El círculo político mexicano experimentó una jornada histórica el 9 de diciembre de 2025, cuando el Senado aprobó por unanimidad reformas cruciales a 18 ordenamientos y leyes. Impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estas modificaciones buscan cimentar la igualdad sustantiva y endurecer drásticamente las penas, marcando un hito en la protección de mujeres, adolescentes, niñas y niños en la reforma de leyes igualdad de género.
El endurecimiento de penas contra el abuso sexual
Una de las transformaciones más significativas se centra en la tipificación y sanción del abuso sexual. Las reformas establecen, a nivel nacional, la obligación de perseguir este delito de oficio, asegurando que la acción penal no dependa exclusivamente de la víctima.
La tipificación nacional del delito
Se ha establecido la definición nacional de abuso sexual para que aplique en todo el país. Comete abuso sexual quien, sin el consentimiento de la víctima y sin el propósito de llegar a la cúpula, realice cualquier acto de naturaleza sexual en el ámbito público o privado, obligue a observarlo o haga ejecutarlo sobre sí para un tercero o para el propio sujeto activo.
Las nuevas sanciones son claras y contundentes:
- Se prevé una sanción de 3 a 7 años de prisión para quien cometa el delito.
- La pena puede incrementarse hasta 10 años de cárcel por sus agravantes.
Entre los agravantes considerados se encuentran aquellos casos en que el sujeto activo tenga una relación de trabajo o subordinada con la víctima, o cuando el delito ocurra en un lugar oscuro.
Nuevas obligaciones y sanciones económicas
Además de las penas privativas de libertad, se imponen dos tipos de medidas adicionales:
- Sanciones económicas: Se aumentan las multas contra los abusadores sexuales, las cuales oscilan entre los 22 mil 600 pesos y los 56 mil 570 pesos.
- Talleres reeducativos: Se impone la obligación de acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia contra las mujeres.
Transformación institucional y la secretaría de la mujer
El paquete de reformas, que fue aprobado por unanimidad con 107 votos a favor, no solo modifica el Código Penal, sino que reestructura la arquitectura institucional del Estado en materia de género.
En específico, se reformaron 17 ordenamientos para:
- Hacer uso generalizado del lenguaje incluyente en las leyes.
- Transferir las atribuciones del Instituto Nacional de la Mujer a la recientemente creada Secretaría de la Mujer.
- Sustituir el concepto de igualdad por el de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
El debate presupuestal: la exigencia de la oposición
Aunque las reformas fueron impulsadas por todas las bancadas del Senado, y se aprobaron con 107 votos a favor, el debate en el Pleno reflejó una profunda preocupación financiera por parte de la oposición.
La oposición sostuvo que votaron en contra (aunque el registro final fuera de 107 votos a favor) y enfatizó que es indispensable que la Secretaría de Hacienda garantice los recursos económicos necesarios dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026. Esta provisión presupuestal es vista como la única vía para garantizar el cumplimiento efectivo de las reformas aprobadas.
Igualdad sustantiva y derechos humanos
La Política Nacional para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres fue también objeto de reforma. Ahora, deberá considerar la incorporación de la perspectiva de género, derechos humanos e interseccionalidad en la formación, desarrollo y evaluación de programas y estrategias clave.
Esto tendrá un enfoque particular en las políticas de salud, las cuales deberán orientarse a atender las necesidades específicas de mujeres y hombres, poniendo especial énfasis en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Protección integral: de fiscalías especializadas al medio ambiente
Las reformas extienden el alcance de la protección más allá del ámbito de la procuración de justicia inmediata.
Las modificaciones incluyen:
- Fiscalías especializadas: Creación de fiscalías dedicadas a la investigación de delitos relacionados con las violencias de género.
- Órdenes de protección: Se establece que las autoridades federales podrán conocer de las medidas u órdenes de protección que deriven de las violencias de género.
- Violencia familiar y violencia a través de interpósita persona: Se contemplan modelos de atención, prevención y sanción para proteger a las víctimas de estos tipos de violencia, cumpliendo con los deberes reforzados de protección hacia mujeres, adolescentes, niñas y niños, siempre bajo la perspectiva de género y el interés superior de la niñez.
Finalmente, se fortalece la participación de las mujeres en el desarrollo sostenible de las comunidades rurales y se promueven mecanismos que garanticen su derecho a un medio ambiente sano para el bienestar, con especial atención al acceso al agua y saneamiento. También se incluyen acciones de cambio cultural para promover la denuncia y combatir el hostigamiento y acoso sexual, fomentando relaciones respetuosas, igualitarias y no sexistas.
Este paquete legislativo constituye uno de los esfuerzos más ambiciosos para reconfigurar el marco legal de protección y equidad. Sin embargo, como señalaron las voces disidentes, la contundencia de la ley solo será tan fuerte como los recursos que la Secretaría de Hacienda esté dispuesta a asignar en el próximo Presupuesto de Egresos. ¿Podrá el andamiaje legal, tan pulido en el Senado, sobrevivir a la realidad de la asignación de recursos y consolidar verdaderamente la igualdad sustantiva en México?
