estrategia de seguridad nacional. La 52ª Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública no solo celebró la reducción de delitos, sino que institucionalizó una herramienta clave para combatir la extorsión en México 2026: la persecución de oficio.
La 52ª Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública: enfoque prioritario
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la 52ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, un encuentro crucial marcado por el compromiso
de los tres órdenes de gobierno para frenar la extorsión y consolidar la estrategia de seguridad en el país.
Durante el encuentro, la presidenta Sheinbaum destacó que la coordinación institucional y la aplicación de políticas han derivado en una reducción del 37 por ciento en homicidios dolosos y diversos delitos de alto impacto.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, complementó esta visión al destacar la operación coordinada de 53 dependencias federales en la estrategia nacional.
La Ley General contra la Extorsión: el gran cambio
El eje central de la sesión fue la relevancia de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión. Claudia Sheinbaum subrayó que su aprobación y homologación será la herramienta central para enfrentar este delito.
El cambio fundamental de esta legislación es que, a partir de su implementación, la extorsión se perseguirá de oficio, eliminando la dependencia de la denuncia por parte de la víctima.
Adicionalmente, la nueva normativa contempla:
- El fortalecimiento del registro telefónico.
- Medidas para evitar que los teléfonos celulares se utilicen con fines delictivos.
Balance y resultados a catorce meses de gobierno
En el marco de la sesión, se presentaron avances detallados en detenciones, aseguramiento de recursos y desmantelamiento de grupos criminales.
A catorce meses del actual gobierno, además de la reducción del 37% en homicidios dolosos, se reportaron disminuciones en delitos como:
- Robo de vehículo.
- Robo a casa habitación con violencia.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló los resultados de la estrategia de combate al crimen de alto impacto:
- Se han detenido más de 38 mil 700 personas por delitos de alto impacto.
- Se aseguraron 20 mil armas.
- Se desmantelaron mil 700 laboratorios de metanfetaminas.
En materia específica de extorsión, el secretario reportó que se han realizado más de 600 detenciones en 22 estados de la República.
Acciones de atención a las causas y coordinación
La secretaria Rosa Icela Rodríguez también expuso los avances del eje de Atención a las Causas, con el cual se están llevando acciones de alimentación, salud y educación a la población, como parte de la estrategia integral de seguridad.
Por su parte, la fiscal general, Ernestina Godoy, presentó un plan de seis ejes orientado a:
- Reforzar la investigación criminal.
- Modernizar la Agencia de Investigación.
Acuerdos institucionales y coordinación obligatoria
El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó 11 acuerdos por unanimidad, orientados a fortalecer la estrategia nacional de seguridad y la coordinación interinstitucional.
Entre los acuerdos más críticos se encuentran las siguientes fechas límite:
- Enero de 2026: Instrucción a gobernadoras y gobernadores para armonizar sus leyes locales con la nueva Ley General contra la Extorsión.
- Febrero de 2026: La Fiscalía General de la República (FGR) deberá crear un manual operativo para la atención de estos delitos.
La respuesta de los estados y la agenda de protección civil
Durante la sesión, los gobernadores de Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León y Michoacán reconocieron públicamente los avances logrados en la estrategia de seguridad federal.
En materia de protección civil, Laura Velázquez presentó un balance que incluyó la atención a emergencias causadas por lluvias en cinco estados del país y los resultados obtenidos en los simulacros nacionales de alertamiento vía celular.
La homologación de la ley de extorsión a nivel estatal representa un cambio paradigmático en la forma en que México aborda el delito. El éxito de esta estrategia no solo dependerá del compromiso federal, sino de la disciplina en la armonización legislativa que deberá completarse antes de enero de 2026. ¿Será suficiente este esfuerzo legislativo para desmantelar las complejas redes criminales que han hecho de la extorsión uno de los delitos de mayor impacto social en el país?
