La Organización de Naciones Unidas (ONU) señala que México destina la mayor proporción de sus ingresos tributarios al pago de intereses de la deuda pública entre las principales economías de América Latina y el Caribe. El país pasó de destinar menos del 19% a rozar el 25% de sus contribuciones solo en intereses, superando a naciones como Brasil y Argentina en este recorte fiscal.
Carga de intereses: La comparación regional según la ONU
De acuerdo con el informe más reciente de la Organización de Naciones Unidas sobre la Situación Económica Mundial, México encabeza el grupo de las grandes economías latinoamericanas en cuanto a la carga financiera de la deuda.
La métrica utilizada por la ONU compara la proporción de ingresos tributarios que cada país destina exclusivamente a cubrir los intereses de la deuda pública. Entre las principales economías de América Latina y el Caribe, México es el que mayor proporción de sus recursos fiscales dedica a este fin.
Entre las grandes economías de América Latina comparadas por la organización —que incluye a Brasil, Argentina, Colombia y Chile— México es la nación que más ve reducido su marco fiscal debido al costo financiero de su deuda.
El salto porcentual en México
El informe detalla que, en la primera mitad de la década, la región de América Latina y el Caribe experimentó un aumento en la carga de intereses.
Para el cierre de 2025, el promedio regional de la carga de intereses se dirigió a cerca del 18 por ciento de los ingresos por contribuciones. Este dato representa un incremento de casi cinco puntos porcentuales si se compara con lo reportado en 2020, año marcado por la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus.
En el caso específico de México, la presión fue mucho más marcada. El país pasó de situarse por debajo del 19 por ciento a rozar el 25 por ciento de sus ingresos tributarios dedicados al pago de intereses.
Detalle financiero: Datos de la Secretaría de Hacienda
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) corrobora el crecimiento de este gasto. Los datos difundidos hasta noviembre de 2025 muestran que el país gastó 1 billón 71 mil 671.5 pesos solamente en los intereses, comisiones y otros gastos relacionados con la deuda pública.
Este monto equivale al 21.8 por ciento de lo que México logró captar vía recaudación tributaria durante el mismo periodo.
La carga del costo financiero de la deuda ha mostrado una trayectoria ascendente año con año. Hasta noviembre de 2025, reportaba un incremento acumulado del 11.2 por ciento. Esta alza es significativamente mayor que el 4.3 por ciento registrado en los primeros once meses de 2024.
Factores detrás del alza en la deuda interna
Según los datos de Hacienda, el aumento en los pagos de intereses se debe a diversos factores económicos y políticos.
- Deuda Externa: El pago de intereses por la deuda externa aumentó un 9.2 por ciento.
- Deuda Interna: El aumento más considerable se dio en la deuda interna, con un alza del 11.9 por ciento.
Este repunte en la deuda interna es atribuible principalmente a los efectos del incremento en la tasa de referencia del Banco de México y a la estrategia de buscar más financiamiento en el mercado denominado en pesos.
El costo disparado para organismos y empresas
La dependencia federal mostró que, hasta el undécimo mes de 2025, el costo financiero de la deuda que más se disparó no fue el del gobierno federal directamente, sino el de los organismos y empresas.
Entre estas entidades se encuentran Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, cuyo costo financiero de la deuda repuntó un impresionante 73.6 por ciento. En contraste, la deuda del gobierno federal avanzó un 3.3 por ciento en el mismo lapso.
El análisis de la ONU y los datos de la Secretaría de Hacienda dejan una pregunta abierta: si la cuarta parte de lo que el país recauda ya está comprometido solo en el servicio de la deuda, ¿qué margen fiscal real queda para invertir en desarrollo social o infraestructura? La experiencia demuestra que esta presión constante sobre el marco fiscal es lo que realmente limita la capacidad de respuesta del Estado ante cualquier nueva crisis económica.
