La búsqueda que incomoda: justicia, huesos y silencio oficial
En un país donde buscar a un familiar desaparecido puede costar la vida, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ha vuelto a poner el dedo en la llaga. El pasado 5 de marzo, en Teuchitlán, Jalisco, hallaron restos calcinados, ropa y zapatos en un rancho vinculado a grupos criminales. El lugar funcionaba, según testimonios e indicios, como centro de exterminio y adiestramiento del crimen organizado.
Pero lo que debía ser un parteaguas en las investigaciones sobre desapariciones forzadas en México se ha convertido en el centro de una estrategia preocupante: una campaña de difamación dirigida a silenciar a quienes buscan la verdad.
¿Qué se encontró en el Rancho Izaguirre?
Un crematorio clandestino a plena vista
El hallazgo en Rancho Izaguirre no es un caso aislado. Es, más bien, una representación brutal de lo que ocurre en muchas zonas del país: lugares donde la impunidad permite que existan centros de exterminio humanos.
Restos óseos calcinados, ropa desgastada y zapatos apilados como testigos mudos. La escena es tan estremecedora como reveladora. Según testigos, el sitio era utilizado por una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para entrenar reclutas y desaparecer cuerpos.
Este rancho ya había sido escenario de enfrentamientos entre militares y grupos armados en 2024, pero las autoridades estatales hicieron poco o nada para profundizar en los indicios. Fue hasta que Guerreros Buscadores intervino que se volvió a encender el foco mediático.
Fiscalía estatal bajo lupa
Irregularidades y omisiones graves
Tras el hallazgo, la Fiscalía General de la República (FGR) criticó duramente el actuar de la fiscalía de Jalisco. Entre los señalamientos destacan:
- Ausencia de cateos formales.
- Falta de clasificación y resguardo de evidencias.
- Omisión de entrevistas a vecinos de la zona.
🚨 Colectivo denuncia campaña de desprestigio tras sus hallazgos en Teuchitlán. @beltrandelrio conversa al respecto con Raúl Servín, integrante del colectivo Guerreros Buscadores Jalisco. pic.twitter.com/bTuOrWOSat
— Imagen Radio (@Imagen_Mx) March 24, 2025
Lo anterior no solo demuestra una negligencia institucional, sino también una posible complicidad o encubrimiento. El hecho de que un colectivo civil haya sido más efectivo que las autoridades es un síntoma del abandono del Estado en su obligación de procurar justicia.
Guerreros Buscadores: blanco de difamación digital
Fake news y deepfakes como armas
Desde el descubrimiento, los integrantes del colectivo han sido víctimas de una ofensiva en redes sociales que combina herramientas de desinformación y manipulación audiovisual. Videos y audios creados con inteligencia artificial, supuestas capturas de conversaciones de WhatsApp e imágenes falsas circulan con un solo objetivo: desacreditar su lucha.
Esta campaña se alinea con una tendencia preocupante: la criminalización de los colectivos de búsqueda. Aquellos que ponen el cuerpo, tiempo y corazón para encontrar a los suyos, hoy también tienen que defender su nombre.
“La difamación es un delito. No nos vamos a detener”, declararon desde sus redes sociales.
Un estado marcado por la desaparición
Jalisco es el epicentro de una tragedia nacional. Con más de 15 mil personas desaparecidas, representa uno de los focos rojos más alarmantes del país.
La presencia del CJNG ha convertido el estado en una zona de guerra soterrada. Las fosas clandestinas, las desapariciones forzadas y los pactos de silencio institucional son parte del paisaje cotidiano para miles de familias que viven con la incertidumbre como rutina.
Los primeros detenidos y sus vínculos con el poder local
Ex policías y operadores del CJNG
Las recientes detenciones han sacado a la luz lo que muchos ya sabían: la connivencia entre cuerpos policiales y el crimen organizado. Hasta ahora, han sido capturados:
- José Antonio “N”, ex policía de Tala, con orden de aprehensión por su presunta implicación en desapariciones vinculadas al Rancho Izaguirre.
- Rubén “N”, también ex policía, acusado de desaparición forzada.
- Gabriel “J”, detenido en Acatic, implicado en la entrega de personas al crimen bajo la fachada de revisiones policiales.
- José Gregorio “N” (“El Lastra”), líder de una célula del CJNG, capturado en Ciudad de México.
- Abril “N”, presunta colaboradora de dicha célula.
Estos casos revelan un patrón: no solo se trata de omisión estatal, sino de participación activa de agentes municipales en la maquinaria del terror.
¿Quién gana con el desprestigio?
Cuando se ataca a un colectivo de búsqueda, se intenta restarle legitimidad a una de las pocas estructuras ciudadanas que aún sostienen la lucha por la verdad. Desacreditar a Guerreros Buscadores no es solo atacar su imagen: es buscar que las familias pierdan la esperanza, que la sociedad deje de escuchar.
En un país donde el crimen organizado y el Estado muchas veces se confunden, la desinformación se convierte en arma de control.
La sociedad civil como único contrapeso
México vive una paradoja dolorosa: mientras las instituciones se debilitan, los colectivos se fortalecen. Son ellos quienes han creado bases de datos, identificado restos, presionado a las autoridades y visibilizado el horror.
Y sin embargo, también son quienes más arriesgan. La campaña de desprestigio no es solo digital: en años recientes, varios integrantes de colectivos han sido asesinados o amenazados.
Entre la impunidad sistémica y la resistencia civil
El caso Teuchitlán sintetiza el fracaso del Estado mexicano en garantizar justicia y seguridad. Pero también refleja el poder transformador de la sociedad organizada.
El intento por silenciar a Guerreros Buscadores debe verse como una alarma para todos: no se ataca a quien es irrelevante. Se ataca a quien revela verdades incómodas.
Frente a esto, es urgente que:
- La FGR asuma control total del caso.
- Se proteja legal y físicamente a los miembros del colectivo.
- Se regule el uso malicioso de tecnologías como la IA.
- Se exija transparencia en la actuación de las fiscalías estatales.
La búsqueda sigue, a pesar del miedo
Guerreros Buscadores de Jalisco no es solo un colectivo. Es la representación viva de miles de familias que exigen justicia ante un país que muchas veces prefiere voltear la mirada. Su denuncia sobre la campaña de desprestigio debe ser tomada con seriedad, investigada y sancionada.
El Estado tiene una deuda con las víctimas y sus familias. Pero mientras esa deuda siga impaga, serán los colectivos quienes, con todo en contra, mantendrán viva la llama de la verdad.
