El acceso y control del agua volvió al centro del debate nacional luego de que se documentara que al menos 31 figuras políticas de todos los partidos cuentan con concesiones vigentes a su nombre. Una revisión exhaustiva confirma que estos actores concentran más de 6.2 millones de metros cúbicos al año, un volumen suficiente para llenar 2 mil albercas olímpicas. Este hallazgo explosivo se da en medio de la discusión de la nueva Ley de Aguas Nacionales.
El mapa del poder hídrico en México
La revisión al Registro Público de Derechos de Agua, realizada por El Universal, documenta que al menos 31 figuras políticas, incluyendo legisladores, gobernadores, ministros y exfuncionarios, cuentan con títulos activos.
El volumen total concesionado es significativo frente al contexto de escasez que afecta a varias regiones del país. Es fundamental destacar que esta concentración de recurso:
- No distingue ideología política.
- No se limita a un solo bloque partidista.
- Incluye tanto a quienes votaron a favor como a quienes votaron en contra de la reciente reforma legal.
La información analizada confirma que el debate público no gira en torno a la legalidad de los permisos, sino a la concentración del recurso, la escasez hídrica regional y la transparencia necesaria en el nuevo esquema regulatorio. Los titulares aseguran que sus concesiones fueron otorgadas bajo el marco legal vigente y que cumplirán con la normatividad actual.
Los grandes acaparadores: nombres y volúmenes
La investigación identificó a varios políticos con altos volúmenes de agua concesionados.
Principales casos por volumen anual
Nombre | Cargo (si aplica) | Partido | Concesiones | Volumen anual (m³) | Ubicación | Uso declarado
Jorge Carlos Ramírez Marín | (Sin cargo explícito) | PVEM | 3 | 1,402,011 | Yucatán | Riego agrícola en rancho Tierra de osos.
Olga Sánchez Cordero | Diputada federal | (Sin partido explícito) | 4 | 1,077,136 | Nuevo León | Agricultura (argumento familiar).
Alfonso Romo Garza | Exjefe de la Oficina de la Presidencia | (Sin partido explícito) | 1 | 600,000 | Nuevo León | No especificado.
Jorge Carlos Ramírez Marín, cuyo uso declarado es riego agrícola en el rancho Tierra de osos, defendió su situación declarando que “Tener concesiones significa estar legal”. Por su parte, la diputada federal Olga Sánchez Cordero argumentó que su familia se ha dedicado por generaciones a la agricultura.
Otros actores políticos con concesiones
Las concesiones no se limitan únicamente al ámbito legislativo o a exfuncionarios presidenciales, extendiéndose a:
- María Estela Ríos González: Ministra de la SCJN. Posee una concesión de 120 mil m³ ubicada en Dolores Hidalgo, Guanajuato, destinada al uso agrícola. Su respuesta fue que se apegará a la nueva ley.
- Américo Villarreal Anaya: Gobernador, cuenta con siete concesiones que suman 381 mil 951 m³, con usos agrícola y pecuario. Su postura pública es en contra de la privatización del agua.
- Esteban Alejandro Villegas Villarreal: Posee dos concesiones con un volumen anual de 69 mil 500 m³.
- David Monreal y Manolo Jiménez Salinas: Ambos figuran con al menos una concesión vigente.
La revisión también incluyó a exgobernadores y exfuncionarios federales, como Jaime Rodríguez Calderón, quien tiene dos concesiones en Nuevo León con un volumen autorizado de 184 mil m³, y Rutilio Cruz Escandón, con 198 mil 806 m³ en Chiapas.
El caso de la empresa enerall y las alertas de AMLO
Una mención particular es la empresa Enerall, que fue fundada por Rutilio Cruz Escandón y concentra 23 concesiones. El volumen conjunto de estas concesiones asciende a 16.8 millones de metros cúbicos. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó investigar posibles irregularidades relacionadas con este caso.
La nueva ley de aguas: control estatal y opacidad potencial
La crisis de las concesiones se inserta en un contexto legislativo complejo. Los campesinos y agricultores protestaron en estados como Baja California, Chihuahua y Guanajuato, pidiendo frenar la aprobación sin cambios, aunque las manifestaciones no lograron detener la reforma.
La Secretaría de Gobernación (Segob) afirmó que no había razón para bloquear puentes fronterizos por la Ley de Aguas y garantizó que no se retirarían las concesiones existentes en México.
Los principales cambios introducidos por el nuevo Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales son:
- Prohibición de venta: Se prohíbe la transmisión de concesiones entre particulares.
- Mayor control: La Comisión Nacional del Agua (Conagua) asume un mayor control sobre el recurso.
- Priorización: El gobierno prioriza el agua como derecho humano y prohíbe su venta entre privados, enfrentando resistencia del sector agrícola.
El reglamento permite la reasignación de volúmenes únicamente cuando cambia la propiedad de la tierra, hay procesos de herencia, o se modifican las condiciones del predio concesionado.
Advertencias de opacidad
Un especialista con experiencia en Conagua, que pidió el anonimato, advirtió que la reforma, aunque refuerza el control del Estado sobre el recurso y reduce la flexibilidad del esquema anterior, podría generar opacidad en la reasignación de títulos si no se publican criterios claros.
El debate cruzado en el legislativo
La discusión de la reforma provocó acusaciones cruzadas y señalamientos mutuos sobre quién poseía concesiones, dejando un consenso implícito sobre la presencia de títulos en prácticamente todas las fuerzas políticas.
Entre los concesionarios que votaron a favor de la reforma se encuentran:
- José Javier Aguirre Gallardo.
- Ricardo Sheffield Padilla.
- Óscar Cantón Zetina.
Mientras que entre los que votaron en contra están:
- Miguel Márquez Márquez.
- Juan Antonio Martín del Campo.
- Francisco Javier Ramírez Acuña.
El contexto de la nueva ley se vuelve aún más crítico ante las declaraciones de la actual administración, donde se acusa el abuso de algunos agricultores que ganan hasta 300 millones de pesos por vender agua a comunidades y municipios sin acceso al recurso, buscando acabar con este “privilegio de unos cuantos”. Además, México enfrenta una crisis de más de 163 mil permisos irregulares o concesiones de agua vencidas, mientras Conagua revela que los usos de electricidad y agricultura consumen más del 80% del volumen nacional autorizado, dejando un recurso mínimo para el uso urbano.
Si el acceso a las concesiones de agua en México no distingue ideología, ¿cómo puede el nuevo marco legal garantizar la transparencia y la equidad en la distribución de un recurso vital cuando la misma clase política que legisla sobre él es la que ostenta su mayor concentración? La verdadera prueba de la Ley de Aguas Nacionales será si logra desmontar, o al menos regular drásticamente, este poder hídrico arraigado en la élite, sin caer en la opacidad que temen los especialistas.
