La Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados inició el análisis de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante las audiencias públicas, las preocupaciones se han centrado en la potencial centralización de las facultades de gestión del recurso. El objetivo es escuchar a todos los sectores para generar un dictamen integral.
La iniciativa presidencial y el inicio de las audiencias
Este martes, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados dio comienzo a las audiencias públicas, cuyo propósito es escuchar propuestas en torno a la iniciativa que busca reformar la Ley de Aguas Nacionales, presentada por la presidenta, Claudia Sheinbaum.
Los legisladores han programado la realización de foros durante cuatro días, en los que se escucharán a todos los sectores de la población. Los temas principales que serán abordados incluyen:
- Sistemas públicos de agua potable y saneamiento.
- Sistemas comunitarios.
- El recurso hídrico en el medio rural y los núcleos agrarios.
- El derecho humano al agua y su interdependencia con otros derechos humanos.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, subrayó el espíritu de apertura de este proceso al puntualizar: “Vamos a escuchar para que podamos juntos atender los reclamos justos y aclarar las preocupaciones que se tengan al respecto”. Monreal también precisó que existe ya un calendario definido “para el dictamen y para la discusión en el pleno”.
El riesgo de centralizar las atribuciones de la Conagua
Una de las críticas más contundentes provino de la mesa de análisis correspondiente a la Zona Centro, donde participó el exdirector de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo. El exfuncionario concentró su exposición en la necesidad imperiosa de conservar las atribuciones actuales de los organismos de cuenca.
Luege Tamargo advirtió que la iniciativa presidencial propone sustituir el verbo “expedir” por “participar” en relación con los títulos de concesión, asignaciones y permisos. Según el exdirector, esta aparente modificación implicaría, en la práctica, centralizar en Conagua una facultad que hoy ejercen los 13 organismos de cuenca.
> El exdirector de Conagua afirmó que con esta modificación se “afectaría la eficacia, transparencia y operación del sistema”.
Propuestas para mantener la autonomía regional
Para mitigar la posible afectación al sistema, José Luis Luege Tamargo expuso cuatro modificaciones clave a tres artículos específicos de la legislación propuesta. El objetivo de estas enmiendas es mantener la facultad de expedir concesiones y permisos en manos de los organismos de cuenca.
Las modificaciones propuestas son:
- Artículo 12 Bis 2, fracción V: Cambiar “participar en la expedición” por “expedir los títulos de concesión, asignación y permisos de descarga”.
- Artículo 12 Bis 2, fracción XIII: Reafirmar que los organismos de cuenca expedirán títulos de concesión, asignación, permisos de descarga y de construcción.
- Artículo 20: Sustituir “con la participación de los organismos de cuenca” por “por medio de los organismos de cuenca” para asegurar que sean estas entidades quienes otorguen concesiones y asignaciones.
- Artículo 30 (Registro Nacional del Agua): Establecer que el registro se lleve de manera coordinada: “la Comisión en el ámbito nacional, los organismos de cuenca en sus respectivas regiones hidrológicas”.
Demanda de reconocimiento de los cuerpos de agua como seres vivos
Las mesas de análisis de la reforma también sirvieron como plataforma para peticiones con una visión de avanzada sobre la protección ambiental.
En la mesa correspondiente a la Zona Sur, diversas organizaciones solicitaron que a la ley se incorpore el reconocimiento de los ríos y de los cuerpos de agua como seres vivos con derechos.
Estas organizaciones señalaron que varios países de América Latina han logrado avances significativos en este tema, y que el objetivo principal es que estos cuerpos de agua “se recuperen y mantengan vivos”.
Finalmente, los representantes de la Zona Sur concluyeron con una exigencia irrenunciable: “Nuestra consideración principal es que no se realice ningún proyecto sobre estas cuencas y sus territorios, sin la consulta y sin la participación y el derecho de réplica de los pueblos”.
El debate sobre la Ley de Aguas Nacionales pone en relieve la tensión entre la necesidad de una rectoría central fuerte para la gestión hídrica nacional y el imperativo de mantener la eficiencia y transparencia de las facultades regionales. ¿Serán suficientes estos foros para desarmar la preocupación sobre la centralización del recurso más vital de la nación, o el dictamen avanzará ignorando los riesgos señalados por los expertos?
