Una nueva ley entró en vigor el 1 de julio en Tennessee como parte de las estrategias contra la migración ilegal. Esta medida convierte en delito dar refugio o ayuda a personas sin documentos migratorios. La iniciativa ha desatado debate y preocupación, especialmente entre la comunidad migrante y organizaciones que brindan apoyo.
Los estrictos alcances de la Ley 392 del Senado
La nueva legislación, identificada como Ley 392 del Senado, impone una multa de mil dólares por cada persona indocumentada que reciba albergue.
Según el texto legal, cualquier individuo que ayude, oculte o dé alojamiento a un migrante sin autorización en el país, estará cometiendo un delito. La ley enfatiza que estas penas se aplicarán incluso si no existe una intención directa de ocultar a los migrantes.
La preocupación se extiende por el estado
La inquietud generada por esta medida ha alcanzado a cientos de personas y a diversas entidades.
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Iglesias, organizaciones benéficas y activistas que han ofrecido ayuda humanitaria o familiar a migrantes temen las repercusiones. Ciudadanos estadounidenses con documentos en regla también se preocupan por el riesgo al dar asilo a familiares sin estatus migratorio. Propietarios que alquilaron viviendas a personas sin estatus legal se preguntan si enfrentarán castigos.
Presentan demanda contra la nueva ley en Tennessee
Tras la aprobación de la ley, el Sínodo del Sureste de la Iglesia Evangélica Luterana en América presentó una demanda legal. El argumento central es que la legislación viola derechos fundamentales protegidos por la Constitución, como la libertad religiosa y la libertad de asociación.
En la demanda se citan ejemplos, como el de una iglesia que refugió a solicitantes de asilo venezolanos o el uso de una casa propiedad de la iglesia para albergar refugiados sin pedir documentos.
¿Qué dicen los impulsores?
Los impulsores de la ley en el Congreso de Tennessee han intentado aclarar el objetivo. Afirman que no buscan perseguir a familiares que conviven con personas indocumentadas, sino sancionar a quienes reciben un pago o beneficio a cambio de dar alojamiento.
La comunidad denuncia ambigüedad
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A pesar de las aclaraciones, los habitantes del estado acusan que la ley es muy ambigua. Aseguran no tener claro cómo funcionará ni en qué situaciones exactas se aplicará la penalización de hasta mil dólares, que equivale a cerca de 20 mil pesos mexicanos.
Rechazo de organizaciones activas
La Coalición para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC) se ha manifestado activamente en contra de la medida. Su directora legal, Spring Miller, declaró a medios en Estados Unidos que la ley no resuelve problemas de seguridad o bienestar, sino que es una herramienta de control a través del castigo. Considera que es una estrategia deliberada para generar sufrimiento a personas vulnerables.
Otras instituciones que se sumaron a la demanda son el Instituto para la Defensa y Protección Constitucional de la Facultad de Derecho de Georgetown y el Consejo Americano de Inmigración.
Estado actual del caso
El caso fue presentado ante un tribunal de distrito en Tennessee. Ahora se espera que un juez determine si la ley puede seguir vigente o si, en efecto, viola derechos fundamentales de la ciudadanía.
¿Podrá una demanda detener una ley que genera tanta incertidumbre y temor en Tennessee?
