En julio de 2025, un hallazgo sin precedentes en Coahuila redefinió el panorama del robo de combustible en México. Cerca de Saltillo y Ramos Arizpe, las autoridades incautaron 129 carrotanques de ferrocarril con más de 15.4 millones de litros de hidrocarburos ilícitos, una operación que reveló la alarmante sofisticación del “ferro-tanque huachicol”, el nuevo rostro del crimen organizado en el país.
La metamorfosis del crimen: de la ordeña rústica a la logística transnacional
La lucha de México contra el robo de combustible ha sido una saga de adaptación criminal frente a la presión estatal. Lo que inició como un delito localizado y de alto riesgo se ha transformado en una compleja empresa logística globalizada, demostrando la audacia de las redes criminales para innovar y superar las contramedidas gubernamentales.
El “huachicol clásico”: ordeña de ductos y control social
El robo de combustible, conocido como huachicol o ordeña de ductos, ha sido un problema endémico para Petróleos Mexicanos (Pemex) durante décadas. Tradicionalmente, consistía en la perforación ilegal de la vasta red de ductos. En la década de 2010, los cárteles del crimen organizado lo integraron como fuente principal de ingresos, convirtiéndolo en un negocio lucrativo.
Este modelo tenía una dimensión social compleja, ya que los grupos criminales se ganaban el apoyo de comunidades empobrecidas en estados como Puebla, Hidalgo y Veracruz, ofreciendo combustible barato y empleo. Sin embargo, esta modalidad era inherentemente peligrosa, provocando tragedias como las explosiones en San Martín Texmelucan, Puebla, en 2010 (29 muertos) y en Tlahuelilpan, Hidalgo, en 2019, donde murieron más de 130 personas.
El “efecto cucaracha”: presión estatal y adaptación criminal
Al asumir el cargo en diciembre de 2018, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una ofensiva frontal contra el huachicol, centrada en cerrar el flujo por ductos vulnerables y desplegar a miles de elementos de las fuerzas armadas. Esta táctica tuvo éxito en reducir la ordeña, con el gobierno afirmando una disminución del 90% al 94%.
No obstante, la presión estatal no eliminó el mercado ilícito, sino que lo transformó. Los analistas lo describen como una “mutación” o el “efecto cucaracha”: al verse restringido el acceso a los ductos, las redes criminales diversificaron sus métodos, aumentando el secuestro de autotanques (pipas) y desarrollando modalidades más sofisticadas.
El nacimiento del “huachicol fiscal” y las operaciones “ferro-tanque”
La adaptación criminal dio paso a dos nuevos paradigmas que superan la complejidad de la ordeña:
- Huachicol fiscal: Este delito es fundamentalmente contrabando transnacional. El combustible, a menudo de origen estadounidense, se introduce sin pagar impuestos como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Para evadir aranceles, se declara fraudulentamente como un producto con menor carga fiscal, como “aceites lubricantes” o “aceite vegetal”. Este esquema requiere redes de empresas fachada, funcionarios de aduanas corruptos y logística internacional con buques cisterna.
- Ferro-tanque huachicol: Esta es la evolución más reciente, utilizando el sistema ferroviario nacional para transportar volúmenes masivos de combustible robado o de contrabando, tanto transfronterizo como dentro de México. Se considera más sofisticado que la ordeña, requiriendo una red organizada, recursos financieros y complicidad de autoridades aduaneras y ferroviarias. El ferrocarril ofrece mayor capacidad y eficiencia.
El paso de la ordeña al huachicol fiscal y ferro-tanque no es solo un cambio de método, sino una transformación del modelo de negocio criminal. Se ha pasado de una industria extractiva de alto riesgo físico a una de “logística y fraude” de menor riesgo y alta complejidad. La estrategia gubernamental, centrada en la fuerza militar para proteger activos fijos, resultó desfasada ante un enemigo que trasladó el campo de batalla a la administración, las finanzas y la logística, permitiendo que el nuevo y formidable huachicol floreciera.
El panorama cambiante del robo de combustible en México (2018-2025) presenta diversas modalidades:
- La ordeña de ductos implicaba alto riesgo físico y tecnología baja, con apoyo social local en estados como Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Veracruz y Estado de México. La estrategia de contención gubernamental incluyó el cierre de ductos y vigilancia militar.
