Madres buscadoras en Guerrero denuncian acoso sexual, manipulación de cifras y omisión deliberada por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE). Exigen a las autoridades estatales y federales acciones concretas y la destitución de funcionarios por negligencia y complicidad en la crisis de desapariciones.
El clamor de las voces: Una marcha en el preludio del dolor
En la víspera del 10 de mayo de 2026, una multitud de madres, provenientes de diversos municipios de Guerrero y unidas por la desaparición de sus seres queridos, protagonizaron una marcha en Chilpancingo. La protesta se inició a las 10 de la mañana de ese sábado, partiendo del monumento a las Banderas y culminando en las instalaciones de la fiscalía estatal, tras recorrer la avenida Lázaro Cárdenas y el bulevar Vicente Guerrero. Este acto no fue una celebración, sino una manifestación combativa, expresada al grito de “¡10 de mayo no es de fiesta, es de lucha y de protesta!”.
Durante el trayecto, las participantes desplegaron fichas de búsqueda, adheriéndolas a monumentos, postes, paredes y oficinas de gobierno, convirtiendo el espacio público en un memorial itinerante. Las consignas resonaron con fuerza: “¡Señor, señora, no sea indiferente, secuestran a nuestros hijos delante de la gente!”, “¡La presidenta decía que todo cambiaría! ¡Mentira, mentira, la misma porquería!” y los emotivos llamados “¡Hijo escucha, tu madre está en la lucha!” y “¡Padre, escucha, tu hija está en la lucha!”.
Una convocatoria que trasciende el parentesco directo
La movilización contó con la participación activa de colectivos de familiares de víctimas de desaparición, incluyendo:
- Guerrero No Más Desaparecidos
- Familiares en Búsqueda María Herrera
- Fe y Esperanza hasta encontrarles Guerrero
- Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco
- Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos
- El Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello
La manifestación también evidenció la amplitud del sufrimiento, con la presencia de niños y niñas que aún aguardan el regreso de sus padres o madres, tíos, tías e incluso abuelos, subyugados por la misma incertidumbre.
La FGE: Un bastión fallido frente a la crisis forense
Tras el recorrido, las madres colocaron losetas grabadas con los rostros de decenas de víctimas afuera de la FGE, expandiendo el memorial que habían iniciado el año anterior. Cada loseta llevaba la frase “HASTA ENCONTRARLES”, simbolizando una promesa inquebrantable. Posteriormente, se ofició una misa en el lugar, implorando el retorno de sus seres queridos.
Precediendo estos actos, las madres leyeron un pronunciamiento contundente. Subrayaron que Guerrero no solo ostenta el lamentable título de estado más violento de México y con el mayor número de fosas clandestinas, sino que es una entidad donde las instituciones han optado por la omisión, la deliberada ceguera y la cobardía, mientras las familias sepultan su dolor en cada cerro y cada fosa descubierta.
Acusaciones directas contra la institución de justicia
La FGE fue señalada como una de las instituciones más fallidas, cínicas y peligrosas para las familias de desaparecidos en el momento actual. Las madres detallaron una serie de fallas críticas:
- Inacción en la búsqueda: La FGE no realiza búsquedas activas de desaparecidos.
- Ausencia en campo: No despliega personal en el terreno para las investigaciones.
- Falta de rastreo: Carece de mecanismos efectivos de rastreo.
- Deficiencia investigativa: No investiga con la urgencia que requiere cada hora transcurrida desde que una madre reporta la ausencia de su hijo.
- Manipulación de datos: La institución se dedica a maquillar, manipular, esconder y alterar cifras con el fin de ocultar la magnitud real de la crisis. Se afirmó que no hay certeza sobre el número verdadero de desaparecidos en Guerrero, debido a la mendacidad de la institución responsable, calificando esta conducta no como negligencia, sino como complicidad.
El fiscal general, Zipacná Jesús Torres Ojeda, fue acusado de consentir y avalar estas prácticas con su silencio cómplice, su incapacidad y su falta de voluntad para imponer orden en una institución que, según las madres, debería ser el último bastión de justicia para quienes no poseen otro recurso.
La anatomía de la omisión: Servicios periciales bajo escrutinio
El estado de Guerrero enfrenta una grave crisis de identificación forense. La Coordinación General de los Servicios Periciales de la FGE, bajo el mando de Héctor Ramírez Chávez, carece de antropólogos forenses suficientes y de la capacidad técnica real indispensable para identificar a las víctimas.
Las denunciantes extendieron sus acusaciones directamente contra el coordinador Ramírez Chávez, señalándolo por manipular, esconder y falsear las cifras de personas desaparecidas y de cuerpos sin identificar.
Denuncias de acoso y sus consecuencias devastadoras
La gravedad de la situación se profundizó con la acusación de hostigamiento sexual por parte de Héctor Ramírez Chávez contra dos antropólogas forenses. Estas conductas, calificadas de inaceptables, vejatorias y criminales, obligaron a ambas profesionales a renunciar a sus cargos. La partida de estas dos antropólogas representó una pérdida significativa para la capacidad técnica de la coordinación, especialmente en el análisis de restos humanos, dejando aún más desprotegido el proceso de identificación.
Un llamado inquebrantable: La exigencia de responsabilidades y acciones
Las madres demandaron la destitución inmediata de Héctor Ramírez Chávez como Coordinador General de los Servicios Periciales. Asimismo, exigieron que el fiscal general Zipacná Jesús Torres asuma una responsabilidad genuina, manifestada no a través de comunicados vacíos, sino mediante acciones concretas e investigaciones exhaustivas.
“Exigimos que el Estado busque, que haga su trabajo, que deje de obligar a las madres a hacer lo que debería estar haciendo”, sentenciaron las madres buscadoras de Guerrero. Subrayaron que cargan una cruz que jamás pidieron y reafirmaron su determinación, advirtiendo que “No nos van a callar, ni detener”.
Detrás de cada cifra maquillada existe un nombre; por cada cuerpo sin analizar, una familia aguarda respuestas; y cada fosa hallada revela una historia que el Estado intentó sepultar. Las madres concluyeron su pronunciamiento con una exigencia irrefutable: Guerrero debe dejar de ser una tierra de impunidad.
