiento jurídico busca transformar la dinámica vial mediante la priorización de los sectores más vulnerables de la población quintanarroense.
Mecanismos de denuncia y control para los usuarios del servicio
La habilitación de una línea de mensajería instantánea permite canalizar las quejas ciudadanas contra abusos tarifarios, agresiones y conductas peligrosas al volante.
El director general del instituto implementó el número telefónico 983 185 3403 a través de la aplicación WhatsApp para recibir reportes directos de la ciudadanía, un canal operativo en horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. Para que las denuncias procedan formalmente, las autoridades exigen la aportación de datos específicos que incluyan el lugar, la fecha y la hora exacta del incidente, así como el número económico y la clasificación de la unidad involucrada, ya sea taxi, combi o autobús. Asimismo, resulta indispensable identificar el sindicato u organización gremial a la que pertenece el operador y proporcionar una descripción detallada de los hechos, enfocándose en cobros superiores a las tarifas oficiales, agresiones verbales o físicas, conducción temeraria y situaciones de acoso.
Contención de costos y el estado actual de las tarifas de taxi
Las tarifas de taxis en la entidad permanecen sin modificaciones autorizadas al corte de junio de 2026, a pesar de las solicitudes gremiales.
La postura oficial emitida por la dirección general confirma que no existe ninguna autorización para incrementar los costos del servicio de alquiler en los municipios del estado. La estrategia gubernamental condiciona cualquier futuro ajuste tarifario al avance gradual en la implementación del nuevo sistema de transporte colectivo, evitando afectaciones económicas directas a la ciudadanía mientras se consolida la modernización operativa en las principales ciudades de la demarcación territorial.
Operatividad y expansión del sistema de movilidad del bienestar
El sistema Mobi opera de manera exclusiva mediante pagos digitales sin contacto en Chetumal y Cancún, con proyecciones de ampliación territorial hacia Playa del Carmen e Isla Mujeres.
Iniciado el 1 de diciembre de 2025, este modelo de transporte colectivo eliminó por completo el manejo de efectivo en sus unidades, integrando infraestructura de paraderos y cobros procesados exclusivamente mediante la tarjeta Mobi recargable, la aplicación digital oficial o tarjetas bancarias con tecnología sin contacto. En la ruta específica que conecta con la localidad de Calderitas, en Chetumal, la estructura de cobros contempla una tarifa general de 15 pesos, una cuota preferencial de 10 pesos para estudiantes, y el acceso gratuito destinado a personas adultas mayores y usuarios con discapacidad. La consolidación de esta red contempla una fase de expansión programada para principios del año 2027 en los municipios de Isla Mujeres y Solidaridad.
Marco legal para la operación de redes de transporte digital
Las plataformas tecnológicas de transporte operan con estricto apego a la legalidad tras la reforma legislativa aprobada por el congreso estatal.
El marco jurídico experimentó una transformación definitiva en abril de 2023, cuando el poder legislativo aprobó con 23 votos a favor la reforma que regula formalmente la participación de empresas como Uber, DiDi y Cabify en el mercado quintanarroense. Las condiciones operativas exigen a los conductores contar con un permiso estatal específico y la retención de un gravamen de hasta el 1.5 por ciento por cada servicio realizado. Adicionalmente, los automóviles integrados a estas aplicaciones tecnológicas tienen la obligación normativa de portar sistemas de geolocalización satelital, cámaras de vigilancia internas y botones de pánico conectados para garantizar la seguridad de los pasajeros.