- El secuestro de autotanques tenía un riesgo medio, requiriendo control de carreteras, principalmente en vías federales de Puebla, Estado de México y Veracruz. Se combate con patrullaje carretero y operativos de la Guardia Nacional.
- El contrabando marítimo es de alta complejidad logística, con uso de buques y corrupción portuaria y aduanal, afectando puertos de Tamaulipas (Altamira, Tampico) y Baja California. La Marina y la inteligencia naval realizan operativos.
- El ferro-tanque huachicol, de alta complejidad burocrática, requiere corrupción aduanal y ferroviaria, con uso de empresas fachada en rutas transfronterizas (EUA-México) y terminales en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. La respuesta estatal incluye inteligencia financiera, operativos en terminales y propuesta de trazabilidad digital.
Anatomía de una operación ferro-tanque: la corporación criminal transfronteriza
El ferro-tanque huachicol no es obra de delincuentes comunes, sino de redes criminales estructuradas como corporaciones, con líderes que operan como ejecutivos de logística. Su principal arma no es la violencia, sino la captura burocrática y regulatoria, transformando el sistema ferroviario en su arteria criminal.
Los capos: “los señores de los trenes”
En el centro de esta modalidad se encuentran figuras como Arnold Rojas Tame, de 31 años, originario de San Luis Potosí, identificado como operador clave en el contrabando de millones de litros de combustible desde Estados Unidos a México. En 2019, Rojas Tame se asoció en Tamaulipas con Luis Ariel Rivera Rodríguez, ciudadano mexicoamericano previamente encarcelado en Texas por robar hidrocarburos a Pemex.
Juntos, Rojas Tame y Rivera Rodríguez establecieron una red de empresas de logística, transporte, almacenamiento y venta de hidrocarburos, con operaciones en Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro y la Ciudad de México, sirviendo de camuflaje legal. La inmensa rentabilidad se evidencia en su estilo de vida: Rojas Tame posee vehículos de lujo como un Lamborghini Huracán, y una empresa de Rivera Rodríguez adquirió un jet privado Pilatus PC-24 valorado en más de 15 millones de dólares.
El modus operandi: un desglose paso a paso
La operación de “los señores de los trenes” sigue una cadena logística que imita e infiltra el comercio legítimo:
- Abastecimiento y contrabando: El combustible se obtiene en Estados Unidos y se introduce ilegalmente en México, explotando un mercado negro transfronterizo de larga data.
- Transporte por ferrocarril: Los ferro-tanques son el método principal, permitiendo mover volúmenes masivos de forma más segura y eficiente que los camiones cisterna.
- Camuflaje corporativo: La operación se oculta tras empresas legalmente constituidas. Alarmantemente, algunas obtuvieron permisos de comercialización de la Secretaría de Energía (SENER), generando dudas sobre la debida diligencia o posible complicidad.
- Operaciones en terminales: Los trenes con combustible ilícito llegan a terminales ferroviarias clave en el norte y centro de México, específicamente en Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y Aguascalientes.
- Distribución secundaria: En las terminales, el combustible se transfiere a autotanques (pipas) para su distribución final en el mercado negro a industrias o gasolineras cómplices que lo mezclan con combustible legal.
El rol de la corrupción y la colusión
Este esquema sería imposible sin corrupción sistémica. Se requiere complicidad de funcionarios de aduanas para permitir el cruce fronterizo con documentación fraudulenta, y probable colusión de personal ferroviario para gestionar el movimiento y estacionamiento de los ferro-tanques.
La investigación sobre la incautación de Coahuila reveló que una de las empresas implicadas, Lambrucat, fue supuestamente propuesta por el gobierno federal como parte de una lista de comercializadoras autorizadas. Esto sugiere que la corrupción no se limita a sobornos de bajo nivel, sino que podría implicar una captura institucional a un nivel mucho más alto, manipulando procesos regulatorios.
La red de ferro-tanque huachicol funciona como una empresa criminal especializada, una compañía logística paralela. Su éxito no depende de la fuerza bruta, sino de su capacidad para corromper sistemas burocráticos y regulatorios. El principal desafío para estos criminales es la legitimidad de sus manifiestos y permisos. Esto lo convierte en un delito de engaño y corrupción administrativa, exigiendo una respuesta que desmantele sus estructuras corporativas y burocráticas.
