La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Ernestina Ascencio Rosario ha cimbrado al gobierno mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prometió el cumplimiento cabal de las reparaciones, no sin antes recordar que los hechos se originaron en el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
México, declarado responsable internacional por el caso Ernestina Ascencio
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este miércoles que su gobierno atenderá y cumplirá “tal cual se está planteando” las acciones destacadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en torno al caso de Ernestina Ascencio.
Esta declaración se da luego de que la Corte IDH notificara el 16 de diciembre de 2025 su sentencia, en la cual declaró al Estado mexicano responsable internacionalmente. La condena se debe a la violación sexual, tortura y muerte de Ascencio Rosario, así como a la “falta de acceso a la justicia en condiciones de igualdad para sus familiares”.
Horas después de la notificación, el Gobierno de México aceptó su responsabilidad por la vulneración de los derechos humanos, incluyendo los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, tanto para la víctima como para sus familiares.
La respuesta de Sheinbaum y el señalamiento al sexenio anterior
Cuestionada sobre las medidas ordenadas en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum Pardo aseguró que su administración las cumplirá, ya que “vienen muy específicas las acciones”.
La mandataria informó que solicitará a Rosa Icela Rodríguez (Secretaría de Gobernación, Segob) y a Arturo Medina que expliquen públicamente los pasos a seguir.
No obstante, la presidenta decidió recordar el contexto histórico de la tragedia, señalando que los hechos por los que se condenó a México ocurrieron durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
Las medidas de reparación integral ordenadas por la Corte IDH
En su sentencia, el tribunal interamericano ordenó al Estado mexicano implementar un paquete de medidas de reparación integral, enfocadas en garantizar la justicia y evitar la repetición de hechos similares.
Las medidas incluyen:
- Reapertura de una investigación penal exhaustiva con el objetivo de identificar y sancionar a los responsables del crimen.
- Atención médica, psicológica y psiquiátrica especializada a los familiares directos de la víctima.
- Realización de un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado mexicano.
- Implementación de programas de capacitación para funcionarios públicos sobre temas de derechos humanos.
- Fortalecimiento del Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa.
- Creación urgente de un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas, esencial para los sistemas de salud y justicia.
Cronología de una tragedia en la sierra de Zongolica
El caso de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena náhuatl, monolingüe y de 73 años, se remonta al 25 de febrero de 2007. Ese día, Ascencio Rosario salió de su vivienda, ubicada en la comunidad de Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa, en la Sierra de Zongolica, Veracruz, para realizar actividades de pastoreo cotidianas.
Horas más tarde, fue encontrada por una de sus hijas tirada en el campo, con claros signos de violencia física y sexual: la falda levantada y el rebozo atado a su cuerpo.
La cercanía militar y las fallas institucionales
Según los testimonios de sus familiares, la mujer se encontraba en un estado físico grave. La zona donde fue hallada se localizaba a aproximadamente 300 metros de una base de operaciones del 63 Batallón de Infantería del Ejército mexicano, la cual estaba instalada en la región como parte de los operativos federales desplegados contra el narcotráfico desde finales de 2006.
Antes de su muerte, Ernestina Ascencio declaró a sus hijos e hijas, en lengua náhuatl, que había sido atacada sexualmente por un grupo de soldados, quienes además la amarraron y le cubrieron la boca.
Tras ser localizada, el intento por obtener atención médica para la mujer se extendió por más de 10 horas. Durante este recorrido, Ascencio Rosario fue rechazada o no fue atendida adecuadamente en diversos centros de salud, tanto públicos como privados. Finalmente, fue ingresada al Hospital Regional de Río Blanco, donde falleció la madrugada del 26 de febrero de 2007, sin recibir intervención quirúrgica.
En ninguno de los centros médicos por los que transitó se contó con intérpretes que hubieran facilitado una comunicación adecuada entre la paciente, su familia y el personal de salud, un factor crucial en la falta de acceso a la justicia y la atención integral que se destaca en la sentencia.
El cumplimiento de la sentencia del 16 de diciembre de 2025 obligará al gobierno actual no solo a castigar la impunidad de un crimen atroz cometido hace casi dos décadas, sino también a solventar las profundas deudas históricas del Estado mexicano con las comunidades indígenas, cuyo acceso a la salud y a la justicia sigue siendo sistemáticamente negado. ¿Será este caso un punto de inflexión real para la justicia indígena y la rendición de cuentas del Ejército?
