El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría firmado una orden secreta instruyendo al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra los cárteles del narcotráfico en América Latina, según informó este viernes The New York Times, citando a fuentes familiarizadas con la decisión. Esta acción, enmarcada en su combate contra el fentanilo, plantea serias dudas legales sobre su aplicación y viabilidad.
La supuesta orden de Trump y su objetivo contra el fentanilo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría firmado una orden secreta instruyendo al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra los cárteles del narcotráfico en América Latina. Así lo informó este viernes The New York Times, citando a fuentes familiarizadas con la decisión.
La orden presidencial proporcionaría una base legal para que las Fuerzas Armadas estadounidenses lleven a cabo operaciones militares directas y unilaterales en territorio extranjero contra los cárteles. Según las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, el alto mando militar estadounidense ya habría comenzado a elaborar planes sobre cómo llevar a cabo estas acciones.
La decisión de atacar a estos grupos se enmarcaría dentro del combate de Trump contra el tráfico de fentanilo. Este opioide sintético, según Washington, es producido principalmente por los cárteles mexicanos mediante productos químicos provenientes de China y traficado a Estados Unidos, país que sufre una grave crisis de muertes por sobredosis de esa sustancia.
Graves dudas legales sobre la acción militar unilateral
No obstante, el asunto plantea serias dudas legales. Brian Finucane, exabogado del Departamento de Estado y especialista en las leyes de la guerra, afirmó: “El Congreso autorizó legalmente el uso de la fuerza militar contra Al Qaeda tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, pero dicha autorización no se extiende a todos los grupos que el Poder Ejecutivo califica de terroristas”.
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Finucane añadió que “cualquier operación que tenga como objetivo matar personas basándose en su presunta condición de miembros de un cártel sancionado, y fuera del contexto de un conflicto armado, plantearía cuestiones legales relacionadas con las leyes contra el asesinato y una orden ejecutiva de larga data que prohíbe los asesinatos”.
Especialistas legales también señalaron que, bajo la ley estadounidense, imponer sanciones contra un grupo declarándolo entidad “terrorista” puede bloquear sus activos y dificultar que sus miembros hagan negocios o viajen, pero no proporciona autoridad legal para operaciones de estilo bélico dirigidas contra él con la fuerza armada.
El contralmirante retirado James E. McPherson, quien se desempeñó como principal abogado uniformado de la Armada a principios de la década de 2000, consideró que sería una “grave violación del derecho internacional” emplear la fuerza militar en el territorio de otro país y sin el consentimiento de su gobierno, a menos que se cumplieran ciertas excepciones. Sin embargo, precisó que dichas limitaciones no se aplican a los buques sin bandera en aguas internacionales.
Precedentes y límites de la participación militar de EE. UU. en la región
El medio recuerda que la participación militar estadounidense en operaciones antidrogas en Latinoamérica ha sobrepasado en ocasiones los límites legales. Sin embargo, dichas operaciones se presentaron como apoyo a las autoridades policiales.
Por ejemplo, en 1989, el presidente George H.W. Bush envió más de 20 mil tropas a Panamá para arrestar a su líder fuerte, Manuel Noriega, quien había sido acusado en Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas. La Asamblea General de las Naciones Unidas condenó esta acción como una “flagrante violación del derecho internacional”.
La Armada ha participado desde hace tiempo en la interceptación de buques en aguas internacionales sospechosos de contrabandear drogas hacia Estados Unidos. No obstante, los buques de guerra suelen hacerlo como parte de una operación policial, bajo el mando de un oficial de la Guardia Costera estadounidense. Según una ley de 1878, la Ley Posse Comitatus, generalmente es ilegal utilizar a las fuerzas militares para realizar funciones policiales.
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Además, el ejército estadounidense también ha realizado ejercicios conjuntos de entrenamiento antidrogas con otros países, incluidas tropas colombianas y mexicanas.
Finalmente, se subraya que la CIA no ha recibido autorización para usar drones con fines letales, y sus funcionarios no prevén emplear esa opción. Por ahora, los agentes de la CIA en México transmiten la información recopilada por los drones a las autoridades mexicanas.
La posible orden de Donald Trump de utilizar la fuerza militar contra los cárteles en América Latina reabre el debate sobre la soberanía nacional y los límites de la intervención militar extranjera. ¿Podría una acción tan controvertida realmente frenar el flujo de fentanilo, o solo agravaría las tensiones diplomáticas y legales en la región?