El portafolio del cártel: abasteciendo la insurgencia criminal de México
El robo de combustible, en sus formas sofisticadas como el ferro-tanque y el huachicol fiscal, ha dejado de ser una actividad secundaria para convertirse en una de las joyas de la corona del portafolio criminal en México. Para los grandes cárteles, el control de este “río de hierro” representa una fuente masiva de ingresos y un pilar estratégico para financiar su expansión.
Un flujo de ingresos primario
Informes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) indican que el robo y venta de combustible es la segunda fuente de financiamiento más importante para las organizaciones criminales transnacionales en México, solo superada por el narcotráfico. Grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, La Familia Michoacana y el Cártel del Golfo han integrado el huachicol en sus operaciones. Las ganancias multimillonarias se usan para comprar armas, corromper funcionarios y financiar una expansión territorial violenta, haciéndolos más resilientes.
Caso de estudio 1: las operaciones transnacionales del cártel de Sinaloa
El Cártel de Sinaloa ejemplifica la escala de estas operaciones. Su participación no se limita a México; autoridades estadounidenses los han acusado de robar trenes de mercancías dentro de Estados Unidos, demostrando sus capacidades transnacionales. Su involucramiento en el robo de carga ferroviaria en ambos lados de la frontera subraya la naturaleza global de su empresa criminal.
Caso de estudio 2: “la barredora” y la infiltración del Tren Maya
Un caso paradigmático de infiltración criminal en proyectos estatales es el de “La Barredora”, liderado por Hernán Bermúdez Requena. Informes de inteligencia militar revelaron que esta organización aprovechó la construcción del Tren Maya para establecer negocios, creando empresas para suministrar diésel robado (huachicol) a la maquinaria pesada de la obra, con planes de vender hasta 180,000 litros por semana. Este es un ejemplo flagrante de cómo el crimen organizado se alimenta de grandes inversiones públicas, operando con impunidad.
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Caso de estudio 3: el cártel Santa Rosa de Lima y la guerra territorial
Aunque su modus operandi principal fue la ordeña de ductos, el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) en Guanajuato es un ejemplo crucial de la violencia desatada cuando el control del combustible se convierte en el motor económico de una región. La brutal guerra contra el CJNG por el control del “triángulo del huachicol” en Guanajuato, que sumió al estado en una espiral de violencia, demuestra que el control de los recursos energéticos se disputa con la misma ferocidad que las rutas del narcotráfico. Este caso sirve como advertencia de lo que podría ocurrir con la competencia por las rutas del ferro-tanque.
La entrada de los cárteles en el sector energético representa un desafío estratégico a la soberanía del Estado mexicano. No son solo forajidos; se están convirtiendo en potencias económicas paralelas que compiten directamente con el Estado por el control de recursos nacionales. Al operar un mercado energético paralelo, debilitan las finanzas del Estado por evasión fiscal y robo directo, corrompen sus instituciones y construyen su propia base de poder, socavando fundamentalmente la autoridad estatal. Esto es más que un simple delito; es una forma de insurgencia económica.
Las principales organizaciones criminales involucradas en el robo de combustible muestran diversos modus operandi y territorios clave:
- El Cártel de Sinaloa opera con huachicol fiscal, robo de trenes transnacional y narcotráfico en Sinaloa, Baja California, Chihuahua, y a nivel global. Ha sido acusado por Estados Unidos de robar trenes de carga y está implicado en redes de lavado de dinero con combustible.
- El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se centra en ordeña de ductos, huachicol fiscal y extorsión en Jalisco, Guanajuato, Veracruz y Michoacán. Ha librado una guerra por el control del “triángulo del huachicol” contra el CSRL y es señalado por la DEA como actor principal.
- “La Barredora” utiliza huachicol, extorsión y narcotráfico en Tabasco y el sureste de México. Infiltró el proyecto del Tren Maya para vender diésel robado a la construcción.
- El Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) se especializa en ordeña de ductos, extorsión y secuestro en Guanajuato, especialmente en el “triángulo del huachicol”. Fue protagonista de la guerra por el control del robo de combustible que elevó la violencia.
