Tras años de impunidad y señalamientos, el ex magistrado numerario y ex subfiscal de Nayarit, Rodrigo “N”, fue ingresado al penal federal de El Rincón. Detenido en el extranjero y extraditado a México, ahora enfrenta cargos graves, incluyendo la destrucción de evidencia en casos de desaparición forzada. Este proceso judicial marca un hito crucial para las víctimas en Nayarit.
La extradición y la formalización de los cargos
El 9 de diciembre, Rodrigo “N” fue entregado a las autoridades mexicanas en el puente internacional que conecta Ciudad Juárez con El Paso, Texas, luego de un proceso migratorio en Estados Unidos. El ex funcionario había sido detenido en octubre en Nueva Jersey y permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Cabe señalar que el Congreso local le había retirado el fuero en noviembre de 2024, pues desde esa fecha ya era considerado prófugo de la justicia.
Una vez en México, fue presentado ante un juez de control federal en Tepic, quien dictó prisión preventiva oficiosa en su contra. Los cargos que enfrenta son de extrema gravedad e incluyen:
- Obstaculización de investigaciones de desaparición de personas.
- Destrucción de evidencia.
- Violación equiparada.
La defensa del acusado solicitó de inmediato la ampliación del plazo constitucional a 144 horas, por lo que la audiencia de vinculación a proceso ha sido programada para el próximo lunes a las nueve de la mañana.
La operación para destruir la verdad en la Fiscalía
Según los datos presentados por la Fiscalía General de la República (FGR), el ex funcionario habría utilizado su posición para manipular y frenar investigaciones de personas desaparecidas en el estado desde el año 2017.
Uno de los casos más sensibles que lo vinculan directamente es la llamada fosa de los 21. En esta fosa se localizaron prendas y objetos personales pertenecientes a víctimas de desaparición forzada.
La carpeta de investigación de la FGR detalla que estos indicios fueron intencionalmente destruidos. La orden habría sido girada directamente por Rodrigo “N” mientras este ocupaba la Dirección General de Investigación Ministerial de la Fiscalía de Nayarit.
Durante la audiencia inicial, la solidez de los argumentos de la FGR se basó en contundentes testimonios, incluidos los del encargado de la bodega de indicios y de la exfiscal de búsqueda. Ambos señalaron que fue el ex funcionario quien ordenó eliminar la evidencia que se había recuperado. Estos elementos probatorios fueron clave para que el juez federal determinara la medida cautelar de prisión preventiva.
El clamor por justicia de los colectivos
El proceso contra Rodrigo “N” ha reavivado la esperanza y la exigencia de justicia por parte de los familiares de las víctimas. Rosa María Jara, quien funge como presidenta del colectivo Voz por Nuestros Corazones y es madre de una de las víctimas, aseguró que dará un seguimiento puntual al proceso.
Jara pidió a las autoridades que la investigación no se detenga con el ex magistrado y que se logre identificar y procesar a todos los implicados en la red de corrupción y encubrimiento.
> “Yo sí quiero justicia, pero también que caigan todos los perpetradores porque esto no lo hizo solo y ni siquiera tuvimos la oportunidad de conservar las prendas de nuestros hijos, que hubieran permitido identificar a más responsables”, declaró la activista.
Tras la audiencia inicial en Tepic, Rodrigo “N” fue ingresado al penal federal de El Rincón, donde permanecerá recluido mientras se resuelve su situación jurídica y continúa el proceso judicial.
Este caso, que involucra a un ex magistrado numerario con cargos tan graves como la destrucción de pruebas esenciales para las familias que buscan a sus hijos, pone de manifiesto la necesidad urgente de depurar las estructuras judiciales y ministeriales en el país. La presión de la sociedad civil, evidenciada por la tenacidad de colectivos como Voz por Nuestros Corazones, es el motor que empuja a que este caso no se convierta en una cifra más de impunidad. La próxima semana, la audiencia de vinculación a proceso determinará si los señalamientos de la Fiscalía General de la República son suficientes para abrir formalmente un juicio por crímenes que han lacerado la confianza pública y profundizado el dolor de miles de familias en Nayarit.
