El aumento al salario mínimo que inició en 2026 confirma un logro social histórico: la recuperación del poder adquisitivo en México. Sin embargo, detrás del consenso unánime, emerge una tensión crítica: la sobrecarga fiscal y administrativa que amenaza la viabilidad de millones de mipymes, la espina dorsal del empleo formal.
La confirmación oficial y los alcances del incremento
El aumento al salario mínimo que entró en vigor en el primer minuto de 2026 marca un nuevo hito en la política de recuperación del ingreso en México. Es, sin duda, un logro social: millones de trabajadores verán crecer su ingreso nominal y, con ello, su capacidad de consumo.
El acuerdo, alcanzado en los primeros días de diciembre de 2025 mediante un “consenso unánime” entre todos los sectores económicos, definió un incremento diferenciado, según lo confirmado por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños.
Los datos clave del aumento del salario mínimo son:
- Salario Mínimo General: Se aplicó un incremento del 13%. El salario pasó de 278.80 pesos a 315.04 pesos diarios, lo que representa 9,582.47 pesos al mes.
- Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN): El incremento fue del 5%. El salario diario pasó de 419.88 pesos a 440.87 pesos diarios, alcanzando los 13,409.80 pesos mensuales.
El menor incremento porcentual en la ZLFN se debe a que el salario en esa zona ya cubre 2.8 canastas básicas. Con el aumento general, se estima que en 2026 el salario mínimo alcanzará para cubrir la compra de dos canastas básicas, mejorando las 1.8 canastas que cubría en 2025.
Con estos incrementos, se calcula que al inicio de 2026 el salario mínimo habrá recuperado el 154% de su poder adquisitivo respecto a 2018. Los aumentos beneficiarán a 8.5 millones de personas trabajadoras en 2026, y se estima que 6.6 millones de personas han salido de la pobreza gracias exclusivamente a estas recuperaciones salariales. El objetivo de la presidenta Claudia Sheinbaum es que el salario mínimo general alcance para cubrir 2.5 canastas básicas en 2030.
Los negocios formales: el motor que opera bajo sobrecarga
Junto a los beneficios sociales, emergen tensiones que rara vez ocupan el centro del debate: las que enfrentan los negocios familiares y empresas que operan dentro de la legalidad. Estos negocios, que forman el corazón económico de miles de comunidades, no cierran ni migran fácilmente.
Desde la mirada de la teoría económica clásica, aumentos significativos en el salario mínimo deberían reducir el empleo. Sin embargo, las investigaciones del Nobel David Card han demostrado que esta relación no es tan lineal, al evidenciar que elevar el salario mínimo en entornos reales no destruyó empleos.
Bajo esta mirada, el incremento en México no debería asumirse automáticamente como una amenaza al empleo formal. Pero sí debe considerarse su impacto diferenciado, especialmente sobre los pequeños negocios. Para ellos, el aumento del salario implica una cadena de incrementos que incluyen:
- Mayores cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
- Más contribuciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).
- Aumentos en impuestos, incluyendo el impuesto sobre nómina que castiga al empleo formal.
- Reconfiguración de tabuladores y una carga administrativa que exige recursos.
Lo que asfixia a las mipymes es que, mientras se reconoce su importancia, la regulación y la carga fiscal las tratan como si fueran grandes corporativos. El debate público suele agrupar a “las empresas” en un bloque abstracto, sin distinguir tamaños, contextos ni capacidades, lo cual ignora la diferencia entre una multinacional y una ferretería, una estética, un consultorio médico o una cafetería local.
La necesidad de un nuevo pacto para la viabilidad empresarial
Entre 2019 y 2025, México logró avances históricos: una mejora significativa en la reducción de la pobreza laboral y un aumento del 154% en el poder adquisitivo real del salario mínimo sin una inflación descontrolada. El incremento del 13% en 2026 sigue la misma línea, aunque ya comienzan a sentirse los efectos colaterales como la compresión salarial y la sobrecarga para los negocios más pequeños.
Ventajas como el impulso al consumo y la reducción de la desigualdad son indiscutibles, pero los riesgos de menor generación de empleo formal, incentivos a la informalidad y erosión del tejido empresarial más frágil también son reales.
David Card sostiene que el salario mínimo, más que crear o destruir valor, redistribuye. Pero en esa redistribución, no se puede permitir que los negocios formales pequeños sean los que más pierden. Por eso urge replantear la narrativa: el salario mínimo debe seguir subiendo —de forma sostenible—, pero acompañado de una política económica integral que contemple a quien lo paga: facilidades administrativas, incentivos a la formalidad, revisión de cuotas y simplificación tributaria.
Aumentar el salario mínimo sin fortalecer a los negocios familiares y empresas es como exigir más velocidad a un auto sin revisar su motor. Es tiempo de entender que no hay salario justo sin empresa viable y que la informalidad no se combate con discursos, sino con condiciones reales que hagan posible cumplir con la ley y al mismo tiempo sobrevivir.
El salario sube, sí, y millones celebran la mejora en su ingreso nominal. Pero la pregunta fundamental que debe guiar la agenda de 2026 es si el Estado está haciendo lo suficiente para que aquellos que sostienen el empleo estable y la economía real —las mipymes que pagan impuestos y nunca se van— puedan crecer y no ser asfixiados por la misma política que busca generar justicia social. No puede haber salario justo sin una empresa viable.