- El Cártel del Golfo está implicado en huachicol, narcotráfico y extorsión en Tamaulipas y Veracruz, incluyendo redes de contrabando de combustible a través de puertos y la frontera tamaulipeca.
El contraataque del Estado: una guerra en múltiples frentes
Frente a la evolución del huachicol, el Estado mexicano ha respondido con operativos de alto impacto para desmantelar redes y proyectar control. Sin embargo, esta contraofensiva, aunque logra victorias tácticas, se enfrenta a un enemigo adaptable y a debilidades sistémicas que cuestionan la narrativa oficial de éxito.
Un enfoque multi-agencia
La estrategia gubernamental se basa en la coordinación de un grupo de trabajo de élite, incluyendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR), a menudo colaborando con seguridad de Pemex. Su enfoque combina inteligencia, redadas coordinadas e incautación de activos.
Grandes operativos e incautaciones
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha continuado y reforzado la lucha, presentando éxitos tácticos:
- El “mega-decomiso” de Coahuila (julio de 2025): El operativo más emblemático con 15.4 millones de litros incautados en 129 ferro-tanques en Ramos Arizpe y Saltillo, presentado como el mayor golpe de su administración.
- Interdicciones marítimas (2025): Para combatir el huachicol fiscal, se realizaron importantes operativos portuarios, destacando la incautación de un buque con 10 millones de litros en Tampico, Tamaulipas, y otra operación con 8 millones de litros en Baja California.
- Desmantelamiento de redes: Las autoridades anunciaron la desarticulación de una red de ordeña de ductos liderada por “Sirio Sergio N” y “Luis Miguel N”, que operaba en el Estado de México, Hidalgo y Querétaro. La operación resultó en 43 detenciones y la incautación de decenas de vehículos y millones de pesos.
- Presión sostenida: El gobierno ha enmarcado estas acciones como una batalla continua, informando de la incautación de más de 39 millones de litros en los primeros ocho meses del mandato de Sheinbaum.
Estrategias tecnológicas y regulatorias
Más allá de la fuerza militar, el gobierno explora soluciones tecnológicas y regulatorias. Se desarrollan estrategias para implementar mejores controles digitales y un sistema de “trazabilidad” para impedir la entrada de combustible ilegal al mercado formal. Una propuesta es la creación de identificadores únicos para cada autotanque y ferro-tanque, permitiendo rastrear el origen y destino en tiempo real.
La narrativa contra la realidad
A pesar de los decomisos, existe una brecha entre la narrativa gubernamental y la realidad. Ambas administraciones han proclamado reducciones del 90-94% en el robo, cifras cuestionadas por analistas. Organizaciones como México Evalúa critican la falta de datos transparentes, señalando que Pemex incluso dejó de publicar su conteo de tomas clandestinas. La persistencia de mega-decomisos indica que el volumen de combustible ilícito sigue siendo masivo, y la impunidad, con la notable ausencia de arrestos en casos importantes, socava la idea de una guerra que se está ganando.
El Estado mexicano se encuentra en una batalla táctica y reactiva. Logra incautaciones espectaculares, pero la escala de estas sugiere un fallo estratégico de inteligencia y prevención. La narrativa de una reducción del 94% es políticamente útil pero engañosa, ya que el delito ha mutado, no reducido. Mientras los líderes de las redes y sus protectores corruptos permanezcan impunes, continuarán organizando operaciones masivas. El Estado gana batallas, pero la guerra estratégica contra las sofisticadas estructuras criminales-corporativas está lejos de terminar.
Las principales incautaciones de huachicol ferroviario y marítimo (2024-2025) muestran la magnitud del problema:
- En julio de 2025, en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila, se incautaron 15,400,000 litros de ferro-tanque en 129 carrotanques. No se reportaron arrestos.
- En marzo de 2025, en Altamira/Tampico, Tamaulipas, se aseguró un buque cisterna con 10,000,000 litros de contrabando marítimo. Los arrestos no fueron especificados.
- En una fecha no especificada, en Baja California, se incautaron 8,000,000 litros en un buque como parte de operativos contra el huachicol fiscal. Los arrestos no fueron especificados.
- En mayo de 2025, en Centro, Tabasco, se descubrieron 3,000,000 litros almacenados en un complejo industrial junto con 18 vehículos. No se reportaron arrestos.
