En un país donde millones carecen de agua potable, la presidenta Claudia Sheinbaum denunció algo indignante: hay políticos que acaparan lagunas enteras. El escándalo ya sacude al sistema.
La herencia de un privilegio oculto
Políticos con lagunas, pozos y presas privadas
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum no se guardó nada. Denunció que, en zonas de extrema escasez, existen concesiones de agua otorgadas a políticos y empresarios del pasado que hoy controlan lagunas, pozos, lagos e incluso presas en propiedades privadas.
“Se acabaron los privilegios”, sentenció Sheinbaum desde Palacio Nacional.
Su declaración no fue una mera denuncia política: fue una promesa de acción directa. De inmediato, anunció que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) iniciará una revisión profunda de los títulos de concesión vigentes en el país.
¿Cómo funciona una concesión de agua?
Una concesión de agua es un permiso legal otorgado por el Estado para el uso del recurso hídrico. Su objetivo debería ser el aprovechamiento responsable del agua, priorizando el bien común. Sin embargo, por años, este esquema se convirtió en un sistema opaco, lleno de privilegios y corrupción.
Según expertos en gestión hídrica, muchas concesiones se otorgaron sin transparencia ni auditoría, permitiendo el acaparamiento del agua por parte de élites políticas y económicas.
El plan de revisión nacional: lo que ya sabemos
260 mil títulos bajo la lupa
El director general de Conagua, Efraín Morales López, informó que el organismo ya cuenta con una base de aproximadamente 260 mil títulos de concesión, los cuales están siendo verificados uno por uno.
“Estamos trabajando en un programa integral que nos permita ordenar todo el sistema de concesiones”, afirmó Morales.
¿Qué busca esta revisión?
El objetivo es doble:
- Detectar concesiones irregulares o con usos abusivos
- Regularizar aquellas que puedan salvarse legalmente
Además, se establecerán sanciones cuando se compruebe extracción ilegal de agua, una práctica común en sectores agrícolas e industriales.
El modelo que colapsó: desigualdad hídrica en México
Un país con dos realidades
Mientras algunas comunidades rurales sobreviven con menos de 50 litros de agua diarios, ciertas zonas urbanas y privadas gozan de lagos artificiales, campos de golf y riego intensivo, todos abastecidos por concesiones opacas.
Este fenómeno refleja lo que expertos llaman “privatización de facto del agua”: el Estado sigue siendo dueño del recurso, pero su gestión se delegó por décadas a intereses privados.
Casos paradigmáticos
Aunque Sheinbaum no mencionó nombres, en administraciones pasadas exfuncionarios, gobernadores y grandes corporaciones se beneficiaron con concesiones en estados como:
- Nuevo León, donde el agua se vende incluso en pipas
- Guanajuato, con severo estrés hídrico agrícola
- Sonora, donde se han reportado pozos ilegales en zonas desérticas
¿Quiénes ganan y quiénes pierden con este esquema?
Beneficiarios: élites con acceso ilimitado
Los principales ganadores del modelo anterior fueron:
- Políticos con acceso a autoridades reguladoras
- Empresarios con influencia en gobiernos estatales
- Agricultores y ganaderos de gran escala
- Desarrolladores inmobiliarios con megaproyectos de lujo
En muchos casos, se entregaron concesiones desproporcionadas, sin análisis de impacto ambiental ni social.
Los grandes perdedores: comunidades y naturaleza
- Comunidades indígenas sin agua potable
- Campesinos que dependen del temporal
- Ecosistemas agotados por la sobreexplotación
- Ciudades que enfrentan crisis hídricas recurrentes
La inequidad hídrica es una de las grandes brechas sociales de México, y esta revisión promete ser un parteaguas si se lleva a fondo.
¿Qué implica este nuevo enfoque del agua?
Un cambio de paradigma estatal
El mensaje de Sheinbaum es claro: el agua debe dejar de ser un privilegio para convertirse en un derecho efectivo. Para lograrlo, se busca:
- Recuperar concesiones mal otorgadas
- Priorizar el acceso comunitario y doméstico
- Ordenar el uso agrícola e industrial
- Erradicar la extracción ilegal
Se trata, según el gobierno, de una reforma de justicia ambiental y social, más allá de una revisión burocrática.
Regularización sin represalias
Efraín Morales subrayó que la revisión no busca castigar a quienes han cumplido la ley. Incluso se han reportado casos de empresarios que, voluntariamente, devolvieron sus títulos, al considerar que ya no era ético acaparar agua en zonas críticas.
“Lo que se pueda regularizar, se va a regularizar”, dijo Morales.
El futuro: ¿cambio profundo o simulación?
¿Habrá voluntad política real?
Históricamente, revisar concesiones de agua ha sido una promesa recurrente y poco cumplida. Hoy, la diferencia está en la magnitud del problema y el nivel de escrutinio público. La ciudadanía exige resultados, no sólo discursos.
Posibles obstáculos
- Presión de lobbies empresariales
- Resistencia de exfuncionarios con intereses
- Complejidad legal para revocar concesiones vigentes
Sin embargo, si la administración logra vincular esta revisión con una política nacional de gestión hídrica justa, el impacto podría ser histórico.
¿Quién debe controlar el agua?
El agua no es un lujo, es un derecho. Lo que hoy se pone en juego es quién controla el recurso más vital de todos: ¿los ciudadanos o una élite privilegiada?
Sheinbaum ha encendido un foco sobre una red de poder y recursos que se mantuvo en silencio durante décadas. La pregunta es si esta revisión será suficiente para democratizar el acceso al agua, o si será una oportunidad más que se evapora.
