En México, millones de personas aún viven desconectadas. La nueva Ley de Telecomunicaciones promete cambiar eso al declarar el internet como un derecho humano y abrir las puertas a una verdadera transformación digital con justicia social.
La Ley de Telecomunicaciones: una reforma con rostro social
El internet ya no es un lujo, es un derecho
Arturo Ávila Anaya, coordinador de los diputados de Morena, lo dijo claro:
“Es una ley de carácter social que reconoce el acceso a internet como un derecho humano”.
Este reconocimiento marca un antes y un después en la política pública de conectividad en México, abriendo la posibilidad de que millones de ciudadanos accedan a servicios digitales esenciales como salud, educación y justicia.
Tres ejes clave que transforman el acceso
La reforma se sostiene sobre tres pilares estratégicos:
- Ampliación de la cobertura: El objetivo es llevar internet a zonas rurales, marginadas y de difícil acceso, donde actualmente no hay señal.
- Aprovechamiento de infraestructura existente: Se pondrá fin al control exclusivo de grandes operadores sobre redes clave.
- Participación de sectores sociales: Universidades, centros de investigación, pymes y organizaciones sociales podrán operar y desarrollar redes propias.
Inclusión digital para pueblos históricamente marginados
Comunidades indígenas y afromexicanas, protagonistas
Por primera vez, se fomenta que los pueblos originarios y afromexicanos participen activamente en el desarrollo tecnológico del país.
“Estas que han sido marginadas históricamente y que hoy los promovemos como algo muy importante”, destacó Ávila.
El acceso digital se convierte en una herramienta de empoderamiento cultural, educativo y económico para comunidades que por siglos han estado fuera del radar estatal.
Una red justa: adiós al monopolio, hola a la equidad
Regular la competencia y democratizar el servicio
Uno de los grandes problemas del sector era que las redes de telecomunicaciones estaban en manos de unos pocos. Las pequeñas organizaciones debían pagar altos costos por rentar espacio en estas redes, lo que encarecía los servicios.
La nueva ley propone:
- Regular el modelo de competencia
- Eliminar prácticas monopólicas
- Facilitar la entrada de nuevos actores sociales y comunitarios
Así, los precios serán más justos y el servicio más diverso, con una oferta que responda a las realidades locales.
Ciudades limpias, cableado ordenado: un asunto de seguridad
El caos de cables en las calles también tiene solución
El reordenamiento del cableado urbano es otra medida destacada de esta ley. Arturo Ávila lo recordó con crudeza:
“¿Cuánta gente no ha perdido la vida incluso en este tema de los cables que están amontonados por todos lados?”
Además del aspecto estético, se busca:
- Evitar accidentes
- Proteger la infraestructura urbana
- Establecer un modelo de instalación y mantenimiento más limpio y eficiente
Protección real para los usuarios
Fin a los abusos de las grandes compañías
La ley también tiene un enfoque fuerte en derechos del consumidor. Algunas de las medidas más relevantes son:
- Eliminación de teléfonos bloqueados
- Facilitación para cambiar de compañía sin penalizaciones
- Prohibición de prácticas coercitivas o engañosas
Este apartado busca que los usuarios tengan el poder de elegir con libertad y sin obstáculos la empresa que les brinde mejores condiciones.
Medios comunitarios: ¿autonomía o amenaza?
La polémica por la publicidad local
Un punto controversial ha sido la posibilidad de que organizaciones sociales generen ingresos por publicidad local, lo que les permitiría ser autosustentables.
Mientras algunos critican este modelo por una supuesta “competencia desleal” con los medios comerciales, los defensores argumentan que:
- Fortalece la libertad de expresión local
- Permite la operación independiente de estos medios
- Diversifica las voces informativas
Esto podría dar voz a regiones y causas que hoy no tienen espacio en los grandes medios.
Un detonante clave: los contenidos antimigrantes
La urgencia detrás de la reforma
Uno de los factores que aceleró la presentación de esta ley fue la transmisión de spots con contenido antimigrante. Arturo Ávila subrayó la importancia de regular los discursos públicos:
“Es importante no caer en discursos ideológicos ni propagandísticos, pues ya se han visto las consecuencias”.
Esto plantea una dimensión ética en el uso de los medios de comunicación, donde la regulación busca proteger el tejido social y evitar mensajes de odio.
¿Y ahora qué? Un México más conectado e inclusivo
La Ley de Telecomunicaciones no es solo una reforma técnica. Es una declaración política y social: que todos los mexicanos, sin importar dónde vivan o cuánto ganen, tienen derecho a estar conectados.
Su implementación efectiva dependerá de:
- Voluntad política
- Supervisión ciudadana
- Participación activa de los actores sociales
¿Puede una ley cambiar la historia digital de un país? Si se ejecuta con visión social, justicia y participación, la respuesta es sí. La Ley de Telecomunicaciones no solo habla de cables e infraestructura: habla de inclusión, equidad y futuro. La pregunta que queda es: ¿quién se atreverá a dejar a alguien fuera?