- En junio de 2025, en Estado de México, Hidalgo y Querétaro, se desarticuló una red de ordeña de ductos, incautando 48 vehículos de alta gama, pipas y dinero, resultando en 43 arrestos.
- En julio de 2025, en Veracruz, se reportó un decomiso de 1,000,000 litros como parte de la ofensiva continua. No se especificaron arrestos.
El costo oculto: degradación ambiental y seguridad pública
Más allá de las pérdidas económicas, el huachicol impone un costo devastador y a menudo invisible sobre el medio ambiente, la seguridad de las comunidades y el tejido social de México. La transición hacia el ferro-tanque huachicol y tácticas más agresivas ha concentrado y magnificado estos riesgos.
Contaminación ambiental
El manejo negligente y la Extracción ilegal de hidrocarburos dejan una profunda cicatriz ecológica:
- Contaminación de suelo y agua: Derrames y fugas saturan el suelo con compuestos tóxicos, volviendo la tierra agrícola improductiva por hasta 25 años sin remediación. La amenaza a las fuentes de agua subterránea y acuíferos es grave y a largo plazo.
- Contaminación del aire: Evaporación y combustión de combustible derramado liberan compuestos orgánicos volátiles y contaminantes como óxidos de nitrógeno (NOx) y material particulado (PM2.5), contribuyendo a la mala calidad del aire y problemas de salud.
- Falta de datos: Un problema crítico es la subestimación del daño ambiental. Muchas fugas y derrames ilícitos no se reportan públicamente, impidiendo una contabilidad completa y dificultando esfuerzos de limpieza.
Riesgos para la seguridad pública y la infraestructura
La naturaleza volátil del combustible y la audacia criminal crean un entorno de riesgo constante:
- Explosiones e incendios: El almacenamiento ilegal de huachicol en bodegas improvisadas o zonas residenciales representa un peligro constante de incendios y explosiones. Tragedias como la de Tlahuelilpan, donde una toma clandestina explotó cobrando la vida de más de 130 personas, lo evidencian.
- Descarrilamientos intencionados: Una de las tácticas más alarmantes es el sabotaje deliberado de vías. Los criminales colocan barricadas o dañan los rieles para forzar la detención o el descarrilamiento de un tren, permitiendo el saqueo de la carga. Esta práctica ha convertido el corredor Veracruz-Puebla en un “triángulo negro” del crimen ferroviario. Esta táctica no solo pone en peligro la carga y la tripulación, sino también a las comunidades cercanas, especialmente con trenes que transportan materiales peligrosos.
El caso de estudio del descarrilamiento de Reynosa: Un tren que transportaba diésel y gasolina descarriló sobre un puente en Reynosa, Tamaulipas. Siete vagones con más de 31,000 galones cada uno volcaron, derramando su contenido en un canal de drenaje y los alrededores. Las comunidades cercanas tuvieron que ser evacuadas por el alto riesgo de incendio y contaminación, un claro ejemplo del desastre concentrado que puede provocar un solo incidente con ferro-tanques.
La evolución del huachicol ha cambiado el perfil de riesgo. Mientras que la ordeña de ductos creaba un riesgo crónico y difuso, el ferro-tanque huachicol concentra el peligro en eventos de falla de un solo punto que pueden ser mucho más catastróficos. La táctica de causar deliberadamente un descarrilamiento para robar representa una escalada peligrosa, transformando el delito de robo en un acto que se asemeja al terrorismo infraestructural. La posibilidad de un desastre ferroviario al estilo de Lac-Mégantic en Canadá, provocado intencionadamente en una zona poblada de México, es una amenaza nueva y aterradora que las estrategias de seguridad actuales quizás no estén preparadas para prevenir.
La hemorragia económica: cuantificando las pérdidas multimillonarias
El huachicol no solo deja una estela de violencia y daño ambiental, sino que también representa una hemorragia financiera masiva para las arcas del Estado mexicano y Pemex. Cuantificar el daño total es un desafío debido a la opacidad, pero las cifras pintan un cuadro de pérdidas multimillonarias sostenidas.
