Un escándalo que sacude a Sinaloa
Corrupción en Sinaloa. La palabra retumba con fuerza tras la decisión unánime del Congreso estatal de retirar el fuero a dos figuras clave de la política local: Gerardo Vargas Landeros, alcalde con licencia de Ahome, y Genaro García Castro, diputado local. El motivo: un millonario contrato para patrullas que podría haber violado la ley y dañado el erario.
La caída de estos actores políticos no es sólo una noticia local. Es un reflejo de las grietas institucionales que aún atraviesan a muchos gobiernos municipales en México.
¿Qué ocurrió en Ahome?
Contrato de patrullas sin licitación
En diciembre de 2021, el municipio de Ahome firmó un contrato con la empresa Grinleasing S.A.P.I. de C.V. para el arrendamiento de 126 patrullas, un acuerdo valuado en más de 171 millones de pesos.
Este contrato se suscribió sin licitación pública, a pesar de que la ley exige ese procedimiento para montos de ese tamaño.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) concluyó en 2021 que no había justificación legal para omitir la licitación. Además, advirtió un posible daño al erario por 14.5 millones de pesos, debido a que el servicio contratado no se prestó durante 2024.
La intervención del Congreso
Durante una sesión privada que duró más de seis horas, los 39 diputados presentes votaron de forma unánime para aprobar la Declaratoria de Procedencia. Este paso retira el fuero constitucional a ambos funcionarios y abre la puerta a un juicio penal.
La fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, presentó los elementos de la carpeta de investigación. Confirmó que se busca imputar delitos por ejercicio indebido del servicio público.
Los protagonistas del caso
Gerardo Vargas Landeros: del poder al banquillo
Gerardo Vargas no solo era alcalde de Ahome. Es una figura política con peso dentro de Morena y exsecretario general de Gobierno en Sinaloa. Su trayectoria lo colocaba como un actor con proyección estatal.
Horas antes de la sesión legislativa, solicitó licencia al cargo, afirmando que quería “enfrentar las acusaciones de frente y sin distracciones”.
Sin embargo, el proceso continuó y fue formalmente desaforado.
Después, publicó un video en redes sociales donde calificó el proceso como “persecución política”. Aseguró que su gestión ha sido “cercana y transparente” y que sus adversarios “temen su liderazgo”.
“No tengo nada que esconder. Defenderé mi nombre en los tribunales y ante el pueblo”, afirmó Vargas.
Genaro García Castro: un perfil cercano
García Castro fue secretario del Ayuntamiento de Ahome y, actualmente, diputado local. También estuvo directamente vinculado al contrato cuestionado.
Al igual que Vargas, fue señalado por su rol en el proceso de autorización del contrato. Su desafuero se votó en el mismo paquete, lo que indica una acción institucional decidida a fondo.
El rol de las instituciones: ¿justicia o estrategia?
Fiscalización con peso legal
La participación de la Auditoría Superior del Estado (ASE) fue crucial. Su informe no solo documentó la omisión de la licitación, sino que además alertó del uso ineficiente de recursos públicos.
En términos legales, no realizar una licitación cuando es obligatoria puede constituir una falta administrativa grave o incluso un delito, según la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Estado.
Congreso y Fiscalía: sincronía inédita
La rapidez con la que el Congreso actuó, con base en el expediente entregado por la Fiscalía, sugiere una coordinación inusual en procesos políticos de este tipo.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, defendió el procedimiento:
“Actuamos dentro del marco legal. Este Congreso no será cómplice de actos que atenten contra el patrimonio público”.
¿Qué sigue para Sinaloa?
Relevo institucional inmediato
Este viernes a las 11:00 de la mañana, el Congreso de Sinaloa planea designar al sustituto de Gerardo Vargas en la Presidencia Municipal de Ahome, así como al nuevo diputado local.
Este proceso será clave para asegurar la gobernabilidad del municipio, así como para dar continuidad a los procesos administrativos.
Judicialización y consecuencias penales
Con el fuero levantado, la Fiscalía podrá presentar formalmente ante un juez de control las imputaciones contra Vargas y García.
Si se determina responsabilidad penal, ambos podrían enfrentar sanciones que incluyen:
- Inhabilitación para cargos públicos
- Multas millonarias
- Prisión
Corrupción municipal: un mal crónico en México
Este caso no es aislado. Diversos estudios —como los de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)— han documentado que más del 60% de los actos de corrupción en México ocurren a nivel municipal.
La falta de mecanismos de control interno, baja transparencia en adquisiciones y la cercanía de intereses políticos crean un entorno perfecto para irregularidades.
Casos como el de Ahome muestran que la opacidad en la contratación pública sigue siendo uno de los mayores retos para la gobernanza local.
¿Una señal de cambio?
Este episodio podría marcar un precedente importante en Sinaloa y en el país. La actuación del Congreso, la apertura del proceso penal y la rápida cobertura mediática colocan un mensaje claro:
La inmunidad política ya no es garantía de impunidad.
Pero la pregunta clave es: ¿habrá consecuencias reales? ¿O se tratará solo de un espectáculo político previo a las elecciones?
Este caso es un espejo del sistema político mexicano. ¿Qué pasaría si todos los contratos municipales fueran auditados con el mismo rigor? ¿Cuántos funcionarios más perderían su fuero?
Más allá del caso Vargas, urge repensar el modelo de adquisiciones públicas y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas. Porque mientras la impunidad siga siendo norma, la corrupción seguirá siendo rutina.
