La prohibición vapeadores México ha escalado de debate legislativo a la amenaza de un nuevo esquema punitivo. La iniciativa, derivada de la propuesta de reformas a la Ley General de Salud de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, establece sanciones severas. El dictamen aprobado en comisión abre la puerta para que la venta, distribución o simple transporte de cigarros electrónicos se castigue con hasta ocho años de prisión, polarizando al círculo rojo por el enfoque “punitivista” de la medida.
Aprobación y el severo castigo penal para cigarros electrónicos
Con una votación dividida de 27 votos a favor, 8 en contra y una abstención, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que busca la prohibición total de la venta de cigarros electrónicos o vapeadores.
El documento, que reforma la Ley General de Salud, establece penas estrictas que han generado controversia entre los legisladores:
- Sanciones penales: Se establecieron penas de uno a ocho años de prisión.
- Multa económica: Una sanción económica que puede ascender hasta los 226 mil 280 pesos.
El diputado panista Éctor Jaime Ramírez Barba, citando directamente la reforma impulsada por Morena, advirtió que la ciudadanía podría ser criminalizada: “Por transportar, almacenar, distribuir o vender vapeadores, se impondrá cárcel”.
El riesgo de abrir el mercado negro
Durante la sesión extraordinaria, la priísta Ana Isabel González anunció su voto en contra, argumentando que la prohibición absoluta de vapeadores o cigarrillos electrónicos podría resultar contraproducente y potenciar el mercado negro.
González expuso las consecuencias directas de esta política: “Cuando prohíbes una cosa, se vuelve más atractiva. Penalizar abre otras puertas: venta clandestina, distribución irregular y criminalización”. Si bien su grupo parlamentario está a favor de la salud pública, la diputada consideró que la vía adecuada es la regulación, no la prohibición total.
Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Ignacio Zavala, calificó como “punitivista” el apartado que establece penas de 1 a 8 años de prisión para quien adquiera un vapeador, alertando que esta medida podría abrir un mercado rentable directamente para el crimen organizado.
La disputa por el proceso legislativo y el Fondo de Salud
La discusión en la Comisión de Salud fue marcada por una fuerte tensión procedimental. El presidente de este grupo de trabajo y morenista, Pedro Mario Zenteno, anunció que la iniciativa se votaría de manera general y particular, indicando que las reservas se presentarían directamente ante la Mesa Directiva. Recordó que la discusión y posible aprobación en el pleno legislativo se daría el miércoles 25 de noviembre.
Esta decisión fue categóricamente rechazada por el panista Éctor Jaime Ramírez Barba, quien reclamó que las reservas debían ser discutidas en la comisión, pues es el foro natural para alcanzar acuerdos. El legislador panista insistió en que se eliminó indebidamente la discusión de las reservas y calificó el manejo del proceso como “indecente”, asegurando que el reclamo se debió al “bloqueó” de una moción suspensiva presentada antes del inicio de la sesión.
El enfrentamiento escaló a un altercado físico y verbal entre Ramírez Barba y el secretario técnico de esta comisión, quienes discutieron con gritos y manotazos. Ante la situación, Zenteno Santaella reclamó al panista: “Está alterando el orden, que se comporte a la altura, no demuestra su incapacidad de decencia”, señalando que la decisión ya había sido votada a favor por el resto de sus compañeros.
Eliminación de garantías presupuestales
Más allá de la prohibición de los cigarros electrónicos, la oposición enfocó sus críticas en las profundas modificaciones que el dictamen introduce al sistema de salud. Éctor Jaime Ramírez Barba advirtió que la reforma modifica gravemente el funcionamiento del Fondo de Salud para el Bienestar.
Según Ramírez Barba, la ley sustituye reglas claras por un “comité burocrático” que tendrá la facultad de decidir de manera discrecional sobre los recursos destinados al tratamiento de cáncer y enfermedades de alto costo.
El panista también criticó que el dictamen afectaría áreas vitales como:
- Salud digital.
- Arbitraje médico.
- Producción de sangre.
- Regulación de plaguicidas.
- Acceso a medicamentos esenciales, como el tramadol.
En esta línea, la diputada del PAN, Verónica Pérez Herrera, afirmó que el dictamen “agrava la crisis del sistema de salud”, al eliminar garantías presupuestales y permitir que recursos antes destinados a enfermedades catastróficas puedan usarse para gasto corriente o mantenimiento. “No se puede pagar un elevador con la quimioterapia de un niño”, ejemplificó. Juan Ignacio Zavala también cuestionó la falta de asignaciones presupuestales para COFEPRIS o salud digital a pesar de las nuevas obligaciones.
Defensa de la reforma y combate al fentanilo
La bancada morenista defendió la iniciativa, acusando a los legisladores del Partido Acción Nacional de “exaltar los ánimos y generar violencia”. La diputada Antares Guadalupe Medina aseguró que las modificaciones buscan corregir la fragmentación heredada de gobiernos anteriores y facilitar el uso del Fondo de Salud para atender necesidades médicas, evitando así “tapujos burocráticos”. Asimismo, destacó que el presupuesto de salud ha aumentado durante la actual administración.
La morenista Mónica Fernández respaldó el dictamen, señalando que atiende problemas urgentes que van más allá de los vapeadores:
- El abuso del fentanilo.
- La publicidad y uso de vapeadores.
- La falta de claridad en procesos de contratación en salud.
Cabe destacar que la iniciativa también restringe la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, así como el uso ilícito del fentanilo.
La Comisión de Salud ha dado un paso firme en la reforma a la Ley General de Salud, creando un choque frontal entre la búsqueda de la salud pública y el temor a un estado excesivamente punitivo que podría beneficiar a las redes criminales. La discusión, ahora en manos del pleno legislativo, definirá el equilibrio entre la protección sanitaria y la libertad individual en México, mientras las voces de advertencia sobre la criminalización y la apertura de un mercado negro resuenan en San Lázaro.