Pérdidas directas para Pemex y el Estado
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El impacto financiero directo se mide en decenas de miles de millones de pesos cada año:
- Pérdidas reportadas por Pemex: Los informes financieros de Pemex revelan la magnitud del “mercado ilícito de combustibles”. En 2018, las pérdidas se estimaron en 3,000 millones de dólares, o más de 36 mil millones de pesos. Aunque la ofensiva inicial redujo las pérdidas en 2019, han vuelto a aumentar. En 2023 y 2024, el quebranto anual superó los 20 mil millones de pesos. Solo en la primera mitad de 2024, las pérdidas ascendieron a casi 10,400 millones de pesos, con un costo diario de 56 millones de pesos para la empresa en 2024.
- Pérdidas fiscales: Más allá del producto robado, el Estado deja de percibir enormes sumas por impuestos evadidos, especialmente en huachicol fiscal. Una estimación sitúa las pérdidas diarias en 200 millones de pesos por IEPS y 160 millones por IVA, sumando un total anual de más de 131 mil millones de pesos. Otras estimaciones elevan el costo total anual a 177 mil millones de pesos, unos 9,200 millones de dólares.
Datos contradictorios y problemas de transparencia
Existe una notable discrepancia entre las cifras del ejecutivo y los datos financieros de Pemex. Mientras el gobierno federal proclama ahorros masivos, Pemex reporta pérdidas anuales de miles de millones. Esta contradicción ha sido señalada por organizaciones como México Evalúa, que denuncian la falta de informes transparentes y verificables. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha advertido que Pemex carece de capacidad para conocer con certeza el volumen total del robo, sugiriendo que las cifras oficiales podrían subestimar el problema.
Este conflicto de datos sugiere que las cifras están políticamente cargadas. El ejecutivo tiene un incentivo para declarar victoria, mientras Pemex, como empresa que rinde cuentas, debe reportar pérdidas. El costo financiero “real” está oscurecido por una niebla de retórica política y contabilidad opaca. Las cifras más fiables probablemente provienen de los estados financieros de Pemex, mostrando un panorama sombrío de pérdidas masivas y sostenidas que contradice la narrativa triunfalista del gobierno.
Costos indirectos y secundarios
El daño económico se extiende mucho más allá de las pérdidas directas:
- Costos de infraestructura y seguridad: El gobierno federal gasta aproximadamente 3,000 millones de dólares al año solo en reparación y mantenimiento de ductos dañados. Empresas ferroviarias como Ferromex gastan más de 1,200 millones de pesos anuales en seguridad adicional para sus convoyes.
- Distorsión del mercado: La inundación del mercado con combustible barato e ilegal crea competencia desleal para gasolineras legítimas, obligándolas a participar en la corrupción o enfrentar la quiebra.
- Parálisis económica: Bloqueos y sabotajes a vías férreas, táctica común en el robo a trenes, pueden paralizar cadenas de suministro, deteniendo el movimiento de mercancías y causando pérdidas para diversas industrias.
El impacto financiero del huachicol en Pemex y el Estado Mexicano (pérdidas anuales, 2019-2024) evidencia el desafío persistente:
- En 2019, Pemex reportó pérdidas de 4,644 millones de pesos, con un promedio diario de 5,000 barriles robados. Se lanzó el plan contra el huachicol, declarándose una reducción del 94%.
- Para 2020, las pérdidas de Pemex fueron de 4,279 millones de pesos, continuando la estrategia de vigilancia de ductos.
- En 2021, a pesar de la estrategia, las pérdidas aumentaron a 6,791 millones de pesos, con un promedio diario de 4,000 barriles robados.
- En 2022, Pemex reportó pérdidas por 19,891 millones de pesos, con 6,700 barriles robados en abril. El gobierno declaró ahorros acumulados de más de 206 mil millones de pesos.
- En 2023, las pérdidas de Pemex alcanzaron un nuevo máximo en el sexenio con 20,168 millones de pesos, un promedio de 4,900 barriles robados en el segundo trimestre, y una pérdida fiscal estimada de 131,400 millones de pesos por IEPS e IVA.
- Para 2024, se proyectaron pérdidas de 20,529 millones de pesos para Pemex, con 4,700 barriles robados en el segundo trimestre. Se registraron mega-decomisos de ferro-tanques y buques, y el gobierno entrante prometió continuar la lucha.
