Candidatos con nexos al narco agitan la elección judicial. El PAN y Noroña denuncian irregularidades que sacuden al Poder Judicial.
Un abogado de un capo, un ministro de una iglesia polémica y una lista de aspirantes con sombras. La elección judicial en México enfrenta su mayor crisis.
¿Quiénes están detrás del escándalo judicial?
La elección de jueces y magistrados, pieza clave en la reforma judicial promovida por Morena, ha desatado una tormenta política. Lo que parecía ser un proceso para “democratizar la justicia”, terminó por revelar lo que el PAN ha calificado como una farsa con tintes criminales.
Desde el Senado, Ricardo Anaya, coordinador parlamentario del PAN, denunció que al menos 20 aspirantes tienen posibles vínculos con el crimen organizado, señalando un caso en particular: Fernando Escamilla Villarreal, abogado defensor del narcotraficante Miguel Ángel Treviño Morales, alias “El Z-40”, exlíder del cártel de Los Zetas.
“¡Cómo puede ser que el abogado de ‘El Z-40’ ande de candidato!”, exclamó Anaya en conferencia de prensa.
La voz de la oposición: una lista manchada por el crimen
Candidatos bajo sospecha
El señalamiento más grave recae en Escamilla Villarreal, cuya carrera como abogado lo vinculó directamente a uno de los capos más violentos del narcotráfico. Su presencia en la terna de aspirantes ha generado alarma dentro y fuera del Senado.
A ello se suma la inclusión de un ministro de la iglesia La Luz del Mundo, cuya organización religiosa ha sido fuertemente cuestionada tras las acusaciones de abuso sexual infantil contra su líder, Naasón Joaquín García.
¿Omisión o complicidad?
Según Anaya, estos perfiles no fueron evaluados de forma adecuada. “No hubo entrevistas reales, no se insaculó con criterios claros. Fue un cochinero“, denunció el panista.
Noroña rompe el silencio: “Nos hicieron la maldad”
Incluso desde la bancada oficialista han surgido voces críticas. El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció que el proceso estuvo lleno de errores y trampas.
“Tramposos como son los del Poder Judicial nos hicieron la maldad de enfilar a sus candidaturas como pase directo”, dijo Noroña.
Comité de Evaluación en la mira
Noroña cuestionó directamente al Comité de Evaluación del Poder Judicial, acusándolos de excluir a candidatos honestos y promover a aspirantes con historial cuestionable:
“Cepillaron a la mayoría para meter a quienes no acreditan honestidad”, afirmó.
Estas declaraciones rompen la narrativa oficial y colocan bajo la lupa no solo a los candidatos, sino también al mecanismo institucional que los eligió.
JUFED y la alerta internacional: el sistema judicial en riesgo
Ante el escándalo, la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces (JUFED) expresó su preocupación por la infiltración del crimen organizado en el Poder Judicial.
Solicitaron que organismos internacionales monitoreen el proceso, al considerar que lo que está en juego no es solo una elección, sino la integridad del sistema judicial mexicano.
¿Y el INE? Una institución limitada ante la crisis
Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Instituto Nacional Electoral, fue clara: el INE no tiene facultades para revisar los antecedentes de los candidatos. Esa labor corresponde a los comités de evaluación del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Esta declaración revela un vacío institucional: quien debería velar por la transparencia no tiene dientes legales para intervenir en un proceso marcado por acusaciones graves.
ESCÁNDALO JUDICIAL: CLAVES PARA ENTENDER EL CASO
- 20 candidatos con posibles nexos criminales: el número que sacudió al Senado.
- Fernando Escamilla Villarreal: abogado de “El Z-40”, figura central del escándalo.
- Proceso de insaculación opaco: denuncias de favoritismo y omisiones.
- Comité de Evaluación cuestionado: excluyó a candidatos sin antecedentes.
- JUFED en alerta: se teme una captura del sistema judicial.
- INE sin poder de revisión: el organismo electoral queda fuera del juego.
¿Puede un país construir justicia con bases podridas?
La crisis desatada por estas candidaturas deja una herida profunda en la credibilidad del sistema judicial mexicano. Si los órganos encargados de vigilar el proceso son incapaces de garantizar integridad, y si las voces críticas se elevan desde todos los frentes incluido el oficialismo, el país enfrenta un dilema estructural.
Este escándalo no solo pone en juego el presente de la reforma judicial, sino el futuro de la democracia mexicana. Porque donde hay impunidad, no puede haber justicia.