Conclusión y recomendaciones estratégicas
El fenómeno del ferro-tanque huachicol es la prueba más contundente de la resiliencia y capacidad de adaptación del crimen organizado en México. Lo que comenzó como una ordeña rústica ha evolucionado hacia una sofisticada empresa criminal transnacional que ha convertido la infraestructura logística legal de la nación en su principal activo. Esta metamorfosis ha creado un desafío estratégico mucho más formidable, con redes criminales operando como corporaciones paralelas, utilizando el fraude, la corrupción y la captura regulatoria, y el ferrocarril como su río de hierro para transportar ganancias ilícitas.
Esta nueva modalidad es un pilar fundamental para los cárteles más poderosos de México, financiando su poder, diversificando sus ingresos y desafiando directamente la soberanía económica del Estado. La respuesta gubernamental, aunque ha logrado éxitos tácticos con incautaciones espectaculares, permanece un paso por detrás, atrapada en un ciclo reactivo. La estrategia se ha visto obstaculizada por una alarmante falta de transparencia en los datos, una narrativa de victoria que no se corresponde con la realidad financiera y, sobre todo, una impunidad casi total que protege a los cerebros y facilitadores de estas redes. Mientras tanto, los costos ocultos —la degradación ambiental, los riesgos catastróficos para la seguridad pública y la corrosión del estado de derecho— continúan acumulándose.
De cara al futuro, es previsible que el crimen organizado siga innovando. Si el Estado logra asegurar las vías férreas, las redes podrían pivotar aún más hacia el contrabando marítimo, los ciberataques a los sistemas logísticos de Pemex o una infiltración aún más profunda en la red de distribución legal de combustibles. Para romper este ciclo y pasar de una postura reactiva a una proactiva, se requiere una estrategia integral y multifacética.
Recomendaciones estratégicas
- Fortalecer la inteligencia y cooperación binacional: Es imperativo profundizar la colaboración entre las agencias de México (FGR, SSPC, SEMAR) y de Estados Unidos (DHS, CBP, DEA) para atacar la cadena de suministro transnacional en su totalidad, desmantelando las redes de abastecimiento en EE. UU. y la infraestructura de contrabando en la frontera.
- Implementar una supervisión tecnológica y regulatoria robusta: Se debe exigir y hacer cumplir un sistema de trazabilidad digital unificado para todo el transporte de combustible (ferroviario, marítimo y por carretera). El uso de tecnologías como GPS, sellos electrónicos (e-seals) y registros inmutables (similares a blockchain) puede crear una cadena de custodia incorruptible. Se deben fortalecer las capacidades de auditoría de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).
- Lanzar una ofensiva anticorrupción enfocada: Crear una unidad especializada, con personal verificado y autónomo, de inteligencia financiera y persecución penal, dedicada exclusivamente a las redes de huachicol fiscal y ferro-tanque. Esta unidad debe tener el mandato y el poder para investigar y procesar a funcionarios cómplices en Aduanas, Pemex, SENER y las fuerzas de seguridad, para romper el ciclo de impunidad.
- Atacar los puntos de estrangulamiento financieros y logísticos: La estrategia debe cambiar de la simple incautación del producto al desmantelamiento de la arquitectura financiera que lo sostiene. Esto implica investigar proactivamente las empresas fachada, las firmas de logística, las cuentas bancarias y los actores del sistema financiero que facilitan el lavado de dinero y las transacciones de estas redes criminales.
- Abordar las causas socioeconómicas de raíz: En las comunidades históricamente dependientes del huachicol, el Estado debe implementar programas de desarrollo económico focalizados y sostenibles que ofrezcan alternativas viables al crimen. Reducir la base social de apoyo a las organizaciones criminales es tan crucial como las operaciones policiales.
- Exigir transparencia en los datos: Es fundamental obligar a Pemex, la SSPC y la ARTF a publicar datos regulares, estandarizados y verificables sobre todas las formas de robo de combustible, las pérdidas financieras y los incidentes de seguridad. Solo con información pública y fiable se podrá realizar un análisis independiente, evaluar la eficacia de las políticas gubernamentales y exigir una rendición de cuentas real.
¿Podrá México detener la marea del “río de hierro” antes de que la infraestructura nacional sea completamente capturada por el crimen organizado?
